La organización Alianza por las Reformas, junto a la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, presentaron una acción constitucional de amparo contra la designación de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2021-2026.
De acuerdo con los denunciantes, Molina Barreto no debe asumir ese cargo debido a que “existen suficientes indicios para dejar sin efecto su nombramiento, ya que no cumple con los criterios de imparcialidad, independencia e idoneidad que exige el puesto”, señalan.
El pasado 10 de marzo, el actual magistrado de la CC logró su reelección en el proceso de designación que llevó a cabo la Corte Suprema de Justicia.
Durante el proceso de selección, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron tachas en contra de la candidatura de Molina Barreto.
Una de ellas fue Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) que cuestionó los vínculos del magistrado con el partido Valor y su fallida candidatura a vicepresidente de la República, en binomio con la candidata presidencial de ese partido, Zury Ríos,
En esa ocasión, la AEU junto a la organización Alianza por las Reformas también presentaron objeciones en contra de Molina Barreto por considerar que el magistrado no era idóneo para el puesto, ya que representó a una empresa de Gustavo Herrera, vinculada al caso de Desfalco del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Es de recordar que Gustavo Herrera ha sido señalado en dos ocasiones por el Ministerio Público (MP), por la posible comisión de delitos y actualmente se Herrera se encuentra prófugo de la justicia, en 2003 fue señalado de ser el artífice de una estafa de Q350 millones al IGSS, por medio de la venta de fincas sobre valoradas.
A pesar de esas objeciones, los magistrados de la CSJ no dieron trámites a las mismas y prosiguieron a realizar la designación del magistrado titular y suplente para la CC, en la cual salió electo Roberto Molina Barreto y Walter Paulino Jiménez.