Por: Enma Reyes
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, acudió la mañana de este jueves a la citación de la jueza Verónica Ruiz, del Tribunal Noveno, para presentar sus pruebas de descargo por el antejuicio que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) plantearon en su contra por el financiamiento electoral ilícito del Partido Unionista (PU).
Según las investigaciones, el PU utilizó Q1 millón del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para financiar actividades que se realizaron en distintas zonas para llamar el voto, y así mantener en la comuna al fallecido Álvaro Arzú. Los hechos ocurrieron de 2011 a 2015, cuando Quiñónez fungía como concejal primero del Consejo de la Municipalidad y Vocal primero de dicho Comité.
Las pesquisas realizadas por la FECI y la CICIG señalan dos estrategias para captar fondos de la Municipalidad de Guatemala, estos fueron denominados Plan Hormiga y Plan Ocho.
El Plan Hormiga consistió en convertir a cada uno de los empleados municipales en captador de votos, desarrollando eventos y actividades de campaña a favor del Partido Unionista y de Álvaro Arzú.
En el caso del Plan Ocho, se realizaron capacitaciones y convivencias al interior de dicha comuna, donde se captaban los votos de los trabajadores en favor del partido, con el objetivo que los mismos empleados buscaran nuevos adeptos para la agrupación política, buscando así un efecto multiplicador en el voto.