La organización Acción Ciudadana (AC) presentó este día una denuncia penal en contra del presidente, Alejandro Giammattei, y la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, señalándolos de tres delitos por la firma del contrato para la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V.
Según con AC, ambos funcionarios han cometido delitos al firmar el contrato con la empresa rusa que según aseguran es de cartón y se violaron las garantías de lo que se estipulaba en la adquisición de vacuna.
Eddie Cux, presidente de esa organización, indicó que los delitos que se le imputan a ambos funcionarios son peculado, fraude e incumplimiento de deberes, en función a la “mala gestión” de compra de inmunizadores para el país y el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.
“Surge a partir de la suscripción del contrato con la entidad Human Vaccine en la que se pretendía adquirir 16 millones de vacunas, pero hasta dos meses y medio después la población ha visto que no se ha cumplido el contrato”, expresó.
Además, añadió que varias cláusulas del contrato resultan “incoherentes” y que carece de requisitos legales para resguardar la vacunación de las y los guatemaltecos. Señaló que la negociación se realizó por medio de una entidad intermediaria.
Perjudicial para el Estado
Por aparte, Manfredo Marroquín dijo que la ministra de Salud ha expresado que “están viendo si se puede devolver el dinero”. Sobre esto, resaltó que podría perjudicar al Estado y a la población. Además, refirió que el presidente Giammattei ha señalado que el contagio es “responsabilidad de la población”.
“En varias ocasiones, el presidente ha culpado a la población de la mala gestión que tiene, y ahora ya no dan información acerca de las vacunas ni de los avances. Se han escondido, no dan la cara para aclarar toda la situación anómala”, expresó Marroquín.
Asimismo, aseguró que el Ministerio de Salud tiene una “incapacidad total” para manejar la pandemia y la vacunación contra el coronavirus, sin cumplir con requisitos fundamentales.
“No se ha cumplido con que entreguen las vacunas que ya se pagaron, y aparte las donaciones están obstruidas por pura negligencia. Esto ya raya en cuestiones penales en contra de la población en general”, puntualizó.
En ese sentido, AC recomienda al MP que investigue los hechos. Destacó que existen evidencias como el contrato adjuntado en la denuncia, las declaraciones de los funcionarios, y principalmente que “no existen vacunas”.