- Cuatro miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) presentan la denuncia y el caso puede terminar en la propia CC… ¿Se caerá maniobra del rector Mazariegos para designar magistrados para la «Corte Celestial»?
Una nueva tormenta jurídica sacude los cimientos de la Universidad de San Carlos (USAC) y se extiende hasta la máxima corte del país. Cuatro integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) han dado un paso al frente para denunciar lo que califican como un «fraude de ley»: la utilización de documentación falsa para la designación de Julia Rivera como magistrada ante la Corte de Constitucionalidad.
La denuncia, que ya ha sido presentada formalmente ante el propio CSU y el Ministerio Público (MP), no solo pone en duda la idoneidad de Rivera, sino que señala directamente una estructura de favores orquestada desde la Rectoría.
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El esquema del engaño: Documentos bajo sospecha
Según los denunciantes, el expediente que permitió a Rivera llegar a la CC contiene inconsistencias graves en la acreditación de su trayectoria y méritos académicos. Se señala que la documentación fue «validada» de forma exprés para cumplir con los requisitos constitucionales, omitiendo tachas y falsedades que debieron haberla descalificado de inmediato.
Sin embargo, el trasfondo de la denuncia revela un entramado de relaciones personales y políticas que explicarían la celeridad del proceso:
- El factor Mazariegos: Se señala al Rector Walter Mazariegos como el principal artífice de la movida política para asegurar una ficha fiel en la CC, garantizando así un blindaje judicial ante las múltiples impugnaciones que pesan sobre su propia elección.
- El vínculo con la Secretaría General: La denuncia subraya el papel de Luis Fernando Cordón, Secretario General de la USAC, quien además de ser la mano derecha de Mazariegos, es el exesposo de la magistrada Julia Rivera. Esta relación técnica y personal habría facilitado la filtración y validación de los documentos cuestionados.
Una ruta jurídica de alta tensión
El caso ha tomado tres vías simultáneas que prometen un desgaste institucional sin precedentes:
- En el CSU: Los cuatro consejeros exigen una revisión interna de oficio. Si se comprueba la falsedad, el CSU estaría obligado a revocar el nombramiento, aunque la correlación de fuerzas interna (dominada por el oficialismo mazarieguista) hace que esta vía sea la más difícil.
- En el MP: La denuncia penal busca establecer responsabilidades por falsedad ideológica y abuso de autoridad. La gran duda es si la fiscalía de Consuelo Porras actuará contra aliados estratégicos del sistema actual.
- En la CC: El caso llegará inevitablemente a la propia Corte de Constitucionalidad mediante recursos de amparo. Aquí, los magistrados se verán en la incómoda posición de juzgar la legitimidad de una de sus propias integrantes.
¿Por qué importa este caso?
La magistratura de Julia Rivera no es una silla cualquiera. Puede ser un voto decisivo en todas las resoluciones de la CC y puede decidir si la justicia permanece cooptada o encuentra el camino de la independencia. Si se demuestra que llegó al cargo mediante documentos falsos su elección podría ser revocada y la amañada votación que se hizo en Antigua debería repetirse, posiblemente con algunos miembros del CSU diferentes.
La presión internacional y de sectores estudiantiles organizados (como SOS USAC y DIRE) se centrará en fiscalizar el avance de la denuncia en el Ministerio Público. La «Cuarta Batalla» por la USAC ya no solo se libra en las aulas y las urnas universitarias, sino en los tribunales de justicia, donde el «Mazarieguismo» se juega su última línea de defensa.
Las voces de la denuncia
Aunque el hermetismo en el CSU es alto por temor a represalias (como las 73 sanciones y suspensiones previas), los sectores de oposición que han articulado esta denuncia penal y administrativa provienen de este bloque crítico:
Los «Cuatro de la Resistencia» en el CSU
Estos consejeros forman parte del bloque que se abstuvo o votó en contra de las directrices de Mazariegos en sesiones clave, y son quienes ahora firman la denuncia por la falsedad documental de Julia Rivera:
- Dr. Alberto García González (Medicina): Decano en funciones de la Facultad de Ciencias Médicas. Ha sido una de las voces más críticas y consistentes. Su facultad es el bastión de SOS USAC, y ha denunciado sistemáticamente cómo se han manipulado los expedientes para favorecer a figuras del «Pacto de Corruptos».
- Msc. José Alfredo Aguilar Orellana (Derecho): Representante de los Catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Su papel es fundamental porque conoce las entrañas legales de la USAC. Es quien ha señalado técnicamente los vicios en el expediente de Rivera, advirtiendo que la validación de sus documentos académicos fue un acto administrativo «fabricado».
- Ana Sofía Cardona Reyes (Veterinaria): Representante Estudiantil. Representa la voz de la juventud universitaria que no reconoce la legitimidad de la actual administración. Su participación en la denuncia le da el componente de presión social y estudiantil indispensable para que el caso no muera en los escritorios.
- Willy Rolando Barrientos Sancé (Odontología): Representante Estudiantil. Junto a Cardona, forma el bloque de fiscalización en el CSU. Han sido los encargados de documentar cómo el Secretario General, Luis Fernando Cordón, agilizó trámites para su exesposa (Julia Rivera) que para cualquier otro académico tardarían meses o añoss.
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