- Se trata de una firma de auditores de familiares del superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, quien denunció ser víctima de persecución tras denuncia del caso B-410.
Este jueves, el Ministerio Público (MP) llevó a cabo una serie de allanamientos vinculados a una firma de auditores, cuyos socios incluyen a los hermanos de Marco Livio Díaz, superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien denunció el miércoles que es objeto de «investigaciones» de la fiscalía por el caso B-410 que él mismo denunció hace unos meses.
Las acciones fueron realizadas por la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, pero también fueron comentadas por el titular de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), Rafael curruchiche, ,por lo que aumentan las suspicacias sobre la actitud del MP que al parecer ha optado por ir en contra de autoridades de la SAT, en vez de perseguir a los evasores denunciados en el mencionado caso.
Contexto del caso B410
El caso, revelado por la SAT, involucra a 410 empresas acusadas de evadir impuestos a través de facturación falsa y simulación de operaciones comerciales. Según Marco Livio Díaz, esta red habría generado pérdidas fiscales opor vaqrios cientos de millones de quetzales entre 2021 y 2023. Además, varias de estas empresas compartían representantes legales, domicilios y prácticas fraudulentas, lo que llevó a la SAT a deshabilitarlas y ampliar denuncias contra sus responsables.
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La SAT también promovió medidas legales, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes de empresas involucradas, así como solicitudes de captura contra contribuyentes implicados en el esquema. Sin embargo, las acciones recientes del MP han sido percibidas como un posible intento de deslegitimar las investigaciones de la SAT y ejercer presión sobre su liderazgo, con un efecto negativo para el ente recaudador, que se ve así presionado y se teme una criminalización en contra de los funcionarios, mientras las investigaciones de los delitos penales no avanzan.
Detalles de los allanamientos
Durante las diligencias, se buscó incautar documentos y dispositivos electrónicos que podrían estar relacionados con supuestas irregularidades tributarias en la firma de auditoría. Aunque no se han detallado los motivos exactos de los operativos, la cercanía familiar con el superintendente Díaz ha sido objeto de especulación, lo que subraya las tensiones entre la SAT y otras instituciones.
Reacciones y análisis
Díaz ha denunciado públicamente lo que considera un intento de intimidación por parte del MP y ha reiterado su compromiso de combatir la evasión fiscal, un problema que afecta gravemente las finanzas públicas de Guatemala. Organizaciones de la sociedad civil y analistas han señalado que estas acciones podrían ser un mecanismo de acoso político, dado que las investigaciones de la SAT han alcanzado a poderosos sectores económicos.
Por su parte, el MP salió por medio de Rafael Curruchiche a señalar que «el operativo se efectúa en una firma de auditores, donde empresas habían sido referidas desde la SAT para ser beneficiados por investigaciones tributarias». y asegura que «nada tiene que ver con el caso B-410».
“A nosotros nos sorprende la actitud del superintendente de la SAT, porque él no está siendo investigado; la firma de auditores, sí. Nos sorprende que el gobierno salga a defenderlo, cuando desconocen la investigación”, dijo el jefe de la FECI.
El presidente Bernardo Arévalo salió en defensa del titular de la SAT este jueves, y dijo en su cuenta de X lo siguiente: Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT. Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse, porque es todo el país el que pierde ante un sistema coartado y ciego ante la corrupción.
Por su parte Marco Livio Díaz dijo que por no gozar del derecho de antejuicio «puedo ser detenido por orden de juez en cualquier momento», y reiteró que continuará con su labor de defender los intereses de la SAT y del país promoviendo transparencia y logrande la recaudación correcta.
Con este escenario, el desenlace del caso B-410 y los movimientos en torno al liderazgo de la SAT serán clave para evaluar si se logrará justicia fiscal en Guatemala o si estas acciones derivarán en una crisis institucional más profunda, con un nuevo caso penal manipulado por el MP para proteger los actos de corrupción y perseguir a quienes los denuncian.