- Un pacto entre oposición y oficialismo selló lo que antes inició de manera gris la Comisión de Postulación encabezada por Walter Mazariegos.
Redacción Crónica
En una maniobra que confirma lo volátil de las alianzas políticas parlamentarias, el Congreso de la República eligió anoche a los cinco magistrados titulares que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032. El acuerdo, cocinado entre el oficialismo y los bloques de oposición tradicional, asegura que el arbitraje de las próximas dos elecciones generales quede en manos de una planilla de consenso político.
La elección es el capítulo final de un proceso que nació viciado. Como bien señaló Carmen Aída Ibarra, de Movimiento ProJusticia, en declaraciones a Crónica, la calidad del nuevo tribunal estaba sentenciada desde el origen:
«Lo que se puede esperar de este Tribunal es proporcional a la lista que recibimos: una nómina ‘gris’, carente de perfiles con independencia probada, diseñada para no incomodar al statu quo institucional».
Esta lista fue aprobada por una Comisión de Postulación bajo la batuta de Walter Mazariegos, el cuestionado rector de la USAC, cuya gestión se ha convertido en el epicentro de la cooptación institucional en el país.
Los rostros del nuevo arbitraje
Estos son los cinco perfiles que, entre sombras y acuerdos legislativos, han asumido la responsabilidad de «velar» por el voto ciudadano:
- Mario Alexander Velásquez Pérez: Con un pasado como Secretario General del TSE y director de Servicios Registrales, Velásquez es el hombre que conoce los hilos internos del tribunal. Su ascenso es visto como la garantía de continuidad de un sistema administrativo que ya ha demostrado su capacidad para bloquear candidaturas bajo criterios arbitrarios.
- Rosa Mariella J. Rivera Acevedo: Abogada cuya trayectoria ha orbitado siempre cerca de los grupos de poder del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). Su nombre no es nuevo en las listas de «consenso» del Legislativo; ya en 2020 fue impulsada por sectores que hoy celebran su llegada a la magistratura.
- Roberto Estuardo Morales Gómez: Vinculado a sectores de la derecha tradicional y con una amplia hoja de servicios en asesorías legislativas. Su elección es el resultado directo del brazo de la oposición más conservadora en el Congreso, asegurando que el tribunal mantenga un sesgo ideológico alineado con los intereses de las élites económicas.
- Karin Virginia Romero Figueroa: Jueza de carrera que ha sabido navegar bajo el radar. Aunque se presenta como un perfil técnico, su inclusión fue la ficha de cambio de último minuto en las negociaciones entre bancadas. Es el tipo de figura cuya legitimidad judicial sirve para barnizar decisiones eminentemente políticas.
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta: Representa el anclaje territorial de la elección. Con fuertes nexos en círculos municipales y regionales, su llegada al TSE se interpreta como un guiño a las bancadas distritales que necesitan un tribunal «flexible» al momento de inscribir alcaldes y diputados locales en los próximos eventos electorales.
Como magistrados suplentes fueron electos Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinner-Klée Arenales. La votación dejó ver una mezcla de pactos amplios y vetos selectivos: varios de los electos obtuvieron entre 148 y 155 votos, mientras otros aspirantes señalados o controvertidos quedaron fuera con márgenes aplastantes.
Entre los derrotados estuvieron nombres cercanos a sectores cuestionados o sancionados por Estados Unidos, como Lesther Castellanos y Wilber Castellanos Venegas, además de José Alberto Godínez, identificado como cercano al rector Walter Mazariegos.
La sombra de Mazariegos y el futuro del voto
La influencia de Walter Mazariegos en este proceso no fue secundaria. Al depurar la lista de cualquier perfil genuinamente independiente, garantizó que el Congreso solo tuviera opciones «cómodas». El resultado es un TSE que, lejos de ser un muro de contención contra el fraude o la exclusión, parece diseñado para ser un administrador de las tensiones de la clase política.
Con un sistema de justicia alineado y un árbitro electoral nacido de pactos de conveniencia, el camino hacia 2027 se perfila como un reto mayúsculo para la observación ciudadana y la integridad del voto.