La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) urgió este lunes al futuro gobierno de Guatemala a mantener la lucha contra la corrupción, ante la salida de una misión antimafias de la ONU.
La entidad también pidió al presidente electo, Alejandro Giammattei, asumir personalmente el combate a la corrupción, de la cual 98% de los casos que llegan a tribunales permanecen en la impunidad, según Transparencia Internacional.
También cuestionó la postura adoptada por Giammattei desde su campaña, de rechazar la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato concluye este martes.
La Comisión termina su mandato luego de 12 años de trabajo, en los que develó varios escándalos de corrupción.
«Preocupa considerablemente la paradójica estrategia del electo presidente Giammattei, quien por un lado rechaza el apoyo internacional y multilateral (…) pero por otro lado, y ante el vacío que dejará esta institución, ha propuesto pedir asistencia al FBI de Estados Unidos para el combate de la criminalidad», advirtió la FIDH.
El caso más sonado que reveló la Cicig fue el de una red de sobornos en las aduanas, que en 2015 provocó la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez, señalado de ser líder de la operación.
Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti se mantienen en prisión a espera de un juicio por ese y otros casos de corrupción que se les achacan.
La FIDH comentó que en agosto denunció «el gran riesgo de retroceso para los logros obtenidos en materia de justicia, pero también el desmoronamiento de la misma institucionalidad guatemalteca».
Alertó además «acerca del probable debilitamiento de la independencia de la justicia» con la salida de la misión internacional, debido a alianzas entre civiles y militares acusados de corrupción.
La Cicig llega al final de su mandato luego de que el presidente, Jimmy Morales, renegó de su promesa de campaña de extender su mandato hasta el 2021.
Su gobierno ha tenido enfrentamientos con la misión de la ONU, que lo investigó por financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2015, y ha sido señalado de tener vínculos con grupos inmersos en corrupción.
«La FIDH expresa su preocupación acerca de las actuaciones de esta alianza que se encontrará todavía en el poder en los próximos 4 meses hasta que el nuevo Congreso y el presidente Giammattei se posesionen en enero de 2020», puntualiza.