Renzo Lautaro Rosal
La fuga y recaptura de la Marixa Lemus Pérez, conocida como “La Patrona”, debería propiciar el abordaje cuidadoso de los varios factores involucrados y que han quedado al desnudo. Uno básico, son las fronteras. Evidentemente esta persona pasada de Guatemala a El Salvador como pedro por su casa. En ambos lados tiene familia y vínculos trazados a través del tiempo, que le sirvieron para sus múltiples agendas criminales. Probablemente esa constante fue alimentada por tráfico de influencias a funcionarios y otros actores de ambas naciones. Entonces, cabe preguntarse si el concepto de fronteras mutó de una concepción tradicional de colindancia, límite y control hacia una nueva denominación como zonas autónomas, donde conviven diversos poderes e intereses que en esos espacios pequeños en tamaño, se correlacionan, se fortalecen, esconden y buscan reacondicionar sus formas de actuación.
Guatemala tiene poco más de 1900 kilómetros de fronteras, traducidas en zonas de todo y nada. De ellas, 203 kilómetros con el Salvador, 256 kilómetros con Honduras, 962 kilómetros con México y una línea de adyacencia con Belice, de 266 kilómetros de largo. Un conjunto de áreas para que el contrabando, las actividades criminales, el trasiego de negocios oscuros sean una realidad que solo a algunos interesa desbaratar, mientras que a otros interesa mantener e incluso aprovechar.
Los territorios son espacios para que el poder adquiera diversas naturalezas o ropajes. Antes las fronteras eran zonas de escasa población, aisladas del resto; lo que hacía que el paso de un lado al otro fuera difícil, más, si alrededor existen accidentes geográficos a manera de obstáculos naturales. A pesar de ese carácter fijo, en la práctica muchas de las actividades son determinadas por actores con altas capacidades de movilidad. Las fronteras parecen ser fijas, pero las realidades que allí operan son dinámicas. Allí entra en juego el carácter de dominación de las estructuras que dominan las zonas fronterizas y desde esos núcleos buscan permear instituciones, primero de las autoridades cercanas para efectos de colusión, posteriormente en los gobiernos municipales cercanos. Más recientemente, han ido por más. Buscan incidir en las diputaciones distritales, en la designación de gobernadores, representantes del gobierno central, y no sería de extrañar en las estructuras de la PNC, del Ejército, MP, jueces y magistrados.
Las fronteras pasan a ser espacios para la reproducción de esquema de dominación territorial con perspectiva regional, capaces de establecer una suerte de jurisdicción especial, que buscan el sentido contrario a la idea original de las fronteras como cohesionadoras internas de los Estados. Esta realidad encarna la necesidad de una clasificación de las fronteras, del cual derive formas de abordaje distintas desde la institucionalidad gubernamental.
Sirven de poco los esfuerzos formales por fortalecer el resguardo de las fronteras desde la perspectiva de la seguridad, el fortalecimiento de los métodos aduanales, las regulaciones al comercio interregional, si las realidades operan en otros niveles: pasos peatonales que son la norma y no lo especial, uso de innumerables métodos para el paso de personas, mercancías, drogas, armas y un largo etcétera, dejando las aduanas tradicionales como espacios exiguos. Se requiere la atención de esas varias capas, y no solamente la superficial.
Las fronteras son espacios vivos, con capacidades evidentes y en crecimiento para el autogobierno y la fijación de reglas propias para la convivencia, para su propia gobernabilidad e incluso para tener pulsos de importancia con el estado formal. Esa realidad va en crecimiento y no vemos en el horizonte posibilidad alguna para recobrar la lectura tradicional, hoy histórica.