Los fraudes corporativos provocan pérdidas millonarias hasta a un 50 por ciento de las empresas e, incluso, algunas han cerrado por ese motivo, porque los daños se trasladan a inversionistas, proveedores, bancos y clientes.
Cuando se habla de corrupción, inmediatamente se piensa en instituciones y funcionarios de gobierno, aunque ya han salido a luz diversos casos en los que accionistas, gerentes y empleados de empresas privadas enfrentan procesos judiciales y prisión preventiva por delitos como defraudación tributaria y tráfico de influencias.
No obstante, estos son solo algunos ejemplos de lo que el personal de las compañías es capaz de hacer movido por la avaricia, entre otros motivos, explica el informe Fraude Empresarial en Guatemala 2015, propiedad de la firma de consultoría BDO Guatemala, el cual revela cómo gran cantidad de empresas fueron víctimas de fraude, los montos y otros daños.
Principales hallazgos
El estudio se basó en una encuesta practicada a 108 directivos de bancos, aseguradoras, cadenas comerciales, industria, construcción y producción de alimentos, entre otras compañías, y el primer dato es que el 50 por ciento de estas firmas dijo haber sido víctima de fraude durante los últimos 12 meses, lo que provocó las siguientes pérdidas: hasta US$10 mil, el 40%; entre US$10,001 y US$50 mil, 32% ; entre US$50,001 y US$100 mil, 12 por ciento; entre US$100,001 y US$500 mil, 8%; y más, otro 8%.
En cuanto a la cantidad de fraudes detectados, el 36% dijo que uno; el 48%, entre 2 y 5; el 8%, entre 6 y 10; y el 8%, más de 10. Y los delitos descubiertos fueron los siguientes: falsificación de firmas y documentos, 16%; sobornos, malversación de fondos y fraudes en cuentas por cobrar, 12% cada uno; sobre o subfacturación, así como anomalías en compras y contrataciones, 8% cada uno. Otros fueron regalos o beneficios ilegales, acuerdos con proveedores, robo de inventarios, uso personal de bienes y alteración de estados financieros.
Más datos reveladores: el 60% de los delitos fueron cometidos por personas entre 30 y 50 años; el 88% de los infractores son hombres; el 33% eran directores y gerentes; el 30% eran empleados de baja jerarquía; el 25%, jefes y supervisores.
Medidas de prevención
Ante esto, el 60% de las empresas perjudicadas decidió aplicar herramientas de detección, tales como canales de denuncia anónima (10%), auditoría continua (16%), monitoreo de procesos (28%) y cumplimiento de leyes anticorrupción (6%). Sin embargo, el 40% restante dijo que aún no ha tomado ninguna medida.
Respecto a los mecanismos de respuesta, el 54% de nuevo indicó que no tiene ninguno; el 22% cuenta con protocolos de rendición de cuentas, sanciones, comunicación y acciones judiciales; un 20% preserva las evidencias; otro 20% tiene un sistema de administración de casos, y el 18% opta por protocolos de investigación.
Por último, los encuestados ponderaron el monto defraudado como principal costo del fraude, seguido por el impacto en su imagen; la atención de las autoridades, los costos de investigación y de acciones judiciales; el desprestigio de la alta gerencia; y la pérdida de nuevas inversiones.
Por lo tanto, el estudio concluye en la importancia de contar con medidas de prevención, detección y castigo de estos delitos, incluyendo las denuncias penales correspondientes, así como la urgencia de prestar atención a conductas sospechosas, pues los violadores de confianza siempre tienen un motivo o presión, perciben las oportunidades y justifican su conducta.
Es decir que, en la mayoría de los casos, estas personas tienen problemas financieros generados por deudas, enfermedades, adicciones o simple avaricia, por lo que aprovechan cualquier oportunidad que se les presente para cometer los ilícitos, con la confianza de que existen pocas posibilidades de ser descubiertas. Además, el defraudador no se ve a sí mismo como un delincuente, sino como una víctima de circunstancias adversas.