- Será una manifestación y se efectuará el miércoles 9 de septiembre: recorrerá las calzadas Aguilar Batres y Roosevelt antes de llegar al Centro Histórico.
- Los organizadores aseguran que circularán en caravana, sin bloquear las vías, y permanecerán frente al Congreso y el Palacio Nacional hasta las 18:00 horas.
Redacción Crónica
Una segunda oleada de protestas del sector transporte comenzará la próxima semana. Gremiales de autobuses urbanos y extraurbanos anunciaron para el miércoles 9 de septiembre una movilización en la capital, con la cual exigirán al Gobierno y al Congreso medidas urgentes frente al precio de los combustibles.
La convocatoria se produce después de los bloqueos que diferentes asociaciones de transportistas mantuvieron el lunes 31 de agosto, martes 1 y miércoles 2 de septiembre en carreteras del país. Aunque los dos movimientos no corresponden necesariamente a las mismas organizaciones, comparten una demanda central: que los organismos Ejecutivo y Legislativo acuerden un nuevo subsidio para el diésel y las gasolinas.
La manifestación del miércoles es convocada por organizaciones de transportistas de rutas cortas y del servicio extraurbano de pasajeros. El aviso fue presentado el 3 de septiembre al gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Roberto Benard Alvarado, y está firmado por Humberto Gamaliel Chin Valle, presidente de Gretucex, y Carlos Leonardo Vides Fuentes, presidente de Gretexpa.
Dos caravanas hacia el Centro Histórico
La movilización está programada para comenzar a las 8:00 horas. Uno de los recorridos avanzará por la calzada Aguilar Batres, avenida Bolívar y la zona 1, pasará por los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y continuará hacia el Congreso de la República.
La segunda ruta utilizará la calzada Roosevelt, el Anillo Periférico, la 9a. calle y la 7a. avenida de la zona 1, hasta llegar al área del Palacio Nacional. Según la planificación entregada a la Gobernación Departamental, las unidades permanecerán estacionadas frente al Congreso y el Palacio hasta las 18:00 horas, mientras sus dirigentes buscan ser atendidos por las autoridades.
Los organizadores aseguran que la manifestación será pacífica y se desarrollará con los vehículos en circulación. En el documento afirman que no efectuarán bloqueos en calzadas, calles o avenidas a lo largo del recorrido.
También solicitaron que la Policía Nacional Civil y las autoridades municipales coordinen el resguardo y el ordenamiento vial. Además, pidieron acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Pese al compromiso de mantener abiertas las vías, la presencia de numerosas unidades de transporte puede provocar tránsito lento y complicaciones en los ingresos por el sur y el occidente de la capital, así como en el Centro Histórico.
La primera oleada de protestas se vivió esta semana, cuando lunes, martes y miercoles se reportaron bloqueos en diferentes puntos de la red vial en el interior de la República, paralizando parcialmente las actividades económicas del país. Las cámaras empresariales expresaron su repudio a estas acciones «inconstitucionales», por sus efectos económicos multimillonarios que «afectan a toda la población».
Reclaman subsidio y respuestas del Congreso
Los transportistas responsabilizan al presidente Bernardo Arévalo y a los diputados de no haber alcanzado una solución después de que concluyó el anterior programa de apoyo.
El primer subsidio de 2026 dispuso Q2 mil millones para contener los precios del diésel y las gasolinas. El Ministerio de Energía y Minas informó que se ejecutaron Q1 mil 932 millones —el 97% de los recursos— entre el 28 de abril y el 2 de julio, por lo que el programa terminó antes del plazo inicialmente previsto.
El Ejecutivo remitió posteriormente al Congreso una propuesta para otorgar Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta finales de 2026. La iniciativa, cuyo costo se ha calculado en más de Q4 mil 500 millones, no ha conseguido los votos necesarios para ser aprobada.
En el Legislativo también se planteó suspender temporalmente el impuesto al valor agregado y el impuesto a la distribución de combustibles, pero los diputados tampoco alcanzaron un acuerdo para conocer la propuesta de urgencia nacional.
La falta de consenso fue uno de los motivos de las protestas realizadas durante tres días esta semana. El lunes 31 de agosto se reportaron hasta 18 bloqueos en rutas importantes; el martes continuaban al menos 14 cierres, además de un plantón de transportistas de carga frente al Congreso. El miércoles persistieron interrupciones, principalmente en el suroccidente del país.
Las medidas afectaron el transporte de mercancías, la movilidad de trabajadores y el abastecimiento, y provocaron reclamos del sector comercial y exportador. La nueva convocatoria se diferencia porque sus organizadores anuncian una marcha vehicular sin cierres, pero vuelve a colocar la presión sobre el Gobierno y el Congreso.
Inseguridad y extorsiones, la segunda demanda
Las organizaciones también incorporaron a su pliego la inseguridad que enfrentan pilotos, ayudantes y propietarios de autobuses. Denunciaron extorsiones y asesinatos dentro del sector y calificaron la situación como una crisis que amenaza diariamente la vida de los trabajadores y usuarios del transporte público.
Los dirigentes esperan reunirse con funcionarios del Ejecutivo y diputados antes de concluir la jornada. Si no reciben respuestas, el país podría enfrentar una etapa más prolongada de movilizaciones de distintos grupos de transportistas, unidos por el impacto de los combustibles, aunque con demandas y métodos de presión diferentes.
La protesta del miércoles será, por ello, una nueva prueba para las autoridades: deberán administrar los efectos sobre el tránsito en la capital y, al mismo tiempo, explicar si existe una salida financiera y política para restablecer el subsidio que reclama el sector.