Editorial
Nunca antes en nuestra historia el presidente y su vicepresidente fueron obligados a renunciar por un caso de corrupción, mucho menos, terminar en la cárcel en el mismo período en el que deberían gobernar. Es algo inusitado no solo para Guatemala, sino incluso a nivel mundial, en donde podemos apreciar –por medio de las noticias internacionales– que también se libra una batalla que busca terminar con la impunidad y promover la transparencia en la administración pública.
Lo que está sucediendo en torno al sistema de justicia es verdaderamente ejemplar. El Ministerio Público (MP), de la mano con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han abierto una brecha que jamás debe cerrarse. Se ha sentado un precedente que marca diferencia a futuro en el ejercicio de la administración pública, pues ha quedado demostrado que se puede perseguir la corrupción, que se debe exigir de las autoridades la mayor transparencia posible y que, cuando hay independencia de poderes, la justicia puede funcionar como corresponde.
Hace falta avanzar en reformas profundas a las instituciones del Estado, pero lo que se ha caminado es importante y vital. Todo funcionario público está ahora más consciente de que cualquier acto ilícito que haga o tolere puede ser descubierto y perseguido judicialmente. El marco de impunidad que había tejido paulatina, pero consistentemente, la llamada clase política, ha recibido también un fuerte golpe. De esta lucha no han salido indemnes jueces y magistrados, que eran parte de una estructura que puede calificarse de criminal.
Los golpes que se han asestado han sido brutales y certeros. Además de los dos exgobernantes –Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti–, hay funcionarios del más alto rango en los organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el poder local (municipalidades), detenidos y bajo procesos judiciales. El brazo de la justicia se ha extendido como jamás lo había hecho.
Por supuesto que todo lo que está sucediendo constituye un reto gigantesco para todas las instituciones del sector justicia. El Ministerio Público ha sido el primero en cambiar su rostro –anteriormente pasivo en la lucha contra la corrupción–, pero también se han visto acciones positivas y determinantes de parte de la Corte Suprema de Justicia, en donde se ha aceptado hasta el antejuicio en contra de la magistrada Blanca Stalling, quien es vista como una de las piezas clave para mantener la impunidad de políticos y estructuras del crimen organizado.
También se investiga y procesa por diversos delitos a varios jueces, algo que tampoco sucedió con anteriores administraciones del Organismo Judicial.
Queda claro que es trascendental la presencia de la CICIG en el país, pero, a partir de ahora, hay que ver la manera de fortalecer al MP, para que en un futuro no tan lejano pueda cumplir a cabalidad con las tareas que ahora realiza con el apoyo del organismo internacional.
No hay que dejar por un lado el papel corrupto de varios diputados que han sido alcanzados por el mismo brazo de la justicia. Está claro que ya no se podrá seguir corrompiendo al sistema político como hasta la fecha. Sería interesante si se pudiera investigar sobre corrupción en algunas de las aprobaciones de leyes en donde ha circulado dinero en el Congreso. Eso no lo decimos nosotros, lo han dicho, incluso, los propios diputados.
Si el Organismo Judicial funciona con independencia, se convierte en un eficiente fiscalizador de los otros poderes del Estado. Por eso hay que seguir exigiendo que las autoridades sean independientes, para que más adelante se reforme, con este fin, el sistema de elección de jueces y magistrados, apostando por la carrera judicial, para que los nombramientos dependan menos del poder político.