- El pleno debe resolver las objeciones que mantienen detenido el subsidio aprobado hace dos semanas y conocerá una propuesta para eliminar temporalmente el IVA y el IDP.
- Si nuevamente prevalece la disputa política, podrían regresar las protestas de transportistas y organizaciones sociales.
Redacción Crónica
Bajo una intensa atención pública y con la amenaza de nuevas protestas, el Congreso de la República afronta este martes una de las decisiones más sensibles del año: determinar qué medida o medidas aplicará para contener el alza de las gasolinas y el diésel, cuyos efectos ya se trasladan al transporte, los alimentos y otros productos básicos.
El pleno tiene previsto conocer las objeciones presentadas contra el Decreto 21-2026, aprobado de urgencia nacional el pasado 8 de septiembre. La norma establece, hasta el 31 de diciembre, precios de referencia de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior, mediante un fondo compensatorio de hasta Q2 mil 500 millones.
Sin embargo, el decreto no ha sido enviado al Organismo Ejecutivo ni puede entrar en vigor porque el diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, presentó cuatro objeciones. Rodríguez cuestiona la falta de tiempo y transparencia durante la aprobación, posibles errores en el procedimiento legislativo, inconsistencias en los precios fijados y una supuesta vulneración de la certeza jurídica.
Las objeciones han mantenido paralizada una medida aprobada bajo la presión de los 48 Cantones de Totonicapán, organizaciones de transporte pesado y gremiales del transporte extraurbano de pasajeros, que durante varios días bloquearon carreteras y exigieron una respuesta al encarecimiento de los combustibles.
La batalla de Allan Rodríguez
Allan Rodríguez pertenece a Vamos, el partido que llevó al poder a Alejandro Giammattei y que conserva una de las bancadas más numerosas del Congreso. El diputado sostiene que no se opone a reducir el precio de los combustibles, sino al mecanismo escogido para hacerlo. Su sector favorece la eliminación temporal de impuestos en lugar de un fondo público que compense a importadores y distribuidores.
El trámite también quedó rodeado de controversia porque en el documento original de las objeciones se consignó equivocadamente el Decreto 9-2026, relacionado con jubilados y pensionados militares, en vez del Decreto 21-2026. Rodríguez atribuyó el error a la utilización de un formato anterior y aseguró que fue corregido. La Junta Directiva consideró que la equivocación no anulaba el planteamiento y que el pleno debía conocerlo.
Si los diputados rechazan las objeciones, el Decreto 21-2026 podrá ser remitido al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Solo después de ese trámite podrá comenzar a aplicarse. Si las objeciones prosperan, la norma deberá corregirse o quedará detenida, mientras el Congreso intenta aprobar otra respuesta.
Una nueva propuesta: eliminar temporalmente los impuestos
La discusión ya no se limita al subsidio. Después de dos reuniones celebradas el lunes, los jefes de bloque alcanzaron un acuerdo preliminar para presentar una iniciativa de exención tributaria temporal de emergencia. El proyecto suspendería hasta el 31 de diciembre el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados —IDP— y el Impuesto al Valor Agregado —IVA— aplicado a la importación y venta de diésel, gas oil, alcohol carburante, gasolina regular y gasolina superior.
Las estimaciones preliminares del Ministerio de Finanzas calculan que la eliminación temporal de ambos tributos tendría un costo fiscal de Q3 mil 318.4 millones. La propuesta obligaría al Gobierno a efectuar readecuaciones presupuestarias para cubrir los programas financiados con esos ingresos.
Los promotores calculan que la eliminación de impuestos podría reducir entre Q6 y Q9 el precio por galón. Las proyecciones sitúan el diésel alrededor de Q40.66, la gasolina regular en Q32.90 y la superior en Q34.59. Se trata, por ahora, de estimaciones incluidas en el anteproyecto y no de precios garantizados para el consumidor.
El proyecto sería respaldado por diputados de distintas bancadas para evitar que se convierta en bandera electoral de un solo partido. No obstante, todavía debe ser presentado formalmente, recibir número de iniciativa, obtener dictamen o conseguir los 107 votos necesarios para ser conocido y aprobado de urgencia nacional.
El Congreso, por tanto, podría encontrarse ante dos mecanismos simultáneos: mantener el fondo compensatorio aprobado en el Decreto 21-2026 y complementarlo con la eliminación temporal de impuestos, o abandonar el subsidio y concentrar el alivio en la reducción tributaria. Aprobar ambos instrumentos supondría un impacto elevado sobre las finanzas públicas y exigiría controles para evitar duplicidades o beneficios desproporcionados a determinados actores de la cadena de comercialización.
Diputados con la mirada puesta en 2027
La posibilidad de un consenso está condicionada por el calendario electoral. A pocos meses de la convocatoria a elecciones generales, numerosos diputados buscarán la reelección o negociarán espacios dentro de los partidos que competirán en 2027.
En ese contexto, el precio de los combustibles ofrece una oportunidad para obtener rédito político. Nadie quiere asumir ante los electores la responsabilidad por el galón caro, pero las bancadas discrepan sobre quién debe presentar la solución, cómo debe financiarse y quién puede adjudicarse el resultado.
Esa lógica puede conducir a dos caminos. El primero sería un acuerdo amplio, porque todos los bloques necesitan mostrar que respondieron a una demanda ciudadana. El segundo —y más peligroso— sería que la disputa por el protagonismo termine retrasando nuevamente las medidas, mientras cada bancada culpa a las demás.
La interrogante no consiste únicamente en saber si el Congreso aprobará un subsidio o eliminará impuestos, sino si podrá construir una política técnicamente sostenible y comprensible para el consumidor. Un alivio inmediato que deje sin financiamiento programas públicos o que se agote en pocas semanas trasladaría el problema hacia adelante sin resolverlo.
El riesgo de nuevas protestas
Si el pleno termina la jornada sin una decisión concreta, aumentará la posibilidad de que transportistas y organizaciones sociales regresen a las carreteras. Las movilizaciones de finales de agosto y principios de septiembre acumularon decenas de bloqueos y demostraron que el encarecimiento del combustible ya no se percibe únicamente como un asunto del transporte.
Guatemala importa la totalidad de los combustibles refinados que consume y, por ello, está expuesta al precio internacional del petróleo, al costo del transporte marítimo y a las interrupciones de las rutas comerciales. El cierre y la inseguridad en torno al estrecho de Ormuz han elevado nuevamente el petróleo por encima de los US$100 por barril.
El aumento del diésel encarece el traslado de personas, mercaderías y productos agrícolas. Por esa vía termina reflejándose en los mercados, tiendas y servicios. La protesta, por tanto, puede ampliarse desde los gremios de transportistas hacia comerciantes, productores agrícolas y familias que ya resienten la pérdida de poder adquisitivo.
La siguiente crisis está en el campo
Mientras el Congreso intenta apagar la crisis de los combustibles, otra amenaza avanza en las áreas rurales. La sequía y la irregularidad de las lluvias ya han afectado cultivos de maíz y frijol en comunidades del oriente y el occidente del país.
El Ministerio de Agricultura mantuvo bajo vigilancia más de cien municipios y proyectó lluvias inferiores a lo normal en buena parte del territorio agrícola. Agricultores de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, San Marcos y Quetzaltenango han reportado milpas dañadas por falta de agua, temperaturas elevadas, granizo y episodios fuertes de lluvia.
La amenaza puede agravarse con el llamado “Súper Niño”, que alcanzaría su mayor intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El Comité Internacional de Rescate advirtió que el fenómeno puede deteriorar rápidamente la seguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador, especialmente si coincide con mayores costos de combustibles, fertilizantes y alimentos.
Todavía no existe una declaratoria nacional de hambruna ni una evaluación definitiva de las pérdidas agrícolas, por lo que no sería preciso afirmar que el país ya enfrenta hambre generalizada. Sí existen, en cambio, condiciones que aumentan seriamente el riesgo de inseguridad alimentaria: cultivos dañados, menor disponibilidad de maíz y frijol, combustibles caros y familias rurales con escasa capacidad para absorber otra crisis.
La sesión de este martes, por ello, trasciende el precio que aparece en las gasolineras. El Congreso decidirá si ofrece una respuesta inmediata a una tensión social que ya llegó a las carreteras o si permite que la falta de acuerdos prolongue el malestar. Detrás de la crisis de los combustibles se aproxima otra, más silenciosa y posiblemente más grave: la de miles de familias campesinas que podrían quedarse sin cosecha suficiente y sin recursos para comprar los alimentos que no lograron producir.