Por: Enma Reyes
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), “Oliverio Castañeda de León”, interpuso este miércoles una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso de la República por aprobar la Ley de Aceptación de Cargos.
Ayer, el partido oficial FCN-Nación y sus aliados en el Congreso, sumados a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fueron bancadas que terminaron imponiendo las reformas al Código Penal que beneficiarían a los acusados por actos de corrupción y a gran cantidad de delincuentes comunes que podrían ver reducidas sus penas hasta en un 50 por ciento.
El abogado Carlos Bezares, quien, junto a la AEU interpuso el amparo en contra del Congreso, indicó que “el impacto que tendrán esas reformas será nefasto para el país, ya que pone en peligro todo el trabajo de los operadores de justicia y solo para beneficiar a ciertas personas que están viviendo procesos penales”, manifestó el jurista.
Luis Álvarez, comisionado de asuntos académicos de la AEU, manifestó que los cambios realizados al Código Procesal Penal son lesivos para la ciudadanía guatemalteca. “Obramos en defensa de los Derechos Humanos, ya que estás acciones son un manto de impunidad por parte del Congreso”.
“A favor del crimen organizado”
A través de un comunicado de prensa, la organización Acción Ciudadana (AC) dio a conocer su rechazo por la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos.
De acuerdo con el documento, el Congreso legisla a favor del crimen organizado, la corrupción y la portación ilegal de armas. “Los diputados, liberados de la presión social que tuvieron en el 2017, lograron aprobar a sus anchas esta pieza que fortalece la criminalidad e impunidad en nuestro país”, indica el comunicado.
Para dicha organización, llama la atención que algunos legisladores que votaron a favor de esta ley tienen procesos abiertos en su contra. “Es de conocimiento público que muchos de ellos tienen procesos abiertos y pendientes por los delitos de corrupción asociación ilícita, lavado de dinero, entro otros, que casualmente no fueron excluidos para gozar de los beneficios aprobados”, expresa AC.
Este beneficio sí se aplicará a los delitos que contemplan las leyes como: Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Ley del Crimen Organizado, Ley Contra la Corrupción y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, así como el delito de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.