Gonzalo Marroquín Godoy
Tras las elecciones –que dejan muchas lecciones sobre la necesidad de promover cambios a futuro–, llega otro proceso trascendental para el país.
En nuestro país no hay respiro. Apenas ha concluido la elección de autoridades municipales, diputados y del binomio presidencial –Alejandro Giammattei-Guillermo Castillo–, y pronto estaremos inmersos en otro proceso trascendental para Guatemala, pues se debe elegir en los próximos dos meses a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de apelaciones, es decir, las autoridades máximas del tercer poder del Estado.
Las comisiones de postulación tienen que iniciar su trabajo de inmediato, pero es en ellas donde se encuentra el primer obstáculo, pues siempre se produce la manipulación en las nominaciones, impulsadas por grupos que pretenden mantener el manto de impunidad, principalmente enfocado a favorecer a la llamada clase política, que no quiere perder sus privilegios ni desea que el Organismo Judicial pueda cumplir con su labor como el contrapeso necesario para hacer funcional la democracia.
Los rectores de las universidades Mesoamericana, Félix Serrano, y de la USAC, Murphy Paiz tienen la difícil tarea de sacar adelante un proceso postulador transparente, una tarea que más bien parece misión imposible, ante la conformación de las dos comisiones que presiden y que están conformadas por representantes del Colegio de Abogados, los actuales magistrados de la CSJ, magistrados de salas de apelación y los decanos de las facultades de derecho de todas las universidades.
Hay demasiados intereses de sectores en juego, esta vez más que nunca. Por eso se verá que tratan de meter sus manos en las dos postuladoras los operadores de políticos, grupos oscuros y hasta aquellos que tienen procesos en marcha y, sin la amenaza de la CICIG encima, desean tener magistrados amigos a la hora de los fallos en instancias superiores.
Recordemos cuando descaradamente, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, reconoció públicamente que en 2004 alrededor de una cama en el hotel Vista Real, se decidieron las candidaturas para magistrados de las cortes. Varios nombres de los grandes operadores, que promueven candidaturas a magistrados han sido públicos y al menos el más destacado de ellos, Roberto López Villatoro –el famoso Rey del tenis–, se encuentra en prisión, precisamente acusado de traficar influencias y corromper este sistema de elección, imposible de modificar de fondo si no se hacen cambios a nivel constitucional.
Se sabe que los partidos que llegan al poder y los gobernantes de turno meten sus manos en estos procesos. Aunque Jimmy Morales pierde poder cada día, seguramente tratará de llevar agua a su molino en el proceso, pensando en un marco de impunidad para él cuando deje el poder en enero de 2020. Y aquí viene algo que vale la pena que todos pongamos atención especial, porque tendrá que ver con el futuro de los próximos cuatro años.
No faltará quienes se acerquen al presidente electo, Alejandro Giammattei –seguro ya lo hicieron a estas alturas–, para ofrecerse como operadores suyos en el proceso. Ojalá que no caiga en la tentación, porque entonces estaremos ante los primeros mensajes negativos sobre lo que será su gestión de 2020 a 2024.
Para que la democracia se fortalezca –y sea funcional–, se necesita que haya independencia de poderes. Ya Giammattei cometió un primer error al anunciar que pronto haremos que la UNE desaparezca y tendremos una bancada mayoritaria en alianza con otros partidos. Estas palabras fueron un desaguisado, porque pueden ser el preludio de mantener la vieja práctica de tratar de controlar al Congreso, en vez de permitir y promover la independencia de poderes.
Su vicepresidente, Guillermo Castillo tiene clara la importancia de tener jueces y magistrados independientes –él fue magistrado de sala–, y no intervenir en este proceso sería una muestra de un cambio positivo en el quehacer político del país. Ojalá veamos esto.
Después del trabajo de las postuladoras vendrá la votación en el Congreso, del que no se puede esperar nada bueno. Si el listado de las comisiones no es el adecuado, más fácil será para los diputados hacer de las suyas. Recordemos que muchos de los actuales parlamentarios están bajo procesos judiciales y, en algunos casos, dependen de su inmunidad para no enfrentar la justicia ante las denuncias en su contra.
Demasiados peligros a la vista. Ojalá que la presión de la sociedad civil sobre las postuladoras logre que entren buenos candidatos. De lo contrario, perderemos cuatro años más en la búsqueda del necesario contrapeso del sistema de justicia ante el voraz sistema político.