Plaza Mayor/ Editorial
Los dos factores que más influyen para mejorar el desarrollo humano son la educación y la salud. Cuando estas no se atienden adecuadamente, y más bien se dejan en el abandono, se invierte el desarrollo y los países enfrentan profundas y prolongadas crisis sociales, derivadas de la frustración de una población que se sabe abusada y traicionada por los gobernantes y la clase política.
Guatemala presenta claros síntomas de que esto está sucediendo. Prueba de ello es la caída en la medición anual que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –del puesto 125 al 128 a escala mundial–, y solamente estamos un poco mejor que Honduras en Latinoamérica. Los índices no mienten.
Elevada mortalidad infantil, desnutrición, insalubridad y falta de atención médica primaria, y más aún especializada, son problemas que saltan a la vista y que poco o nada se hace para combatirlos. La gran mayoría de la población, que vive en pobreza y pobreza extrema, no recibe la atención preventiva ni curativa en materia de salud.
Si bien en los últimos años esto se ha agudizado, el fracaso en la salud pública ha sido evidente, y cuando se han producido avances importantes –eliminación de enfermedades, campaña de prevención, etcétera–, ha sido por la asistencia internacional y programas específicos que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) u otros organismos regionales.
Todos los años vemos que la prensa publica sobre las vergonzantes crisis hospitalarias, que no son más que la punta del iceberg, hundido en su mayor parte por la corrupción y falta de políticas y planificación efectivas. No se respeta ni cumplen los ocho artículos específicos de la Constitución de la República que señalan: El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.
De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y se incluye entre las atenciones básicas la asistencia médica, con énfasis especial en la madres y niños.
La OMS ha recomendado a los países en vías de desarrollo que amplíen la inversión en la salud, que se robustezcan los sistemas de salud y sanitarios y que se tengan estrategias de corto, mediano y largo plazo para mejorar las condiciones de vida de la población.
Los organismos internacionales reconocen que mejorando la educación y salud de la mayoría de los habitantes las naciones pueden avanzar no solamente en el orden socioeconómico, sino también encontrar mejores vías para coexistir con respeto a la equidad de género y al medioambiente, entre otros muchos beneficios.
Cuando se comprueba que hay abandono del sistema hospitalario a escala nacional, no debe extrañar en absoluto que también estén fracasando las políticas preventivas, como campañas de vacunación y atención primaria –puestos de salud–. En este momento, la salud pública del país está por los suelos y, hay que decirlo, no basta con donaciones –que no son malas ni mucho menos–, porque se requiere de toda una política efectiva y eficiente de salud pública, con el respaldo de fuerte financiamiento en el presupuesto de la Nación, manejado, por supuesto, con transparencia.
La educación y la salud deben ir de la mano. En nuestro triste caso, así ocurre, pero lamentablemente para mal, porque ambos derechos son vulnerados por la falta de una visión de país que debiera colocarlos como prioridad nacional. La corrupción ha sido, en gran medida, causante del descalabro de las políticas públicas y la falta de efectividad institucional a escala nacional y en todas las áreas.
No debemos olvidar que la compra de medicinas se ha convertido, desde hace muchos años, en una de las fuentes más grandes de corrupción en la administración del Estado.
Niños y jóvenes sanos, con acceso a una educación eficiente, pueden cambiar el rumbo de una nación. La población en general tiene el derecho humano y constitucional a recibir adecuada atención de salud. Debe principiar a cumplirse este mandato.