- Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y Siomara Sosa describen la forma en que operaba la FECI de Rafael Curruchiche bajo el mando de la exfiscal general Consuelo Porras.
Por: Redacción Crónica
El histórico anuncio del nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, sobre la disolución de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) no solo ha sido recibido con alivio por la sociedad civil, sino que ha sido validado por quienes mejor conocen las entrañas de esa judicatura. Desde el doloroso asilo político, figuras emblemáticas que un día lideraron la lucha anticorrupción han roto el silencio para sepultar el legado de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, confirmando que la FECI se había convertido en una trituradora de la decencia y en el «arma de terror» del régimen anterior.
Los testimonios transmitidos en una entrevista desde el exilio con Emisoras Unidas por Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango; y Eva Siomara Sosa, exfiscal de la misma unidad —quienes integran una larga y vergonzosa lista de más de medio centenar de operadores de justicia criminalizados—, desnudan cómo el Ministerio Público (MP) desvió su función constitucional para convertirse en un centro de venganza privada.
Juan Francisco Sandoval: «El derecho penal como mecanismo de venganza»
Para Juan Francisco Sandoval, el desmantelamiento de la FECI es un paso lógico ante una estructura que utilizaba las plataformas oficiales para amenazar a víctimas y opositores. Desde el exilio, Sandoval advierte que el camino para el retorno de la justicia requiere deshacer con pinzas la red ilegal construida por Porras.
“Para que podamos regresar a Guatemala, ante todo, es necesario resolver la situación jurídica. Han fabricado una serie de casos en nuestra contra donde aún hay órdenes de arresto pendientes. Por lo tanto, tendremos que tomar las medidas necesarias para desmantelar esa situación”, puntualizó Sandoval.
El exjefe de la FECI recordó el peligro real al que se enfrentan quienes desafían a las mafias del Estado, revelando que incluso un candidato presidencial llegó a reunir armas para asesinarlo. “Lo que necesitamos son garantías reales. Ante todo, garantías de que el derecho penal no seguirá utilizándose como mecanismo de venganza y persecución política. El retorno dependerá de condiciones institucionales que nos permitan regresar sin temor”, enfatizó, aplaudiendo implícitamente que la herramienta de esa persecución haya sido finalmente cancelada.
Virginia Laparra: Auditoría forense para desintegrar la red criminalizadora
Por su parte, Virginia Laparra, quien sufrió en carne propia la prisión política antes de verse obligada a buscar refugio fuera de las fronteras, coincide en que la primera gran tarea de García Luna debe ser una evaluación diagnóstica de la ruina que hereda.
“El principal reto es determinar cómo dejaron el Ministerio Público. Los abusos de poder en todos los casos, principalmente en los casos de criminalización, corrupción e impunidad son bastante evidentes”, señaló Laparra.
Para la exfiscal de Quetzaltenango, el fin de la FECI abre la oportunidad de iniciar análisis técnicos individuales que permitan desarmar, paso a paso, las acciones arbitrarias de la gestión de Curruchiche y colocar en las fiscalías a personal verdaderamente comprometido con la objetividad de la ley.
Siomara Sosa: El engaño de la cobertura municipal y el desmantelamiento técnico
La exfiscal Eva Siomara Sosa aportó un dato técnico fundamental que desmonta la propaganda de la administración de Consuelo Porras. Mientras la fiscal general saliente se jactaba de haber expandido el MP abriendo 340 fiscalías municipales, Sosa revela que esto fue en realidad una fachada política que debilitó el sistema.
“Ella abrió 340 fiscalías en los municipios, pero para hacerlo, desmanteló las fiscalías especializadas. Las fiscalías municipales carecen de personal técnico para tramitar las escenas del crimen. Solo reciben denuncias para desestimarlas o archivarlas”, denunció Sosa, explicando que esta maniobra disminuyó drásticamente las capacidades operativas del MP, dejando a los municipios desatendidos ante el crimen real mientras se concentraban los recursos en la persecución de periodistas y defensores del orden constitucional.
El fin del sicariato legal
Las declaraciones de Sandoval, Laparra y Sosa confirman la tesis que grupos projusticia y la comunidad internacional han sostenido: la FECI de Porras y Curruchiche ya no guardaba ninguna relación con la mística de la fiscalía que en 2015 puso de rodillas a las estructuras más poderosas del país. Se había transformado en un nido de impunidad para los corruptos y un patíbulo para los honestos.
Al aplaudir la desaparición de esta oficina desnaturalizada, los exfiscales en el exilio no solo defienden su legado, sino que le entregan a García Luna los insumos éticos y técnicos para la reconstrucción del Ministerio Público. El cierre de la FECI es el primer paso obligatorio; el siguiente será garantizar las condiciones institucionales y de seguridad para que estos rostros de la dignidad puedan volver a la patria a reclamar la justicia que les fue robada.