- El Decreto 22-2026 fue aprobado con 148 votos y suspende temporalmente el IVA y el IDP.
- La medida busca llevar una reducción directa a los consumidores después de semanas de bloqueos, manifestaciones y amenazas de aumentar el precio del transporte.
Redacción Crónica
El Ejecutivo y el Congreso dejaron atrás la propuesta de fijar precios máximos mediante un subsidio y optaron por eliminar temporalmente los impuestos que gravan las gasolinas y el diésel, en un intento por contener la escalada de precios y desactivar el creciente malestar social.
El pleno legislativo aprobó con 148 votos el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles. La norma suspende el Impuesto al Valor Agregado —IVA— aplicado a la importación y venta, así como el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados —IDP—, para la gasolina superior, la gasolina regular, el diésel y el gas oil.
La iniciativa 6852 fue presentada por los diputados oficialistas Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria, pero llegó al pleno respaldada por representantes de casi todas las bancadas. Antes de aprobarla, 149 diputados votaron para dispensarla de dictamen y conocerla de urgencia nacional, en un solo debate. La aprobación final obtuvo 148 votos.
El consenso se produjo después de varias semanas de bloqueos, marchas y reuniones entre el Gobierno, diputados, los 48 Cantones de Totonicapán, transportistas de carga, propietarios de autobuses extraurbanos, comerciantes y organizaciones de mercados. Estos sectores rechazaron el subsidio aprobado inicialmente y exigieron que la reducción se aplicara directamente en las estaciones de servicio.
Del subsidio a la eliminación de impuestos
El Congreso había aprobado el 8 de septiembre el Decreto 21-2026, que destinaba Q2 mil 500 millones para mantener precios de referencia de Q39 por galón de diésel y gasolina regular, y Q41 para la gasolina superior. Sin embargo, las objeciones presentadas por el diputado Allan Rodríguez, de la bancada Vamos, detuvieron su traslado al Ejecutivo.
La resistencia social también pesó. Transportistas y autoridades indígenas consideraron que el subsidio beneficiaba inicialmente a los importadores y no ofrecía suficientes garantías de que la ayuda llegaría íntegramente al consumidor. Frente a la posibilidad de nuevas protestas y aumentos en las tarifas del transporte, el Gobierno y los bloques legislativos terminaron aceptando la exoneración tributaria.
El presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, reconoció antes de la votación que la decisión respondía directamente a lo demandado por los sectores movilizados.
“El subsidio lo satanizaron y la mayoría ahora no lo quiere, aunque en teoría sería un alivio mayor”, declaró Contreras. Al referirse a las exigencias de indígenas, transportistas y comerciantes, agregó: “No es presión, es reclamo”.
José Carlos Sanabria presentó la iniciativa como el resultado de negociaciones entre oficialismo y oposición.
“Es una iniciativa que trabajamos de manera conjunta con muchos bloques legislativos; representa el consenso que ha escuchado a la población guatemalteca”, afirmó el diputado.
La aprobación también recibió el respaldo de bancadas que habían presentado propuestas similares desde marzo. Inés Castillo, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza —UNE—, sostuvo que su bloque apoyaría la nueva ley porque anteriormente había propuesto suspender los impuestos. Representantes de Todos, Valor, Vamos y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad —VOS— también votaron favorablemente, aunque se disputaron públicamente el crédito por la medida.
Cuánto podrían bajar los combustibles
Las estimaciones incluidas en la iniciativa calculan que la eliminación del IVA y el IDP podría situar el galón de diésel en Q40.66, la gasolina regular en Q32.90 y la gasolina superior en Q34.59.
Estos valores no constituyen precios máximos garantizados. El precio final continuará dependiendo del mercado internacional, los costos de importación, el transporte, la distribución y los márgenes de comercialización. La reducción podrá variar si vuelven a subir las cotizaciones internacionales del petróleo y de los combustibles refinados.
La ley establece, sin embargo, que el beneficio tributario deberá trasladarse obligatoriamente al consumidor final. Las facturas electrónicas tendrán que desglosar el monto de la exención correspondiente a cada galón despachado, con el propósito de facilitar la fiscalización y evitar que importadores, distribuidores o gasolineras absorban parte de la rebaja.
La Superintendencia de Administración Tributaria —SAT— y el Ministerio de Energía y Minas deberán supervisar el cumplimiento. La norma contempla sanciones para quienes no trasladen la reducción y prohíbe sacar del país los combustibles adquiridos bajo el régimen de exoneración.
El reglamento deberá elaborarse en un plazo de cinco días hábiles después de que la ley entre en vigor.
Una medida costosa y temporal
La exoneración supondrá un sacrificio fiscal estimado en Q3 mil 318.4 millones: Q1 mil 332.2 millones correspondientes al IDP y Q1 mil 986.2 millones al IVA.
La medida estará vigente desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 volverán a cobrarse ambos impuestos, salvo que el Congreso decida prolongar la exoneración.
Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque Valor, justificó la decisión por la dimensión de la crisis. “Estamos viviendo momentos excepcionales donde el precio del combustible, específicamente el diésel, ha llegado a precios que nunca se habían visto en la historia del país; superó el umbral de Q50 por galón”, señaló.
La ley deberá ser trasladada al presidente Bernardo Arévalo para su sanción y posterior publicación en el Diario de Centro América. Solo entonces entrará en vigor y podrá comenzar a reflejarse en los precios.
El desafío inmediato para el Gobierno será garantizar que la rebaja tributaria llegue completa y rápidamente a las estaciones. Si los precios no disminuyen en la proporción esperada, la inconformidad podría trasladarse de nuevo a las calles y aumentar las presiones para controlar los márgenes de comercialización.
La exoneración ofrece un alivio temporal, pero no resuelve la vulnerabilidad estructural de Guatemala frente a los mercados internacionales. El país importa prácticamente todos los combustibles que consume y seguirá expuesto a la guerra en Oriente Medio, la escasez de productos refinados y las variaciones del precio internacional.
Por ahora, la decisión cumple un objetivo político urgente: ofrecer una respuesta visible a los consumidores y reducir la tensión que durante las últimas semanas produjo bloqueos, amenazas de aumentar el pasaje y protestas contra el Gobierno y el Congreso.