- Tardó ocho años en construirse y consolidarse. Finalmente se dio el colapso del engranaje para-judicial que secuestró la justicia en Guatemala. Fue una auténtica Troika Infernal, que concentró poder y respondió a una especie de amalgama de fuerzas oscurantistas que promovían corrupción e impunidad.
Redacción de Crónica
El sistema de justicia de Guatemala asiste al desmantelamiento definitivo de una de las estructuras de cooptación y persecución penal más sofisticadas y devastadoras de la era democrática contemporánea. En círculos jurídicos, periodísticos y de fiscalización internacional, este engranaje de impunidad y criminalización selectiva que puede ser llamado con un nombre que evoca el terror procesal: la Troika Infernal.
Esta alianza tripartita —articulada con precisión quirúrgica— operaba mediante una simbiosis perfecta entre el poder acusador del Estado (Ministerio Público), judicaturas incondicionales de primera instancia y algunos aliados en salas de apelación y un brazo operativo civil de choque judicial encargado de destruir la reputación de los opositores.
Durante años, este bloque funcionó como un tribunal de excepción de facto, enviando al exilio a decenas de operadores de justicia y persiguiendo a periodistas, activistas y líderes indígenas que plantaban cara a la corrupción o eran simplemente defensores de la democracia y el Estado de Derecho.
Sin embargo, las recientes sacudidas ocurridas en el MP con nueva cabeza, el fiscal general Gabriel García Luna, incluyen la destitución y liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) bajo el mando de Rafael Curruchiche, han herido de muerte al aparato. La estocada final la ha puesto el propio periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del extinto matutino elPeriódico, quien al recuperar su libertad e iniciativa legal ha interpuesto una monumental denuncia penal de 20 páginas ante el Ministerio Público (MP), desnudando formalmente la existencia, los nombres y el modus operandi de este cartel de la persecución judicial.
Anatomía de la cooptación
La Troika no funcionaba de manera aislada; requería de la participación orgánica y coordinada de tres actores diferenciados que convertían el proceso penal en una trampa sin salida:
Pilar 1: El Brazo Acusador (El MP de Consuelo Porras y la FECI): El núcleo directivo y la fábrica de los casos espurios radicaba en el propio Ministerio Público, bajo el mando directo de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta. El brazo ejecutor por excelencia fue la FECI, liderada por José Rafael Curruchiche Cucul.
Esta facción del MP, cuyos integrantes principales se encuentran unánimemente sancionados e incluidos en la Lista Engel de los Estados Unidos y vetados por la Unión Europea por socavar la democracia, se especializó en la recepción anómala de denuncias, la fabricación exprés de expedientes declarados bajo reserva total y la alteración deliberada de bitácoras de investigación.
Pilar 2: Los jueces amigos y la Sala de Apelación preferida: Para que las solicitudes del MP cobraran fuerza legal, la estructura dispuso de una red de juzgadores incondicionales en la Torre de Tribunales. Las piezas fundamentales en la primera instancia penal fueron –principalmente– los jueces Fredy Raúl Orellana Letona (Juzgado Séptimo), Jimi Rodolfo Bremer Ramírez (Juzgado Décimo), y Víctor Cruz, los tres también proscritos internacionalmente por sus resoluciones arbitrarias.
A este engranaje se sumaba de manera estratégica la Sala Tercera de Apelaciones, una judicatura colegiada que funcionaba como un muro de contención incondicional para rechazar de plano los recursos de las defensas y garantizar que las resoluciones del MP ganaran firmeza de forma expedita. Hay también otros jueces que se plegaban a las solicitudes del MP, por más que estuviera infundadas.
A estos engranajes de la Troika infernal hay que agregar las poderosas Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC), que fueron el último recurso utilizado en grado sumo.
Pilar 3: El Cuerpo «Parajudicial» (La Fundación Contra el Terrorismo – FCT): Otro componente siniestro del esquema era su brazo civil, la Fundación Contra el Terrorismo, coloquialmente denominada en las redes y medios como Fundaterror. Dirigida por Ricardo Rafael Méndez Ruiz y el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, esta entidad se incrustó en el aparato de justicia bajo la figura de querellante adhesivo.
La FCT operaba como una organización para-judicial que evoca de forma alarmante a los cuerpos paramilitares o de inteligencia paralela de la época del conflicto armado interno. Mientras el MP preparaba las carpetas, Fundaterror desataba feroces campañas de difamación, amenazas de cárcel y linchamientos mediáticos en redes sociales contra los objetivos de la Troika. Una vez que el MP judicializaba el caso, la FCT se adhería al proceso para presionar a los jueces, exigir prisiones preventivas prolongadas e intimidar o ligar a proceso a los propios abogados defensores. La filtración de información del MP a la fundación se hizo tan evidente, que muchas veces la noticia la daba primero algún miembro de este grupo en redes sociales o los netcenters aliados.
La Ruleta Rusa Procesal
El análisis de los casos emblemáticos impulsados por la Troika permite certificar un patrón de actuación institucional idéntico, diseñado para anular las garantías constitucionales del debido proceso:
La Denuncia Dirigida y Extraordinaria: El proceso penal solía iniciar mediante denuncias formuladas en horarios inhábiles o agencias no competentes. En el caso de Zamora, la denuncia de Ronald García Navarijo fue recibida a las 22:00 horas directamente por la fiscal Cinthia Monterroso –también sancionada internacionalmente– en la FECI, saltándose la Oficina de Atención Permanente y sin dejar trazabilidad ni justificación administrativa del trato preferencial.
Órdenes de Captura sin Sustento Probatorio: El MP solicitaba órdenes de aprehensión y allanamientos con base en relatos unilaterales, testimonios dirigidos o capturas de pantalla proporcionadas por los propios denunciantes, eludiendo deliberadamente los mecanismos ordinarios de corroboración científica, peritajes financieros o intervenciones telefónicas controladas y con orden de juez.
La Destrucción y Ocultamiento de Evidencia de Descargo: Si durante las pesquisas aparecían indicios que beneficiaban al sindicado o demostraban la licitud de sus actos, la Troika los desaparecía. En el expediente contra Zamora, la fiscalía permitió que una agente policial desechara los precintos bancarios del dinero en efectivo, un indicio vital que permitía trazar el origen lícito de los fondos y los cheques emitidos por un negocio legítimo de obras de arte. Al eliminarlos, la FECI sostuvo falsamente que el origen del dinero era desconocido.
La Reserva Total y el Aislamiento: Inmediatamente después de la captura, los jueces favoritos de la Troika decretaban la reserva total de las actuaciones judiciales. Esto impedía que los acusados conocieran las pruebas en su contra y bloqueaba el escrutinio de la prensa independiente.
La Expansión Punitiva Hacia el Entorno: Si la defensa técnica del acusado lograba desmontar la hipótesis acusatoria, la Troika reaccionaba expandiendo el caso penal de forma agresiva hacia los propios abogados defensores, familiares, colaboradores y testigos de descargo, provocando el aislamiento procesal absoluto del imputado.
Radiografía del Terror Procesal
La denuncia penal interpuesta por José Rubén Zamora este 21 de mayo de 2026 ante el MP, constituye un hito histórico que pone nombres y apellidos a esta red para-judicial. El periodista, quien pasó más de tres años bajo una prisión preventiva arbitraria en la cárcel de Mariscal Zavala, ha solicitado formalmente el arraigo y la investigación penal de la cadena de mando completa de la Troika por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstrucción a la acción penal y denegación de justicia.
La lista de los denunciados por Zamora abarca a la cúpula política, judicial y civil del antiguo régimen:
Alejandro Eduardo Giammattei Falla (Expresidente de la República, señalado de instrumentalizar el poder del Estado para coordinar la cacería en represalia por las investigaciones de corrupción publicadas por elPeriódico).
María Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales (La cúpula del MP y la FECI que ejecutó los montajes judiciales).
Fredy Orellana y Jimi Bremer (Los jueces de primera instancia que firmaron las resoluciones violatorias de derechos humanos).
Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle (Los directivos de Fundaterror que operaron como la fuerza de choque legal).
En su escrito, Zamora argumenta con contundencia técnica ante las nuevas autoridades:
«La hipótesis preliminar consiste en determinar si funcionarios públicos y particulares actuaron de forma coordinada o convergente mediante la utilización selectiva de mecanismos institucionales, omisiones investigativas, manejo parcial de evidencia y actuaciones procesales dirigidas a construir y sostener hipótesis acusatorias incompatibles con el deber de objetividad».
El Fin de la Era
Las condiciones que permitieron la impunidad de la Troika se han esfumado. Con un nuevo mando en el Ministerio Público enfocado en la depuración técnica, el desmantelamiento de la FECI de Curruchiche y la acumulación de más de 40 sanciones de países democráticos sobre sus espaldas, la estructura carece de la fuerza coercitiva de antaño.
Los casos mediáticos construidos por este cartel judicial empiezan a colapsar en los tribunales superiores debido a su alarmante e histórica inoperancia: la estructura se disuelve sin haber logrado sostener una sola condena firme basada en pruebas científicas o auditorías forenses.
La Troika Infernal pasa a las páginas de la historia judicial centroamericana como el recordatorio de lo que ocurre cuando las instituciones encargadas de perseguir el delito son copadas y puestas al servicio del crimen organizado y la impunidad política. El banquillo de los acusados, que durante cinco años estuvo reservado para quienes defendieron la democracia y denunciaron la cleptocracia, espera ahora a quienes torcieron la ley para convertir la justicia en un arma de terror de Estado.
Hay un común entre esta Troika infernal: todos sus integrantes están sancionados por la comunidad internacional por actos calificados como corruptos y antidemocráticos… ¿Casualidad o reflejo de una realidad de sus vasos comunicantes?