- Guatemala corre el riesgo de caer en la famosa «lista gris» de países que no combaten el tráfico ilícito de capitales… diputados presentan modificaciones a última hora y de suspende anoche el debate.
Redacción Crónica
El Congreso de la República cerró ayer su periodo de sesiones ordinarias con una deuda que podría costarle cara a la economía nacional: la incapacidad de aprobar las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001). Pese a las advertencias internacionales y la urgencia del Ejecutivo, las bancadas de oposición y los aliados intermitentes del oficialismo prefirieron el receso antes que el compromiso.
La sesión de ayer fue un despliegue de tácticas dilatorias, aunque los diputados saben que la iniciativa es un requisito del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que Guatemala caiga en la «Lista Gris», por tácticas parlamentarias e intento de introducir enmiendas de última hora sin discusión, la sesión se suspendió.
Durante los debates se vio que la falta de consensos en la redacción de artículos específicos sobre el control de las remesas y la fiscalización de ONGs fue el «muro» que detuvo la lectura final.
El caos en el hemiciclo fue evidente: diputados abandonando sus curules minutos antes de la votación, dejando al país en una situación de vulnerabilidad técnica ante los mercados internacionales.
Consecuencias: El costo de la «Lista Gris»
No haber aprobado esta ley antes del receso no es solo un tropiezo legislativo; es una bomba de tiempo económica. Las consecuencias para el futuro cercano incluyen:
- Aislamiento Financiero: Si el GAFI incluye a Guatemala en su lista de países no cooperantes, los bancos corresponsales internacionales aumentarán el costo de las transacciones hacia el país.
- Impacto en Remesas y Exportaciones: Cualquier transferencia de dinero hacia o desde Guatemala será sujeta a un escrutinio extremo, lo que retrasará pagos y aumentará comisiones.
- Fuga de Inversión: La falta de una normativa moderna contra el lavado de activos envía una señal de «puertas abiertas» para el capital ilícito, lo que ahuyenta a los inversionistas serios.
Algunos diputados defendieron la ley, entre ellos, el oficialista Samuel Pérez , quien dijo «La vieja política prefiere que Guatemala sea vista como un paraíso para los lavadores antes que ceder un centímetro en transparencia. El costo de esta irresponsabilidad lo pagarán los guatemaltecos que envían y reciben remesas».
En contraste, voces de la oposición intentaron justificar la parálisis: Álvaro Arzú E. «No podemos aprobar leyes a la carrera que vulneren la soberanía o den herramientas de persecución política bajo la excusa de estándares internacionales. La ley necesita análisis, no prisas del Ejecutivo».
¿Qué esperar ahora?
Con el Congreso en receso parlamentario, la única vía para retomar la ley es la convocatoria a sesiones extraordinarias. Sin embargo, sin la presión de la agenda ordinaria, el riesgo es que el tema se diluya en la Comisión Permanente.
Guatemala camina por la cuerda floja. Mientras países vecinos modernizan sus sistemas financieros, el Congreso guatemalteco parece más preocupado por blindar cuotas de poder que por blindar la economía. Si la ley no pasa en una extraordinaria antes de la próxima evaluación del GAFI, el «Tsunami» de sanciones financieras será inevitable, y esta vez, no habrá muro de concreto que valga.