Un reporte de la organización basado en una encuesta a 500 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala sostiene que México «incumple sistemáticamente» con el principio de no devolución, contemplado en el derecho internacional, que prohíbe la deportación de personas que «corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos».
«Año tras año miles de personas están siendo ignoradas y siendo obligadas a regresar», dijo en conferencia de prensa Madeleine Peinman, investigadora de la organización, destacando que 84% de los entrevistados no querían regresar a su país pues temían por su vida.
El informe «Ignoradas y sin protección» señala que 75% de las personas detenidas no habían sido informadas de su derecho a pedir asilo.
Los países del llamado «Triángulo Norte» enfrentan situaciones de violencia generalizada, con tasas de homicidio superiores a lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles epidémicos de homicidios, según datos de AI.
Previo a la conferencia, el Instituto Nacional de Migración de México (INM) afirmó en un comunicado que «protege a los migrantes» y que ofrece desde 2013 procedimientos para preservar los derechos humanos de los extranjeros, principalmente a quienes por su vulnerabilidad solicitan refugio.
Dijo que el esfuerzo de ONG de denunciar «una presunta falta de protección a migrantes» es una «oportunidad para mejorar los procedimientos de información hacia los migrantes que por distintas razones son presentados a la autoridad migratoria».
El INM destacó que entre las «acciones sin precedentes» que ha implementado figura la instalación de pantallas de video en las estaciones migratorias donde se difunde información sobre cómo solicitar el estatuto de refugiado.
Peinman afirmó que ninguno de los investigadores en el campo halló sistemas de video en dichas estaciones, a las que describió como centros de detención donde los migrantes se hallan sometidos a «condiciones carcelarias».
«Estamos ante dos realidades, lo que dice la autoridad y 500 personas que nos dicen que eso no es así», replicó la investigadora.
Más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas. En su recorrido son víctimas de abusos por parte de criminales y traficantes de personas.