Pobreza y miseria son las condiciones de vida de muchas personas mayores de 60 años en Guatemala, debido a la falta de políticas públicas y al abandono de la sociedad. Los ancianos son más de 600 mil en todo el país y solo un 12 por ciento recibe algún tipo de pensión.
Álvaro Alay
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Héctor López, de 81 años, quien toda su vida se dedicó a la plomería y trabajos de electricidad, ahora se mantiene en el Parque Central esperando a que le salga aunque sea un trabajito, ya que su esposa, Clara Luz Vides, de 75 años, lo espera cada tarde.
A una persona mayor de 60 años como él, le es difícil conseguir o mantenerse en un empleo formal para satisfacer sus necesidades esenciales, como la alimentación, salud y vivienda. Y lo más lamentable es que el Estado no tiene la capacidad para brindar una cobertura adecuada a los adultos mayores.
Teresa Maldonado, defensora de la población de tercera y cuarta edad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que las condiciones en que viven estas personas son de pobreza o extrema pobreza, ya que no tienen una pensión, jubilación o un ingreso económico mensual que les permita vivir.
Se calcula que solo el 12 por ciento de estos ciudadanos cuenta con un pago o ingreso por retiro, mientras que otros perciben un ingreso económico a raíz de la venta de un bien o propiedad. De esta manera, es evidente la falta de implementación y desarrollo de políticas públicas.
Entre las pocas acciones que ha impulsado el Estado, está la habilitación de un programa para el adulto mayor, por medio del Ministerio de Trabajo (Mintrab), con el que cada beneficiario recibe Q400 al mes. En el 2014, este fondo dispuso de Q485 millones, beneficiando a 108 mil 915 personas.
No obstante, desde el punto de vista de la Defensora de las Personas Mayores, este programa tiene un enfoque asistencialista, pues Q400 tampoco es mucho y solo cubre a una pequeña parte de la población con estas características. Ello, derivado de que no se trabajaron las proyecciones de envejecimiento poblacional y no se sabe, fehacientemente, cuántos ancianos viven en el país.
Este programa tiene asignados Q500 millones anuales, pero lastimosamente se atiende únicamente a 100 mil personas mayores, cifra muy baja si se toma en cuenta que en Guatemala hay más de 600 mil, dijo.
En total, se calcula que más del 85 por ciento de los ancianos tiene que valerse por sí mismo, o bien esperar a que sus hijos puedan darles lo que el Estado les niega.
Don Héctor, dice sentirse una persona afortunada por contar con el programa que otorga el Mintrab, aunque los Q400 que recibe no son suficientes para su alimentación ni la de su esposa. Por ello, algunas personas les dan alimentos a quienes, como ellos, esperan caridad en diversos puntos de la ciudad.
Sin salud ni trabajo
Si para un joven o una persona adulta que labora y produce es difícil costearse sus medicamentos, para alguien mayor de 60 años que no cuenta con un empleo formal y padece enfermedades es casi imposible.
Claudia García de la Cadena, doctora en neuropsicología y experta en temas de envejecimiento, indica que es importante entender que solo un mínimo porcentaje de personas mayores cuenta con seguridad social, es por ello que encontramos que muchas personas siguen trabajando.
Don Raúl Orantes, de 76 años, goza de una jubilación, pero explica que la misma ni siquiera suma los Q1 mil mensuales, por lo que debe conseguir más recursos para poder sobrevivir. Hay compañeros que reciben menos. No sé cómo piensan que uno puede vivir con eso. Así como aumenta el salario, deberían subir las jubilaciones, opina.
Algunas de estas personas viven gracias a la ayuda de los miembros de sus familias, e incluso residen con ellos. Eso, cuando son sanos; es decir, que se pueden valer por sí mismos, agrega la experta en temas de envejecimiento.
La profesional añade que otro grupo que afronta serios problemas es el de los que sufren alguna discapacidad. Su situación se complica porque hay algunos que viven solos y con carencia de comida o medicamentos.
En este sentido, García de la Cadena, asegura que hay mucho abandono para el adulto mayor y no existen mecanismos para apoyarlos como en otros países, donde reciben despensa y medicinas. En los últimos 10 años que he trabajado con esta población, he visto esfuerzos de parte del Estado, pero son limitados y sin ninguna planificación a futuro.
Carlos Pérez, de 75 años, comenta que, lastimosamente, el Estado no apoya a las personas mayores, quienes, como en su caso, tienen que velar por sí mismos, debido a que ya no aguantan una jornada de 8 horas diarias de trabajo y, aunque pudieran, dice que ya no les dan empleo.
Vejaciones sin control
Por otro lado, en la PDH se reciben denuncias de maltrato del que son víctimas muchas personas que, por su edad, ya no pueden defenderse y, lo lamentable es, que las vejaciones vienen de los mismos familiares, quienes les ocasionan daño físico, psicológico, despojo de bienes y abandono.
La institución investiga al respecto y, al concluir y si es procedente, traslada la denuncia al Ministerio Público, pero no existe una fiscalía específica para este sector poblacional, por lo que estos casos terminan en la fiscalía contra femicidio y delitos contra la mujer.
Solo de enero aseptiembre de este año, dicha fiscalía recibió 641 denuncias de abusos contra ancianos, perpetrados en instituciones públicas y privadas, pero también en sus propios hogares, donde recibieron maltrato de familiares.
Asilos sin vigilancia
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene a su cargo la Dirección de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud; sin embargo, esta dirección no cumple con su papel rector en lo concerniente a hogares para personas mayores, pues no los regulan ni supervisan.
Sobre esto, Maldonado expuso que se reportan alrededor de 40 centros de este tipo, pero en mapeos se ha establecido que hay más de 120 en todo el país; es decir, que más de la mitad de estos centros (hogares o asilos) desconocen al Ministerio de Salud, y, por ello, la cartera no tiene la capacidad de jugar su papel supervisor y verificar que estos centros cumplan los requisitos mínimos que establece la normativa que el mismo Ministerio emitió para que estos lugares funcionen.
Karin Olmstea, especialista en el cuidado de personas mayores, asegura que el país no está preparado para la atención de este segmento poblacional, debido a que los hospitales no tienen especialistas y no existe un centro geriátrico para su atención. Si llega un joven herido y un adulto mayor con un infarto, le dan la cama al joven. No se tiene un tratamiento adecuado, aseguró.
Respecto a los hogares para personas mayores, Olmstea indica que no hay control adecuado, ya que ellos aducen que trabajan por caridad, a pesar de que cobran por internar a cualquier anciano. Además, indican que si se apegan a las normas del Ministerio de Salud, tendrían que sacar a los pacientes, por lo que prefieren continuar en la clandestinidad. En general, tanto los centros que no se pagan como los pagados, ofrecen mala atención, dice.
Establecer políticas y cumplirlas
Desde el punto de vista de las expertas, no solo hacen falta políticas públicas a favor de estas personas, sino también que estas sean implementadas, ya que existen programas y leyes, pero no se cumplen.
Hasta el momento solo existe un decreto que establece la creación del Comité Nacional de Protección a la Vejez, ente adscrito a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), la que no asume la responsabilidad que le compete.
García de la Cadena, dice que se necesitan políticas de adulto mayor que trasciendan Gobiernos, pues las que se han trabajado no son de largo plazo.
Dentro de estas deben incluirse varios rubros, que incluye fortalecer la prevención para que las personas se preparen en su camino hacia la edad mayor, de manera que transiten por un envejecimiento con menos impacto, lo que también reduciría la carga para el país.
Olmstea agrega que las políticas públicas existen, así como la ley de protección del adulto mayor, pero no se dan a conocer, por lo que muchas personas desconocen a dónde deben acudir para gozar de protección.
Delfino Gómez, quien sobrevive de lo que sus hijos le pueden brindar, muestra su desencanto, ya que el Gobierno o el Estado no implementa políticas adecuadas y el presupuesto que se aprueba para este rubro va a parar directamente a los bolsillos de los funcionarios y parlamentarios.
Por ello, las especialistas recomiendan que se emita una política pública con diversos ejes, como derechos humanos de las personas mayores; otro que cree o fortaleza programas para lograr que los ancianos puedan hacer uso o no de sus habilidades, pero de manera digna.
También consideran importante modernizar y promover el estudio de la carrera geriátrica (cuidado profesional de personas de la tercera edad), así como programas de prevención y tratamiento adecuado de sus enfermedades.
No deje a sus ancianos en cualquier lugar
En todo el país funcionan más de 120 asilos u hogares para ancianos, pero solo unos 40 cumplen con los siguientes requisitos:
l Licencia Sanitaria y datos generales del centro.
l Representación legal y Patente de Comercio.
l Listado de profesionales, con títulos y diplomas que acreditan que el personal del centro está capacitado.
l Papelería en regla de todo el personal (incluye tarjeta de salud reciente).
l Croquis del local en papel bond y/o plano, con distribución de áreas en metros cuadrados.
l Certificado de habitabilidad, emitido por el director del Centro o Jefatura de Área de Salud.
En las calles puede observarse a muchos ancianos abandonados a su suerte.
Miles de personas que trabajaron durante décadas, no tienen acceso a un programa de jubilación adecuado y buscan a diario una ocupación temporal.
Las personas de la tercera edad que todavía se sienten con fuerza, salen a trabajar desde temprano.