Sin democracia no puede haber libertad de expresión ni medios libres; sin prensa libre y responsable, la democracia se debilita. La relación entre ambas es estrecha, como dos caras de una misma moneda».
Jaime Barrios Carrillo
Una sociedad desinformada pierde capacidad de control democrático. Libertad de expresión, acceso a la información y veracidad constituyen el núcleo esencial de toda democracia. “La libertad de expresión es poder decir lo que el poder no quiere oír”, afirmaba George Orwell. Silenciar a la prensa independiente y debilitar a la sociedad civil es un signo de alarma democrática. En contextos autoritarios, lo primero que se restringe es precisamente la libertad de expresión.
Sin democracia no puede haber libertad de expresión ni medios libres; sin prensa libre y responsable, la democracia se debilita. La relación entre ambas es estrecha, como dos caras de una misma moneda. La misión del periodismo no es agradar a los gobiernos ni servir a las oposiciones, sino informar con veracidad, rigor y autonomía.
La verdad —decía Hiram Johnson en 1917— es la primera víctima de la guerra. En Guatemala, durante el conflicto armado interno, el asesinato y desaparición de periodistas alcanzó cifras espeluznantes. Entre los casos más conocidos figuran Julio Guerra Díaz (1966), Humberto González Juárez (1970), Isidoro Zarco (1970), Mario Monterroso Armas (1974), José María López Valdizón (1975), Irma Flaquer Azurdia (1980), Marco Antonio Cacao Muñoz (1980), Mario Ribas Montes (1980), Esteban Ajtzip Reanda (1980), Roberto Girón Lemus (1982), Roberto Aldana Girón (1988), Humberto González Gamarra (1990) y Jorge Carpio Nicolle (1993), entre muchos.
Recordemos que, en el siglo XX, el asesinato de periodistas en Centroamérica tuvo grandes consecuencias políticas. Las dictaduras de Jorge Ubico en Guatemala y de Anastasio Somoza en Nicaragua enfrentaron una crisis irreversibles tras los asesinatos de Alejandro Córdova (1944) en la capital guatemalteca y Pedro Joaquín Chamorro en Managua.
En tiempos recientes, según organizaciones de derechos humanos, la represión en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha obligado al exilio a más de 300 periodistas y provocado el cierre de más de 60 medios independientes desde 2018. Se han registrado además confiscaciones de redacciones, detenciones, cancelación de pasaportes y desnacionalización de profesionales de la información.
Con los acuerdos de Paz en 1997 se pensó que la libertad de prensa entraría en una etapa progresiva en Guatemala dentro de un marco democrático. Pero el ataque a los medios y a periodistas en particular no cesó, aunque sin las proporciones alcanzadas durante el conflicto armado interno. A finales de 2020 fueron asesinados Mario Ortega, director de San José Total Canal 12 en Escuintla y Bryan Leonel Guerra, del noticiero de cable TL-COM en Chiquimula.
El joven periodista Frank Ramazzini Véliz fue asesinado el 10 de julio de 2021 en Ciudad de Guatemala. Había criticado al presidente Alejandro Giammattei por la gestión de la pandemia y denunciaba posibles irregularidades en la compra de vacunas a una empresa rusa vinculada a intermediarios opacos.
En la actualidad, la persecución adopta formas más sofisticadas. La criminalización de periodistas y el uso del sistema judicial como herramienta de presión política constituyen una nueva modalidad de censura. Las investigaciones judiciales, en algunos casos, se convierten en mecanismos de desgaste que erosionan la labor informativa y la confianza en las instituciones. Diversos observadores internacionales han señalado estos patrones en procesos contra periodistas críticos como José Rubén Zamora.
Frente a este panorama, la libertad de expresión no puede separarse de la responsabilidad. El periodismo no es propaganda, ni de gobierno ni de oposición, sino un ejercicio profesional basado en la verificación, la independencia y la ética. La pluralidad de medios es esencial en democracia, pero su legitimidad no depende de su alineación política, sino de su rigor, transparencia y compromiso con los hechos.
No existen medios “de oposición” ni “oficialistas” en sentido democrático pleno, sino medios libres o lo contrario: condicionados. Cuando el periodismo se subordina a intereses particulares, políticos o económicos, pierde su función esencial: servir a la ciudadanía.
La ética periodística no es un complemento, sino es su fundamento. Sin ella, la libertad de expresión se degrada en propaganda, manipulación o ruido informativo. La libertad de expresión, en consecuencia, no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Solo un periodismo independiente, crítico y éticamente sólido puede garantizar el derecho ciudadano a estar informado. Y una ciudadanía bien informada puede sostener una democracia real.
En última instancia, una democracia no se mide por la ausencia de discursos incómodos, sino por su capacidad de tolerarlos y garantizar que puedan existir sin miedo. Cuando la libertad de expresión se ejerce con responsabilidad, la sociedad gana en verdad; cuando se reprime, lo que se pierde no es solo información, sino la posibilidad misma de decidir en libertad.