La ONG Amnistía Internacional ha acusado este viernes a los talibán de la tortura y la ejecución de nueve hombres de la minoría hazara durante su conquista el mes pasado de la provincia de Ghazni, en el este del país.
Estos crímenes tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de julio en la localidad de Mundarajt, a unos 100 kilómetros de la capital homónima de provincia, según Amnistía, antes de avisar de que estos asesinatos solo son una «fracción» de las muertes totales causadas por los talibán durante toda su ofensiva de las últimas semanas para retomar el país.
Aunque la mayor parte de la población escapó a las montañas antes de la llegada de los talibán, la falta de comida obligó a algunos residentes a volver al pueblo, donde los insurgentes les estaban esperando.
Los hazara son un grupo étnico mayoritariamente chií y de lengua persa que reside en zonas de Afganistán y Pakistán, donde ha sido objetivo de numerosos ataques por parte de grupos terroristas suníes como Estado Islámico y Lashkar e Jhangvi (LeJ).
Estrangulados y despedazados
Entre los fallecidos se encuentra por ejemplo Jaffar Rahimi, de 63 años, que sufrió una brutal paliza y fue acusado de trabajar para el Gobierno afgano cuando los talibán le descubrieron dinero en el bolsillo. Acabó estrangulado con su propio pañuelo, según los testimonios recogidos por Amnistía.
Otro de los fallecidos, Zia Faqir Shah, de 23 años recibió tantos disparos «que tuvo que ser enterrado en partes», de acuerdo con la información que baraja la organización.
Una de las fuentes consultadas ha indicado a Amnistía que los talibán actuaron sin ningún tipo de restricción. «Preguntamos por qué hacían esto y nos dijeron: ‘Cuando es la hora del conflicto, todo el mundo muere, no importa si tienes armas de fuego o no. Es la hora de la guerra», según este residente.
Violación a los convenios
Amnistía recuerda que la tortura y el asesinato en el contexto de un conflicto armado son violaciones de los Convenios de Ginebra y constituyen crímenes de guerra en virtud del Estatuto de Roma, base legal del Tribunal Penal Internacional, que ya está estudiando los crímenes cometidos en relación con el conflicto de Afganistán.
La secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, denuncia que «estos homicidios selectivos son una prueba de que las minorías étnicas y religiosas siguen corriendo un riesgo especial bajo el Gobierno talibán en Afganistán».
Asimismo, Callamard insta al Consejo de Seguridad de la ONU, en nombre de la organización «a que adopte una resolución de emergencia que exija a los talibán que respeten el derecho Internacional de los derechos humanos y garanticen la seguridad de todos los afganos y afganas con independencia de su etnia y de sus creencias religiosas».
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