MAZARIEGOS: Impresentable, Ilegal e… ¿intocable?

  • El tiempo transcurre y lal justicia no interviene. Hay hechos claros sobre el fraude a favor de Walter Mazariegos en la USAC y han sido denunciados sin que pase algo…
  • La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció que al momento de la elección el rector no tenía finiquito, lo que invalida su candidatura… y tampoco pasa nada.

La imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) no representa simplemente un cambio de mando administrativo; es la consumación de uno de los asaltos institucionales más cínicos en la historia reciente del país.

Bajo el amparo de la fuerza y la opacidad, la rectoría de la única universidad estatal ha dejado de ser un faro de academia para convertirse en un bastión de resistencia de las redes que cooptan el Estado. La pregunta que hoy resuena en cada rincón académico y político es: ¿cómo un perfil tan cuestionado logra sostenerse con tal nivel de impunidad?

El pecado original: La ilegalidad manifiesta.  

Walter Mazariegos es, por definición técnica y moral, un personaje impresentable. El primer vicio de origen es insalvable y debería haber bastado para anular su carrera antes de comenzar: no podía ser candidato. La Ley de Probidad es clara, pero fue ignorada selectivamente. La Contraloría General de Cuentas le negó el finiquito, ese documento indispensable que acredita que un aspirante no tiene cuentas pendientes con el erario público.

El fraude cometido en la secreta y excluyente elección realizada en el Hotel Casa Santo Domingo el 8 de abril se hizo público desde el primer momento. Las protestas, sin embargo, han disminuido las ultimas semanas.

Sin finiquito, su inscripción fue un acto de desacato flagrante e ilegal. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU), convertido en un órgano de validación de intereses oscuros, decidió pasar por alto este requisito constitucional. Fue un fraude anunciado que se ejecutó con la precisión, excluyendo a cuerpos electorales legítimos bajo pretextos administrativos que solo buscaban garantizar el triunfo de la planilla oficialista.


Lo que dice la Ley de probidad

La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos de Guatemala (Decreto 89-2002) establece la obligatoriedad del finiquito o constancia de solvencia emitida por la Contraloría General de Cuentas (CGC) para optar a cargos públicos, demostrando no tener reclamaciones o juicios pendientes por el manejo de fondos públicos en cargos anteriores. [1, 2]

Aspectos claves según la normativa:

  • Obligatoriedad: El finiquito es requisito esencial para quienes hayan administrado bienes del Estado para asumir un nuevo cargo.
  • Naturaleza: Es una constancia de la CGC que demuestra la inexistencia de juicios o reclamaciones pendientes.
  • Vigencia: El finiquito debe estar vigente y sin nuevas denuncias o investigaciones en curso al momento de postularse.
  • Procedimiento: Recibida la solicitud, la CGC debe extender el finiquito dentro de los quince días siguientes, sin costo.
  • Propósito: Asegurar la probidad, honestidad y lealtad en el desempeño de la función pública. [1, 2, 3, 4, 5]

El muro judicial

A pesar de que las pruebas del fraude fueron públicas y notorias —documentadas por la prensa independiente, observadores internacionales y la propia comunidad estudiantil—, el sistema de justicia guatemalteco ha funcionado como un escudo infranqueable para Mazariegos. Se presentaron decenas de recursos, amparos y denuncias penales que detallaban las anomalías en el proceso de elección en el Museo de la Universidad (MUSAC) y posteriormente en el Parque de la Industria.

Ningún juez, ninguna sala de apelaciones y, mucho menos, la Corte de Constitucionalidad han resuelto favorablemente para impedir que se consumara el asalto. Esta parálisis judicial no es casualidad; es el resultado de un sistema de favores donde la justicia se intercambia por impunidad. La justicia sorda y muda ha permitido que lo ilegal se transforme en un hecho consumado, dejando a la autonomía universitaria en un estado de coma profundo.

El botín: ¿Por qué es «intocable»? La importancia de la USAC trasciende sus aulas. Su peso en la vida institucional del país es incalculable, y es ahí donde radica la razón por la cual Mazariegos es protegido como un activo estratégico. La Universidad estatal tiene silla y voto en:

  • La Junta Monetaria: Decisiva en la política económica nacional.
  • Comisiones de Postulación: Claves para elegir a magistrados de la CSJ, Salas de Apelaciones y al Fiscal General.
  • Junta Directiva del IGSS: Donde se manejan presupuestos multimillonarios.
  • Corte de Constitucionalidad: La USAC elige directamente a un magistrado titular y un suplente.

Además, hay decenas de instituciones en las que la USAC tiene un puesto. Quien controla la Rectoría, controla una cuota de poder fundamental para garantizar que las cortes y los órganos de control sigan favoreciendo a las redes de corrupción. Mientras el fraude siga en pie, la USAC seguirá siendo un botín de guerra y no la casa de estudios que la nación necesita.

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