Por: Enma Reyes
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realizó este sábado varios allanamientos en la Facultad de Ingeniería, Rectoría y en la Dirección General de Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en una investigación que se encuentra bajo reserva.
Las diligencias se realizaron en relación con las dos denuncias dejadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) previo a finalizar su mandato, en las que vincula al actual rector de dicha casa de estudios, Murphy Paiz, y al exrector Estuardo Gálvez, en actos de corrupción.
De acuerdo con la denuncia presentada por el ente internacional, el exrector Gálvez habría autorizado y gestionado ante el Consejo Superior Universitario la construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para la Escuela de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango, por un monto de Q64 millones 120 mil 730.37.
“Se otorgó la obra a la entidad Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (COCISA), por el monto de Q64,120,730.37. De dicho contrato se generó un desembolso del 20% por valor de Q11 millones 450 mil 130.42 mediante el cheque #093574 del Banco Rural S.A. a favor de la empresa antes mencionada, pero la obra no se ejecutó”, indica la denuncia presentada por CICIG.
Además, en otra denuncia, la Comisión internacional señaló que, en la administración de Murphy Paiz, exdecano de la Facultad de Ingeniería, hubo 62 proyectos de obra, de los cuales no fueron construidos y en otros se escogió la oferta más alta, con posible sobrevaloración.
“se identificaron 62 proyectos de obra, en los que se pudo determinar que algunas de estas obras no fueron construidas; en otras se escogió la oferta más alta -y se presume una sobrevaloración en el costo de la obra; existe un tercer grupo de proyectos que no se pudieron ubicar- por no ser claros los datos del concurso de adjudicación-, además de que en el lugar más próximo no existe la obra descrita en el concurso. Asimismo, se detallan compras directas de consumibles que presentan irregularidades, en especial por la utilización de la “compra fraccionada”, modalidad que permite evadir el proceso de cotización”, indica el documento presentado por CICIG.
Estas denuncias fueron presentadas al Ministerio Público el pasado 29 de agosto, cinco días antes de finalizar el mandato de la CICIG en el país -3 de septiembre-.