La negatividad que muchas instituciones han tenido sobre el acceso a información pública, puede ser una de las razones para encontrar prácticas opacas que por décadas han hecho ineficientes las instituciones del Estado.
La Ley de Acceso a la Información fue aprobada en 2008, y según Acción Ciudadana al menos 8 de cada 10 municipalidades habrían violado esta norma. Por lo cual, fueron denunciados dos alcaldes y un exjefe edil ante el Ministerio Público para que se diluciden responsabilidades en este tema.
Hace un año, el diputado Luis Rabbé, -con proceso de antejuicio por plazas fantasma–, expresó que él no iba a entregar información sobre salarios y bonos de los trabajadores del Congreso para que no sean extorsionados. El hecho causó roces entre el legislador y los periodistas, pues se le solicitaba esta información por los salarios onerosos que era considerado un secreto a voces
Meses después, se denunció a Pedro Muadi, expresidente del Congreso, por haber participado en nombramientos irregulares, al punto de que la Justicia lo envió a pisión. Esto motivó a que este año la CICIG solicitara información al presidente del Congreso, sobre las contrataciones de legislaturas pasadas
Hace dos semanas la investigación sobre plazas fantasma fue más lejos y alcanzó a dos caciques expertos en contrataciones ilegales: Luis Rabbé y Aristides Crespo, ambos expresidentes de legislaturas anteriores y que durante su directiva negaron esta información que era de conocimiento público.
Acción Ciudadana indicó ayer que prepara al menos 20 denuncias contra funcionarios por no acatar esta ley. Esta práctica de negar información imposibilita la fiscalización