La «Corte Celestial» niega amparo al estudiante Camilo García Flores y deja firme su expulsión de la Universidad de San Carlos, tras oponerse al evidente fraude del rector Walter Mazariegos
Por: Redacción Crónica
El mensaje de la Corte de Constitucionalidad (CC) es devastador para la juventud y la democracia universitaria: en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) de Walter Mazariegos, denunciar un fraude electoral destruye el derecho a estudiar. El máximo tribunal constitucional rechazó en definitiva las acciones de amparo promovidas por el estudiante y exrepresentante ante el Consejo Superior Universitario (CSU), Adrián Camilo García Flores, dejando firme su sanción de expulsión y confirmando la orden de veto que le impide inscribirse y continuar con su formación académica.
El caso de Camilo García, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, se convirtió en la piedra angular y el símbolo más visible de la represión dentro de la casa de estudios. En 2022, García fue uno de los líderes estudiantiles que encaró directamente el proceso fraudulento del 8 de abril que impuso a Mazariegos en la Rectoría. La respuesta de las autoridades universitarias controladas por el rector fue un proceso disciplinario expedito para expulsarlo y despojarlo de su representación, bajo la falaz justificación de haber «faltado a la ética» por criticar la ilegitimidad de la elección.
Al acudir a la justicia constitucional denunciando la violación flagrante a su derecho a la educación, al debido proceso y a la libre emisión del pensamiento, la CC respondió con un portazo que consagra la venganza política como norma dentro de la estatal.
La matemática de la impunidad: El bloqueo de los 3 a 2
El fallo que deja en la calle a Camilo García no responde a un análisis jurídico estricto ni al resguardo de los derechos humanos, sino a un hábito político que se ha vuelto regla dentro del tribunal constitucional. La resolución fue firmada y aprobada por la consabida mayoría de tres magistrados:
- Roberto Molina Barreto
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julia Marisol Rivera Aguilar (representante acreditada por la propia USAC)
En la acera opuesta, el voto razonado disidente fue emitido por la magistrada presidenta Gladys Annabella Morfín Mansilla y el magistrado Luis Fernando Bermejo Quiñónez.
Esta misma correlación de fuerzas de 3 votos contra 2 es la que ha actuado como un muro infranqueable cada vez que un amparo cuestiona a Walter Mazariegos. Ha sido este bloque el encargando de desestimar, una a una, las más de 15 acciones constitucionales presentadas contra el proceso electoral fraudulento de 2022, anulando incluso fallos de juzgados ordinarios que en su momento ordenaron repetir o frenar las elecciones universitarias.
Una persecución en cadena: El patrón de la exclusión
La consumación del veto a Camilo García no es un hecho aislado, sino la confirmación del mecanismo para neutralizar a la dirigencia universitaria. Miedos de comunicación independientes y de investigación, como Prensa Comunitaria, han documentado ampliamente la lista de estudiantes y representantes a quienes el sistema informático y la burocracia del CSU les cerró la puerta:
- Andrés Luna: Representante estudiantil electo por la Facultad de Ingeniería ante el CSU, a quien se le desconoció el triunfo y se le bloqueó la acreditación.
- Carlos Barrios: Dirigente de la Facultad de Derecho, sometido a presiones penales y administrativas.
- Gabriel Ochoa: Estudiante de Trabajo Social del CUNOR, a quien se le frenó el proceso de graduación tras realizar su trabajo de tesis sobre las autoridades ancestrales.
El patrón es siempre el mismo: borrado de fichas académicas en el departamento de Registro y Estadística, bloqueo de usuarios en las plataformas de reingreso, anulación de nombramientos de representación y la expulsión exprés de quienes se niegan a someterse a la Rectoría.
El contraste: Intocable ante un MP y una PGN complacientes
Mientras la CC respalda con celeridad las expulsiones de estudiantes opositores, el sistema de justicia muestra un silencio cómplice frente a las anomalías de las autoridades universitarias.
Pese a que el Ministerio Público (MP) admitió formalmente en su momento la acumulación de al menos 17 a 18 denuncias penales en contra de Walter Mazariegos y miembros del CSU —por anomalías en las elecciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones e incumplimiento de deberes—, la fiscalía no ha presentado una sola solicitud de antejuicio o imputación formal contra el rector. Al contrario, el MP ha concentrado su capacidad operativa en criminalizar a los estudiantes y docentes que participaron en la resistencia universitaria.
De igual forma, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) han optado por la inacción, ignorando los informes sobre las irregularidades en la extensión de mandatos vencidos dentro del CSU y la cooptación de las Unidades Académicas.
Un rector de facto firme en la silla
Con el caso de Camilo García, la «corte celestial» termina de demoler las garantías constitucionales mínimas en el ámbito educativo. Al convalidar la expulsión de un joven por ejercer su libertad de expresión contra una elección anómala, la CC le da el tiro de gracia al derecho a la educación superior pública en Guatemala y envía un mensaje para quienes crean en la libre expresión y defiendan principios democráticos en esa casa de estudios.
Gracias al blindaje permanente de los tres magistrados afines, Walter Mazariegos no solo se mantiene intocable en el cargo, sino que consolida el terreno para afianzar un segundo período en la Rectoría. Un mandato construido sobre las ruinas de la autonomía universitaria, con aulas semivacías por la virtualidad impuesta, y con la sentencia implícita de que, en la USAC actual, el único requisito para estudiar es el sometimiento político.