A través de su cuenta de Twitter, el abogado Otto Gómez informó que presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Según con el jurista, la fiscalía no debe seguir operando porque con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el convenio que se firmó quedó sin validez, y no se ha cumplido con fortalecer al Ministerio Público (MP).
“En virtud que dicho convenio quedó sin materia, toda vez que fue expulsada la CICIG y la declaratoria del non grato, ambas circunstancias no rigen en nuestro país y por lo tanto no tiene asidero legal la FECI”, indicó el abogado.
A su criterio, esa fiscalía “ha actuado de forma ilegal en todos los procesos” y violenta el propio convenio bilateral suscrito en el 2008 entre Carlos Castresana, en ese entonces jefe de la CICIG y Juan Luis Florido, fiscal General de la República.»
Gómez dijo que en ese acuerdo se establecen varias ilegalidades, “atentando contra el estado de Derecho” y que el convenio quedó sin licencia a raíz de la declaración de non grato de Jimmy Morales contra Iván Velásquez y la no renovación del mandato de la CICIG en septiembre del 2019.
“Por lo tanto no tiene ningún asidero legal, entre otras circunstancias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, dice el abogado.
Agrega que desde su creación, la FECI se ha dedicado a perseguir “a su sabor y antojo a cualquier clase de persona que a ellos les convenga destruir” y no a “aparatos clandestinos”, lo que contraviene el Pacto de San José y el Código Procesal Penal guatemalteco.
Consultado al respecto, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo a medios de comunicación que no ha sido notificado, por lo que no podía emitir opinión.
Es de mencionar que Gómez García fue abogado de la exdiputada Anabella de León, señalada en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, e interpuso varios recursos en contra de la CICIG. También actúa como defensor de Haroldo Mendoza Matta, sindicado por nueve asesinatos y una desaparición forzada en Petén e Izabal, y de Marvin Montiel Marín, alias El Taquero.
En el documento entregado en el máximo tribunal constitucional también aparece la firma del defensor de la excandidata Sandra Torres. Leonel Castañeda Tejada representa a Torres en la investigación de supuesto financiamiento irregular del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Casos de investigación
La FECI tiene a su cargo más de 200 investigaciones en las que figuran como acusados exfuncionarios, políticos, empresarios, narcotraficantes y particulares que habrían participado en diferentes actos de corrupción.
Entre los casos presentados están: La Línea, Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Comisiones Paralelas 2020, Lavado y Política, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, Manipulación de Justicia, IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula, Traficantes de Influencias.