- CACIF e ICEFI coinciden en exigir respaldo técnico y controles al gasto. El sector empresarial pide reducir el endeudamiento.
- Ambas organizaciones demandan frenar nuevos aportes extraordinarios a los Codedes y proteger programas destinados a la niñez.
Redacción Crónica
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, por Q192,045.1 millones, enfrenta advertencias del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras —CACIF— y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales —Icefi—. Desde sus respectivos análisis, ambas entidades cuestionan el financiamiento, la capacidad institucional para ejecutar los recursos y las garantías de transparencia antes de su aprobación.
Las observaciones llegan cuando la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por Willy Ralda, prepara el dictamen de la iniciativa 6841. El 28 de octubre, la sala escuchó a representantes de centros de pensamiento, entre ellos Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, quien presentó diez recomendaciones técnicas para modificar la propuesta.
La deuda concentra una de las principales alertas. El CACIF señala que el proyecto contempla Q45,619 millones de financiamiento mediante endeudamiento, incluidos Q42,750 millones en bonos del Tesoro. Según su análisis, el gasto aumentaría 13.8%, por encima del crecimiento previsto de los ingresos tributarios —9.9%— y del PIB nominal —7.2%—, con un déficit equivalente al 4.4% del producto interno bruto.
Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del CACIF, pidió al Congreso no aprobar el presupuesto en las condiciones presentadas. Sigfrido Lee, director de su Unidad Económica, planteó reducir el gasto y la deuda asociada, exigir capacidad de ejecución antes de ampliar asignaciones y vincular los recursos con resultados verificables para la población.
El Icefi cuestiona específicamente que Q22,915 millones de los bonos solicitados —el 53.6%— financiarían gasto corriente. El instituto considera que ese destino contraviene la prohibición del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto y pide al Ejecutivo justificarlo, además de presentar estudios sobre los efectos fiscales y monetarios del endeudamiento. Se trata de un señalamiento técnico y jurídico del instituto, no de una resolución judicial.
Codede: recursos abundantes y ejecución reducida
Otra advertencia del Icefi apunta a los Consejos Departamentales de Desarrollo. Al 26 de octubre, su ejecución presupuestaria alcanzaba apenas 30.9%, por lo que recomienda no incorporar otro aporte extraordinario. Estima que los recursos disponibles en 2027 podrían superar Q13 mil millones y que nuevas ampliaciones elevarían la asignación muy por encima de su capacidad real para ejecutar proyectos.
El instituto advierte que la combinación de fondos cuantiosos, controles debilitados y un año electoral aumenta la exposición a corrupción, utilización partidaria y captura por estructuras criminales. También solicita revisar los aportes directos propuestos para 117 organizaciones no gubernamentales, por Q2,437.4 millones, y excluir organizaciones sin legitimidad o respaldo suficiente.
Obras y programas deben demostrar cómo se ejecutarán
Las recomendaciones incluyen exigir expedientes, calendarios y capacidad institucional para inversiones como la ampliación de Puerto Quetzal, por Q4,800 millones; los proyectos viales prioritarios, por Q3,517.6 millones; y la Agencia Nacional de Infraestructura, por Q2,550 millones. El Icefi también reclama identificar beneficiarios y medidas contra la politización en programas sociales, incluido Mano a Mano, con Q3,015.4 millones.
La preocupación empresarial coincide en que aumentar asignaciones no garantiza mejores servicios. Fernando Spross, investigador asociado de Fundesa, señaló durante la presentación conjunta que el funcionamiento absorbería 67.1% del presupuesto, frente a 20.1% de inversión y 12.8% de servicio de la deuda. Los participantes pidieron evaluar tanto la calidad del gasto como los mecanismos de contratación y rendición de cuentas.
La niñez también entra en la discusión
El Icefi pide revertir reducciones previstas en educación básica, diversificada e inicial, así como restituir recursos para monitoreo del crecimiento infantil, micronutrientes y vacunación. También cuestiona una disminución de 30.9% en las metas de raciones del programa alimentario. Sus recomendaciones incluyen detallar el destino y calendario de los aportes electorales al Tribunal Supremo Electoral y corregir las proyecciones de ingresos tributarios.
La postura oficial sostiene que la expansión presupuestaria permitirá financiar inversiones extraordinarias, infraestructura y necesidades sociales. Al presentar la propuesta, el Ministerio de Finanzas afirmó que la trayectoria de deuda sería sostenible y destacó recursos para Puerto Quetzal, las elecciones de 2027 y obligaciones pendientes con el Banco de Guatemala. Esa explicación antecede a las observaciones presentadas esta semana. A
Las advertencias colocan al Congreso ante una decisión que rebasa el monto total: qué financiar, con qué recursos y bajo qué controles. El CACIF reclama contención del gasto y del endeudamiento; el Icefi propone correcciones que también protejan la inversión social. La coincidencia es exigir que las asignaciones tengan justificación técnica y puedan traducirse en resultados comprobables y con transparecncia.