PlazaMayor / Editorial
El primer número de la revista Crónica presentaba ya “Las penas de Otto”, y mostraba que en aquel momento –marzo del 2013–, el Gobierno del Partido Patriota (PP), encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se encontraba en medio de constantes problemas y principiaban los señalamientos de corrupción, todo en medio de un ambiente de poca gobernabilidad y estabilidad.
Desde entonces no cesaron las publicaciones de la prensa independiente que apuntaban a una creciente corrupción en la administración pública, al tiempo que la crisis institucional se aceleraba y el ambiente político se enturbiaba; sobre todo, con las transas que se cocinaban en el Congreso de la República, en donde un contubernio entre el partido oficial y el supuesto opositor, Líder, tejían una maraña para asegurarse del control del sector justicia y, con eso, pensaban asegurar la impunidad que ya imperaba.
Pero se conjugaron tres factores: primero, esa prensa que mantuvo la fiscalización e investigación en torno a la corrupción; segundo, la intervención decisiva y fundamental de la CICIG en las investigaciones de casos puntuales –La Línea, IGSS, financiamiento de partidos, lavado de dinero con intervención de políticos, y plazas fantasmas en el Congreso–; y tercero, el despertar de la ciudadanía con ese heroico movimiento que ha sumado casi 20 semanas de protestas en demanda de transparencia y pidiendo #RENUNCIA YA y #JUSTICIA YA.
De las denuncias por falta de transparencia, se pasó al destape de escándalos de corrupción, de enriquecimiento ilícito desmedido, de compras y negocios multimillonarios del Estado –aún faltan por verse– todo, con el fin de que funcionarios se beneficiaran con las sobrevaloraciones y comisiones que se daban semana a semana, y que están documentados en notas periodísticas, en especial del diario elPeriódico, que ha sufrido un acoso judicial y comercial despiadado.
Muchas veces hemos citado en este espacio a Lord Acton, el político inglés que advirtió al mundo con sabiduría en el siglo XIX que “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. A esta frase de tanto realismo, se le podría agregar que el poder también ciega a quienes lo alcanzan, al extremo de llegar a creer que nunca serán alcanzados por el brazo de la justicia.
En el caso de Guatemala, hay que decir que la clase política fue creando paulatinamente una plataforma de impunidad por medio del control de jueces y magistrados, la cual empieza a desmontarse hasta ahora, precisamente por el papel que juega CICIG, y porque muchos de los jueces y magistrados que llegaron con compromisos a sus cargos, entienden ahora que pueden optar por el camino de la dignidad y la independencia.
Volviendo al destino que el propio Gobierno de Pérez-Baldetti se trazó, hay que destacar que la corrupción se volvió tan grande que era imposible ignorarla. Luego, la convergencia de ese malestar, con los ya ampliamente conocidos destapes de la CICIG y el MP, terminaron la tarea y han puesto fin a una administración que no deja nada para el país, más que la evidencia de se requiere de reformas profundas al sistema político. Y conste, que no nos referimos a la mediocre reforma a la Ley Electoral que se trata de presentar ahora como solución.
Lo sucedido desde el inicio de esta tragedia ha sido narrado de diversas formas por la prensa. El derrumbe no se dio de la noche a la mañana. Lo más penoso es que nunca se detuvo, a pesar de las advertencias que se daban.
La conclusión positiva que se puede tener, es que si bien es cierto que la clase política ha creado un sistema perverso de enriquecimiento, en este momento parece que el imperio de la ley y la justicia empieza a ganar la batalla.
Para aquellos que tanto adversaron a la CICIG, que les quede claro que el país estaba en medio de una trama bien estructurada para construir cada vez más y más impunidad.
Se requería, como ha quedado demostrado, del apoyo internacional para empezar a salir del hoyo en que nos encontramos. Pero, ¡ojo!, no hay que perderse, el cambio apenas empieza.