Este miércoles volvieron a rutas y calles los transportistas para mantener su exigencia de soluciones «reales» al problema del transporte, las gasolinas, el diesel y el alza de la canasta básica…
Redacción Crónica
Lo que prometía ser una salida política a la crisis vial terminó desatando un nuevo nudo gordiano. Menos de 24 horas después de que el Congreso aprobara de urgencia nacional la normativa orientada a contener el costo de los carburantes —que fija precios topes de Q39.00 por galón de diésel—, las gremiales de transporte urbano, extraurbano y de carga reaccionaron con un contundente rechazo. En una jornada marcada por caravanas masivas hacia el Centro Histórico y bloqueos intermitentes en la red vial, las dirigencias le han exigido formalmente al presidente Bernardo Arévalo que vete la ley de subsidio impulsada por su propio Ejecutivo.
La paradoja dejó al descubierto la profunda desconexión entre los acuerdos alcanzados en los despachos gubernamentales y las exigencias de los sectores que operan en las carreteras.
¿Por qué rechazan el precio de Q39.00 por galón?
Para el Gobierno, fijar el galón de diésel en Q39.00 representaba un techo financiero clave para amortiguar la inflación. Sin embargo, para los prestadores del servicio la cifra resulta absolutamente ineficaz ante la realidad de sus costos operativos.
Representantes de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) sostienen que establecer dicho tope no resuelve la presión financiera sobre los pilotos. Carlos Vides, presidente de Gretexpa, fue enfático al argumentar las fallas de los esquemas anteriores:
«El subsidio y el precio alto terminan siendo lo mismo para nosotros si no hay un control efectivo. En las medidas pasadas detectamos una grave ‘fuga’ de combustible hacia las fronteras del país. Si esta ley entra en vigencia tal como está, no nos quedará más opción que trasladar el costo real al usuario y subir las tarifas del pasaje.»
Bloqueado el kilómetro 19 en ruta El Pacífico, Villa Nueva.
Manifestación ya afecta la salida y retiro del transporte pesado. Protesta por tema del precio de combustible.
Las peticiones concretas: Subsidio directo de Q15 o suspensión de impuestos
Reunidos en la Plaza de la Constitución tras avanzar en caravanas desde Centra Sur, Molino de las Flores (Mixco) y Carretera a El Salvador, los representantes del transporte unificaron sus peticiones al Ejecutivo:
Veto presidencial y suspensión fiscal: Exigen al mandatario vetar el decreto recién aprobado y, en su lugar, suspender temporalmente por seis meses el cobro del Impuesto sobre la Distribución de Petróleo (IDP), el IVA y los aranceles de importación.
Subsidio ampliado: En caso de mantener el mecanismo de apoyo estatal, solicitan que la compensación sea directa y alcance hasta los Q15.00 por galón de diésel para impactar de forma real el costo de operación.
Fondo de compensación: Plantearon la creación de un fondo permanente que funcione como colchón financiero ante la volatilidad de los precios internacionales.
Estos fueron los bloqueos reportados este día…
¿Seguirán las protestas? El panorama que se avecina
Pese a las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) para proteger el libre tránsito y blindar puntos sensibles como el Aeropuerto Internacional La Aurora, la tensión en las carreteras se mantiene viva. Dirigentes del sector advirtieron que no levantarán las medidas de presión en los accesos a la capital hasta obtener un compromiso firmado por el Ejecutivo.
«Trajimos nuestras unidades a la capital para ser escuchados de frente. Si el Presidente no atiende el llamado de vetar esta normativa defectuosa, las movilizaciones no solo van a continuar, sino que se transformarán en un paro total del servicio de transporte en todo el territorio nacional», sentenció uno de los voceros de los transportistas durante la concentración frente a la Plaza de la Constitución.
La decisión final vuelve a los pasillos del Palacio Nacional. Si el presidente Arévalo sanciona la norma, se arriesga a un paro de labores de consecuencias mayores; si la veta, el desgaste político regresará a un Congreso que tardó semanas en lograr los consensos mínimos.
