Cuatro años han pasado de la tragedia que enluto a varias familias guatemaltecas. Un 08 de marzo, pero del 2017, se dio a conocer en medios de comunicación que varias niñas habían fallecido tras un incendio registrado en un aula del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el cual está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
El 7 de marzo de ese mismo año, 56 menores de edad decidieron huir de las violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado que sufrían en esa institución, dirigida, en principio, a proteger a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos habían sido vulnerados. Su objetivo no era otro que celebrar el Día de la Mujer «estando libres y no estar pasando lo mismo que sufrimos todos los días en los que ni siquiera «nos dan toallitas para nuestra menstruación», según declaró una de las adolescentes el día antes del incendio.
Sin embargo, horas después los agentes de la Policía Nacional Civil las capturó, permanecieron 11 horas a la intemperie en el portón del Hogar Seguro, posterior a ello, fueron encerradas ilegalmente en un aula con menos de un metro cuadrado para cada una de ellas y donde solo les dieron 22 colchonetas para dormir. Las autoridades de SBS delegaron toda la responsabilidad de las 56 niñas a las fuerzas de seguridad, algo que estaba totalmente prohibido, puesto que, al tratarse de un hogar de protección, no podía haber agentes policiales en su interior.
Tras una llamada de teléfono del entonces presidente, Jimmy Morales, al jefe de la Comisaría 13, Wilson Petronilo López, llegaron 100 policías al lugar, a pesar de que, en un principio, los mandos policiales manifestaron su intención de retirarse del exterior de estas instalaciones, tras haber capturado a las adolescentes que se habían fugado.
Fueron precisamente estos agentes los que se encargaron de custodiarlas en el aula, donde las habían encerrado bajo llave impidiéndoles incluso ir al baño para hacer sus necesidades. Cansadas de esa situación inhumana, una de las niñas prendió fuego con una cerilla a una de las colchonetas para intentar que las liberaran, si bien, según la investigación del Ministerio Público, la subinspectora de la Policía Lucinda Marroquín tardó nueve minutos en abrir la puerta, pese a los gritos y golpes, lo que provocó la muerte de 41 de ellas y las heridas graves a otras 15.
Cuatro años después de esta tragedia, ni siquiera hay fecha para un juicio, si bien permanecen en prisión preventiva Lucinda Marroquín, el subcomisario de la Policía Luis Armando Pérez Borja y el ex secretario de Bienestar Social Carlos Rodas.
Proceso judicial lento
Aunque los hechos ocurrieron hace cuatro años, el proceso penal no ha caminado lo suficiente en el sistema de justicia, según organizaciones sociales.
Entre un primer grupo de acusados que fueron enviados a juicio se encuentra Lucinda Marroquín, inspectora de la Policía Nacional Civil, quien tuvo las llaves del salón donde se quemaron las adolescentes; así como Luis Armando Pérez, jefe de operaciones de la Comisaría 13.
También se encuentra Brenda Chaman Pacay, quien era la supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Harold Augusto Flores Valenzuela, quien era el jefe de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, y Gloria Castro Gutiérrez, defensora de Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En otra etapa del proceso figuran como acusados las antiguas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del centro Santos Torres), pero por diversas acciones legales, junto al retraso judicial ocasionado por la pandemia del covid-19, los expedientes no han avanzado en el sistema de justicia.
Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Septimo de Sentencia Penal. Los delitos que se imputan a los acusados son: homicidio culposo, maltrato de personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y lesiones leves.
“El proceso está pendiente de que regrese de la Sala de Apelaciones, porque quien conoce es el Tribunal Séptimo, pero en diciembre celebró una audiencia de medidas de coerción y le dio medida a Anahí Keller y Santos Torres. El Ministerio Público y los querellantes apelamos esta resolución, pero la Sala la confirmó. Es factible que estén con medida sustitutiva. Cuando baje el expediente se conocerá una solicitud de Carlos Rodas para revisión de medidas”, precisó el fiscal Carlos Gómez, a cargo de las investigaciones del caso.
Protección a la niñez guatemalteca
En el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala: “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Un camino hacia la dignidad”, indica que pese a las acciones y esfuerzos institucionales quedaban pendientes de realizar cambios en el modelo de protección de la niñez con reformas estructurales que permitan garantizar sus derechos, pero de forma particular para los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza.
Además, resalta que el Estado tenía la oportunidad de extraer las lecciones aprendidas de la tragedia para avanzar en la adecuación de medidas, cambios y reformas necesarias para transformar las perspectivas de los niños y adolescentes.
Entre sus recomendaciones, instó a revisar los criterios de institucionalización de los menores para que sea con un propósito legítimo y necesario, establecido en ley para evitar las estigmatizaciones como “riesgo social”.