- Movimiento Pro Justicia sostiene que Frank Bode y sus aliados lograron colocar a sus principales candidatos en la nómina que llegará al Congreso.
- Tres de los seis aspirantes trabajan actualmente en la Contraloría y un cuarto es asesor de su despacho superior.
- La disputa no consiste únicamente en elegir a una persona, sino en decidir si continuará un modelo de control cuestionado por su poca capacidad para convertir los hallazgos de auditoría en procesos contra funcionarios.
Redacción Crónica
La integración de la nómina de seis candidatos a contralor general de Cuentas dejó al descubierto la fuerza que conserva la estructura dirigida por Frank Helmuth Bode Fuentes. Aunque los perfiles seleccionados no responden a un solo grupo político, la mayoría posee vínculos directos con la actual administración de la institución o con los sectores que participaron en la negociación de la postuladora.
Movimiento Pro Justicia resumió el resultado con una conclusión contundente: “El actual contralor Frank Bode y el diputado Duay Martínez ganaron el pulso y logran que sus principales favoritos lleguen al Congreso para la elección final”. La organización agregó que Walter Mazariegos intentó colocar a profesionales de su entorno más cercano, pero no consiguió consolidar esa corriente.
La afirmación obliga, sin embargo, a establecer una precisión. No existen elementos suficientes para asegurar que los seis candidatos pertenezcan a una sola línea. Lo que sí puede comprobarse es que cuatro tienen o han tenido una relación directa y reciente con la Contraloría, mientras los otros dos proceden principalmente de la Superintendencia de Administración Tributaria.
La Contraloría se reproduce desde adentro
Tres integrantes de la nómina ocupan puestos relevantes dentro de la institución que aspiran a dirigir:
- Jorge Giovanni Castellanos Gudiel es subcontralor de Calidad de Gasto Público y acumula 34 años dentro de la Contraloría.
- Élfego Odair Castañón González es subcontralor administrativo.
- Luis Antonio Marroquín Pimentel dirige el área de Probidad.
- Marco Antonio Vélez González fue contratado como asesor del despacho superior entre 2025 y 2026 y anteriormente dirigió el área de auditoría de fideicomisos.
Esto significa que dos tercios de la nómina poseen vínculos directos con la gestión que concluye. Los otros aspirantes son Óscar Alberto Hernández Romero, quien desarrolló buena parte de su carrera en la SAT, y Julio Otoniel Roca Morales, también funcionario de esa institución y docente universitario.
El dato no descalifica por sí mismo a los candidatos. La experiencia técnica dentro del órgano fiscalizador puede ser una fortaleza. El problema surge cuando la continuidad administrativa no está acompañada por una evaluación rigurosa de los resultados obtenidos durante los últimos cuatro años.
La Contraloría no es solamente una entidad que revisa documentos y coloca multas administrativas. Su obligación constitucional es fiscalizar el uso de los recursos públicos, identificar responsabilidades y, cuando encuentra hechos que podrían constituir delitos, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Ese es precisamente uno de los principales cuestionamientos contra la administración saliente: la abundancia de informes, sanciones y hallazgos no ha estado acompañada por una cantidad equivalente de casos públicos contra funcionarios de alto nivel.
El favorito de Bode llega cuestionado
Movimiento Pro Justicia identifica a Jorge Giovanni Castellanos como el principal candidato del grupo encabezado por Bode. Actualmente dirige la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público, dependencia desde la cual se fiscalizan ministerios, municipalidades, entidades descentralizadas y organismos autónomos.
Castellanos recibió seis tachas, la mayor cantidad entre los seleccionados. Los señalamientos incluyen nepotismo, abuso de poder y cuestionamientos sobre documentos presentados para acreditar su experiencia académica. La Comisión de Postulación admitió las objeciones y rechazó todos sus descargos, pero posteriormente lo incorporó a la nómina con los 18 votos mínimos.
La existencia de una tacha o de una denuncia no demuestra responsabilidad penal o administrativa. Sin embargo, la contradicción política es evidente: los comisionados consideraron insuficientes las explicaciones ofrecidas por Castellanos, pero después concluyeron que era idóneo para integrar la lista.
Movimiento Pro Justicia asegura que Castellanos “encarna los intereses políticos de un grupo que encabeza el actual contralor”. También señala que esa estructura afirma contar con apoyos dentro del Congreso.
El señalamiento deberá ser contrastado durante la discusión legislativa. Los diputados no deberían limitarse a negociar cuál candidato reúne 81 votos; tendrían que exigir explicaciones sobre sus resultados al frente de la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público y sobre cada una de las objeciones que no logró desvanecer.
Castañón y la posible cuota oficialista
Élfego Castañón también llegó a la nómina pese a que sus descargos fueron rechazados. Fue señalado por posibles conflictos de interés, falta de imparcialidad y contratación o ascenso de familiares dentro de la Contraloría.
Movimiento Pro Justicia lo vincula con cuadros políticos cercanos al gobierno de Bernardo Arévalo. Su hermano, Manfredo Duvalier Castañón González, fue electo diputado por el Movimiento Semilla y forma parte del grupo de legisladores próximos al Ejecutivo.
Esta relación familiar no prueba que el candidato responda políticamente al Gobierno. Sí constituye un elemento que deberá ser examinado porque el próximo contralor tendrá que fiscalizar a la administración de Arévalo durante el resto de su mandato.
El contralor no puede convertirse en una extensión del Ejecutivo, de los bloques legislativos ni de la estructura que deja Bode. Su independencia es especialmente importante porque supervisará el gasto en un período preelectoral, la ejecución del presupuesto y las contrataciones realizadas durante la transición hacia el próximo gobierno.
Las advertencias de Carmen Aída Ibarra
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de Movimiento Pro Justicia, había advertido desde julio que las fuerzas interesadas en controlar la elección colocaban en desventaja a los candidatos con mayores credenciales éticas.
“Los decanos que abogan por integridad y transparencia suelen estar en desventaja”, explicó Ibarra al analizar la conformación de la postuladora. Según su valoración, varios comisionados se organizan alrededor de agendas particulares y no necesariamente de la capacidad, la independencia y la honorabilidad de los aspirantes.
La observación adquiere mayor relevancia después de las cuatro rondas de votación. Luis Antonio Marroquín ingresó con 22 votos; Castañón recibió 21; Vélez y Hernández, 19 cada uno; Castellanos y Roca obtuvieron exactamente los 18 necesarios.
El presidente de la comisión, Miquel Cortés, reconoció que durante los recesos se construyeron “ciertos consensos”. Esos acuerdos permitieron que aspirantes que no alcanzaban los votos en las primeras rondas terminaran incluidos en la nómina.
La negociación no es ilegal. Una comisión de postulación necesita acuerdos para completar la lista. La pregunta es qué criterios se intercambiaron y por qué algunos comisionados rechazaron los descargos de determinados aspirantes, pero luego votaron a favor de su nominación.
Una institución que produce hallazgos, pero pocos casos visibles
La Contraloría publica informes de auditoría, impone sanciones económicas y formula cargos contra empleados y autoridades. Sin embargo, no ofrece de manera sencilla y consolidada un registro público que permita conocer cuántos hallazgos terminaron en denuncias penales, contra qué funcionarios fueron presentadas y cuál fue el resultado posterior.
Esa falta de trazabilidad dificulta medir su efectividad. No basta con informar el número de auditorías o el monto de las sanciones. La ciudadanía necesita saber cuántos casos importantes fueron trasladados al Ministerio Público, cuántos se encuentran bajo investigación y qué cantidad terminó cerrada, archivada o judicializada.
La responsabilidad tampoco recae exclusivamente en la Contraloría. La institución puede presentar una denuncia, pero corresponde al Ministerio Público investigar y promover la persecución penal. Aun así, el órgano fiscalizador debe demostrar que sus hallazgos están suficientemente documentados y que insiste en los casos cuando detecta posibles actos de corrupción.
Durante los últimos años se han conocido denuncias públicas sobre contrataciones cuestionadas, obras inconclusas, compras de emergencia, uso discrecional de fondos y baja ejecución presupuestaria. La Contraloría ha intervenido mediante auditorías y exámenes especiales, pero pocas veces sus actuaciones han derivado en procesos visibles contra las autoridades responsables de tomar las decisiones.
Este es el balance que el Congreso debería exigir a los aspirantes vinculados con la administración de Bode: qué hicieron desde sus cargos, cuáles irregularidades detectaron, cuántas denuncias promovieron y por qué numerosos hallazgos no produjeron consecuencias conocidas.
El Congreso decidirá entre continuidad y renovación
La nómina debe llegar al Congreso el 23 de septiembre. Los diputados tendrán que elegir, con un mínimo de 81 votos, al contralor para el período 2026-2030 antes de que finalice el mandato de Bode el 13 de octubre.
La posibilidad de impugnar la lista continúa abierta. La postuladora estableció un plazo de cinco días y prevé reunirse el 28 de septiembre para conocer las objeciones que sean presentadas.
El Congreso puede tratar la elección como una distribución más de cuotas o convertirla en un examen público sobre la efectividad de la fiscalización estatal. Para ello debería convocar a los seis aspirantes, transmitir sus entrevistas y preguntarles específicamente por su independencia frente a Bode, el Gobierno, Duay Martínez, Walter Mazariegos y las bancadas que impulsen su candidatura.
También tendría que exigir un compromiso verificable para publicar periódicamente las denuncias penales, sanciones, reparos, montos recuperados y estado de los expedientes derivados de cada auditoría.
El peligro no radica simplemente en que gane un funcionario procedente de la Contraloría. El verdadero riesgo es que la institución continúe funcionando como una enorme maquinaria de auditorías sin consecuencias proporcionales, mientras sus autoridades se suceden unas a otras mediante acuerdos políticos.
Movimiento Pro Justicia no sostiene que los seis candidatos pertenezcan exactamente al mismo grupo. Su señalamiento es más preciso: la estructura de Frank Bode y sus aliados logró dominar la nómina y colocar a sus principales opciones en la elección final.
Ahora corresponde al Congreso demostrar si elegirá a un contralor capaz de fiscalizar al poder o a un administrador encargado de conservar los equilibrios que permitieron construir su candidatura.