Más de 725 personas han sido acusadas por el Departamento de Justicia
El silencio es para no entorpecer el retorno de la fuerza de Trump a la política estadounidense
Se cumple un año desde que Estados Unidos fue escenario de uno de los episodios más llamativos que ha dejado tras de sí 2021, el asalto de una excéntrica y violenta turba de simpatizantes del expresidente Donald Trump al corazón de su democracia, el Capitolio en Washington, y desde entonces la brecha continúa entre demócratas y unos republicanos que prefieren mirar para otro lado conscientes de que sus aspiraciones por volver a la Casa Blanca pasan otra vez por el magnate.
Mientras los demócratas se afanan por recopilar pruebas que evidencien al menos las nulas intenciones del expresidente Trump por poner freno a unas protestas violentas que él mismo jaleó momentos antes durante un discurso incendiario a las puertas de la Casa Blanca, los republicanos, salvo unos pocos caídos en desgracia, optan por centrar el debate en las infundadas acusaciones de fraude electoral para justificar así lo ocurrido aquel 6 de enero de 2021.
Desde que comenzaron las investigaciones, más de 725 personas han sido acusadas por el Departamento de Justicia por su implicación en aquellos incidentes, algunas de las cuales forman parte de peligrosas y milicias de extrema derecha fuertemente armadas, como Proud Boys y Oath Keepers, mientras que el comité especial de la Cámara de Representantes ha tomado declaración a decenas de colaboradores de Trump.
El FBI ha señalado que hay detenidos de casi cada uno de los cincuenta estados que conforman el país. La principal acusación que han presentado los fiscales es la de ingresar de manera ilegal en un lugar restringido, unos 640; mientras que hay 225 personas con cargos de agresión o resistencia a la autoridad.
Por el momento, unas 165 personas se han declarado culpables de al menos alguno de los cargos de los que han sido imputados, mientras que 70 ya han recibido alguna condenada, de las cuales 31 han sido encarceladas, entre ellos Robert Scott Palmer, castigado con la pena más grande hasta ahora, cinco años entre rejas por agredir a varios policías durante el tumulto.
INVESTIGACIONES
Uno de los últimos documentos, de los más de 35.000 que ya tiene en su poder la comisión, es un «plan estratégico de comunicación» de 22 páginas facilitado por Bernard Kerik, antiguo comisionado de la Policía de Nueva York y amigo del otrora abogado de Trump, Rudolph Giuliani, con el que destapar supuestos casos de fraude electoral y «educar» e «inspirar» a la opinión pública para que exijan a los congresistas a no reconocer el triunfo de Biden.
En vísperas del aniversario de estos hechos, la comisión, con presencia de algunos republicanos como la repudiada Liz Cheney, está a la espera de conocer si finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueará a petición de Trump el acceso a los registros de las actividades y reuniones que se tuvieron lugar aquellos días en la Casa Blanca.
Trump y los suyos se han encargado de entorpecer las investigaciones de esta comisión amparándose en el privilegio legislativo del primero, aunque algunas personas de su círculo más cercano como Steve Bannon o el que fuera jefe de su gabinete Mark Meadows ya han sido acusados por desacato al Congreso.
Ahora, la comisión, que espera tener listas sus conclusiones finales antes de las elecciones legislativas del mes de noviembre, espera iniciar una fase más pública del proceso, con la difusión a través de los medios de comunicación de las siguientes comparecencias, entre las cuales no descartan que estén las del propio Trump y la del que fuera su ‘número dos’, Mike Pence.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, tiene previsto para este jueves 6 de enero una serie de actos conmemorativos, entre ellos una vigilia y un minuto de silencio, seguido de un encuentro con historiadores en el que se «preservará la narrativa» de lo ocurrido y con varios congresistas relatando cómo vivieron aquellas horas.
También el presidente Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, darán un discurso desde la Casa Blanca, anunciado días después de que el expresidente Trump adelantara que haría lo propio desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, en el que tal y como avanzó, abordará los intentos de la comisión parlamentaria por «mantenerse alejada» de las denuncias de fraude electoral.
Trump, que incluso ha arremetido de manera furibunda contra aquellos compañeros de partido que no han dado pábulo a sus teorías de la conspiración, ha justificado lo ocurrido en el Capitolio como un acto contra la «insurrección» que se produjo en las elecciones del 3 de noviembre, una estrategia que se espera será la utilizada por los republicanos tanto en los comicios de este año como durante la campaña para las presidenciales de 2024.
«Nuestro partido tiene que elegir. Podemos ser leales a Donald Trump o podemos ser leales a la Constitución, pero no podemos serlo a ambos y ahora mismo hay demasiados republicanos que están tratando de ayudar al expresidente», dijo Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión que investiga el asalto y una de las dos personas republicanas presentes en ella.
A pesar de las palabras de Cheney y otros congresistas republicanos, la gran parte del partido ha tratado de restar importancia a lo ocurrido y se ha negado a reconocer la complicidad de Trump en todo aquello.
El líder de la minoría en el Cámara, Kevin McCarthy, si bien se muestra a favor de que caiga todo el peso de la ley sobre los insurrectos de aquel día, no solo ha pasado siempre por alto cualquier implicación del expresidente, sino que también ha acusado a los demócratas de utilizar lo ocurrido «para dividir aún más» a la sociedad estadounidense.
Un año después de lo ocurrido, la sociedad estadounidense sigue profundamente dividida en relación a lo ocurrido y al grado de responsabilidad de Trump, con más del 70 por ciento de los votantes republicanos asegurando que si el expresidente tuvo algo que ver en aquel episodio fue en pequeña medida, frente al 92 por ciento de los demócratas que le achacan toda la responsabilidad.
Según esta encuesta realizada por ‘The Washington Post’ y la Universidad de Maryland, el 62 por ciento de los votantes republicanos sostiene que hay evidencias de que se produjo fraude electoral y cuatro de cada diez afirma que la violencia contra el gobierno está justificada.
Este jueves se cumple un año desde que una turba de incondicionales del expresidente Trump irrumpiese en la sede del Capitolio con el fin de boicotear el recuento de los votos electorales que certificaban su derrota frente a Biden. Al menos siete personas murieron en relación a los disturbios y decenas resultaron heridas.