- El presidente anunció cambios en la cúpula militar y puso a disposición de la investigación al personal, las armas y el equipo de la unidad desplegada en el municipio.
- Defensa reconoció que soldados dispararon, pero la conferencia no esclareció quién causó la muerte de las ocho víctimas.
Redacción Crónica
Once días después de la masacre de Huité, Zacapa, el presidente Bernardo Arévalo anunció este jueves 8 de octubre relevos en dos mandos del Ejército y medidas para facilitar la investigación penal. Las decisiones constituyen una primera consecuencia administrativa por los hechos del 27 de septiembre, pero dejaron pendiente la explicación central: quién disparó contra las ocho personas fallecidas y bajo qué circunstancias.
Los funcionarios relevados son el general de división José Giovani Martínez Milián, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y el coronel de Infantería Erwin Constanza Hidalgo, comandante de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Zacapa. El informe elaborado por una comisión militar incluye a 107 integrantes de distintas jerarquías, cuyo personal quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Arévalo explicó que los cambios buscan facilitar las averiguaciones y distinguió su alcance: “Estas son decisiones administrativas, no las conclusiones judiciales del caso”. La concentración del personal en la brigada y la disponibilidad de su armamento y equipo, por tanto, no equivalen a una declaración de culpabilidad ni al anuncio de 107 capturas.
En la Jefatura del Estado Mayor asumió el general de brigada Moisés Alexander López López. Sin embargo, el comunicado militar precisó que Martínez Milián ocupará otro puesto dentro del servicio, sin identificar su nueva asignación. La institución presentó el relevo como parte de su funcionamiento ordinario, mientras el mandatario lo vinculó con las medidas adoptadas para facilitar la investigación de Huité.
Esa diferencia importa: el anuncio presidencial supone retirar a un alto mando de una posición de autoridad durante las averiguaciones, pero no significa su separación definitiva del Ejército. Tampoco se detallaron públicamente las responsabilidades administrativas atribuidas a cada funcionario relevado.
La principal novedad sobre lo ocurrido fue el reconocimiento de que personal militar efectuó disparos. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que, según el informe interno, las tropas instalaban puestos de registro y control en los accesos al casco urbano. Al escuchar detonaciones sin identificar una amenaza ni conocer su origen, realizaron disparos que calificó de advertencia. Sostuvo, además, que decidieron no ingresar al enfrentamiento para evitar una escalada.
La explicación abre preguntas que la conferencia no resolvió públicamente. ¿En qué puntos dispararon los soldados? ¿Hacia dónde dirigieron sus armas? ¿Qué correspondencia existe entre esos disparos, las distintas escenas del crimen y las lesiones de las víctimas? Llamarlos disuasivos describe la versión militar sobre su propósito; determinar sus efectos exige contrastarla con peritajes, testimonios y evidencia material.
El MP procesó cuatro escenas y recolectó 77 indicios balísticos. También ha trascendido la hipótesis de que hombres armados buscaban a Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito. Pero la posible búsqueda de una persona señalada por narcotráfico no explica, por sí sola, la muerte de quienes quedaron atrapados en aquella jornada.
Los antecedentes muestran por qué persiste la desconfianza. En las primeras declaraciones, la portavoz militar, Nathalia Mollinedo, negó una incursión del Ejército y atribuyó la violencia a una disputa del crimen organizado. Después, al circular imágenes de vehículos J8 y camiones con soldados, la institución reconoció el despliegue, aunque sostuvo que permaneció en los accesos y evitó entrar al enfrentamiento. El reconocimiento de disparos incorpora ahora un elemento que las explicaciones iniciales no habían aclarado.
También hubo mensajes discordantes sobre el informe. El 7 de octubre, Arévalo afirmó que debería estar siendo entregado al MP; horas antes, Defensa había respondido que no existía un tiempo determinado para concluir las indagaciones. La revisión fue realizada por personal de distintas dependencias del propio Ejército y abarcó aspectos operativos, logísticos, de personal e inteligencia.
Este jueves, Sáenz informó que la documentación había sido entregada mediante la judicatura correspondiente y estaba en camino al Ministerio Público. Arévalo atribuyó la falta de divulgación de sus detalles a la reserva judicial, no a razones de seguridad nacional. Esa reserva limita el acceso público a las conclusiones, pero no despeja las contradicciones conocidas.
Detrás de las versiones oficiales están las familias. Entre las víctimas se encontraban Vilma Elizabeth Paz Paiz, de 56 años, y sus dos hijas, de 28 y 22. Según testimonios recogidos en el lugar, habían salido a cargar combustible para viajar temprano al día siguiente. Rosario Paz, una pobladora, relató que hombres armados dispararon contra su vehículo sin advertencia. Su señalamiento contra el Ejército debe ser investigado; todavía no constituye una responsabilidad judicial establecida, pero las dudas persisten.
Huité despidió a sus muertos en el parque central y suspendió celebraciones municipales. Para esas familias, los relevos son apenas un paso. La investigación debe establecer la secuencia de los ataques, identificar a quienes utilizaron las armas y determinar si existieron responsabilidades en la cadena de mando. El Gobierno anunció colaboración y cambios; la verdad sobre las ocho muertes continúa pendiente.