Bismarck Pineda
El Congreso, luego que en 2015 fue acusado de poca producción legislativa, ahora se ha convertido en una fábrica de decretos.Lo cual no necesariamente implica que sea una noticia positiva y, de hecho, puede ser lo contrario. Existe, a mi parecer, un terrible riesgo de que el Congreso tenga injerencia en temas que claramente competen al Organismo Ejecutivo. Ejemplo claro es el tema del aumento de Q500 a las pensiones de los jubilados del Estado.
Me llama la atención cuál es el argumento técnico que justifica el tamaño del aumento. Es decir, ¿existe un estudio técnico que señale que el aumento de Q500 es lo óptimo en relación con su factibilidad financiera y de costo de la vida? Si no, ¿por qué justificar eso y no un aumento de Q100 o de Q1 mil, o de cualquier monto arbitrario si así se quiere?
La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) es la encargada de administrar el régimen de Clases Pasivas del Estado. Un régimen que es deficitario en alrededor de Q3 mil millones –diferencia entre lo que aportan los empleados públicos y los egresos por Clases Pasivas programados en las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro– y que desde ya hace años demanda una reforma para volverlo sostenible. La reforma debe realizarse con base en estudios actuariales, lo que me hace preguntarme ¿qué participación tuvo Onsec en la aprobación del incremento en las pensiones? ¿Será cierto que el aumento del 1 por ciento en las contribuciones financiará el aumento en las pensiones? ¿Cómo se estableció ese 1 por ciento? Si el sistema, antes del aumento, ya era deficitario, no veo cómo un aumento de 1 por ciento pueda resolver ese agujero adicionando el aumento de Q500 por pensionado. Me encantaría conocer el estudio actuarial que sustenta esas decisiones…
Quiero ser enfático en que mi argumento no es que aumentar las pensiones sea algo negativo en sí mismo. Mi argumento se centra en que en Guatemala estamos acostumbrados a poner parches, que en vez de solucionar el problema causa mayor presión a los recursos existentes. Las salidas fáciles suelen complicar el escenario en el largo plazo. Además, otro argumento que hay que considerar es el de prioridades. Podemos hacer un listado de las necesidades que tiene Guatemala y llenaríamos muchas páginas, tantas que es imposible lograr resolverlas todas.
Por lo tanto, se requiere necesariamente de establecer prioridades, porque si se quiere resolver todo, no se va a lograr resolver nada. ¿Quién debe estar a cargo de definir esas prioridades? A mi entender es el Organismo Ejecutivo que debe establecerlas con base en criterios técnicos y no políticos. Los recursos son escasos, el Estado tiene problemas financieros y tiene numerosas necesidades. De allí la importancia de un plan de gobierno de nación. Guatemala no se puede dar el lujo de que las prioridades financieras se establezcan de forma arbitraria y con base en decisiones políticas, donde lo técnico poco importa.
*Analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)