- Esta es la radiografía política de lo que está ocurriendo ahora mismo en lla Universidad de San Carlos, en todos sus centros universitarios. El panorama para la Rectoría ha dado un vuelco dramático en las últimas 72 horas.
Lo que hace dos años parecía un control absoluto por parte de la administración fraudulenta de Walter Mazariegos, hoy se fragmenta ante una oposición que ha aprendido a jugar en el laberinto administrativo de la USAC. No se trata solo de descontento; es una organización sistemática que busca arrebatarle al oficialismo el control del Cuerpo Electoral Universitario (CEU).
La metamorfosis de la oposición: De la calle a la planilla
Tras el traumático proceso de 2022, la oposición interna (articulada en grupos como SOS USAC, Dignidad y Rescate -DIRE- y movimientos estudiantiles independientes) ha dado un giro táctico. Ya no se limitan a la denuncia del fraude, sino que han volcado su energía en la fiscalización de actas y la inscripción masiva de planillas.
- El fortalecimiento: Se observa una coalición inédita entre sectores que antes caminaban por separado: docentes titulares de carrera y estudiantes de facultades clave como Ingeniería, Agronomía, Medicina y Ciencias Económicas, donde el «voto de castigo» ha sido abrumador.
Los 14 cuerpos en disputa: La zona de combate
El sistema electoral de la USAC es un complejo engranaje de 34 cuerpos electorales. Actualmente, la atención se centra en los 14 cuerpos que aún están por definirse o en proceso de impugnación.
- La ventaja táctica: Hasta ahora, la oposición ha logrado imponerse en facultades de alto peso histórico. El oficialismo, por su parte, se ha atrincherado en unidades con menos oposición organizada (como Humanidades) o ha intentado bloquear elecciones mediante recursos legales en las Juntas Electorales. Sin embargo, la tendencia es clara: donde hay competencia real, la administración Mazariegos está perdiendo el control.
El «voto de castigo» como motor organizativo
La organización opositora se ha fortalecido gracias a una narrativa de «rescate institucional». La reciente victoria en la Facultad de Ciencias Económicas, tanto en estudiantes como en docentes, ha servido de combustible anímico. Han logrado estructurar redes de vigilancia para evitar que el Consejo Superior Universitario (CSU) anule cuerpos electorales bajo pretextos técnicos, una táctica utilizada con éxito por el oficialismo en el pasado.
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La Cuarta Batalla: El Cronograma Electoral
Para entender la urgencia de este fortalecimiento, hay que situar la nota en el mapa temporal. Estamos entrando en lo que analistas internos llaman la «Cuarta Batalla» del calendario electoral institucional:
La primera. batalla se dio en enero, cuando principió la movilización y registro de planillas de docentes y estudiantes, en febrero llegó la segunda batalla empezó con las elecciones en facultades , en donde se ha tenido que defender el voto en las meses, por actitudes de los oficialistas leales a Mazariegos, que han intentado amañar los procesos.
La tercera batalla será la de los colegios profesionales en marzo (14), considerados el bloque más duro y que podría resultar decisivo. Finalmente, entre abril y mayo se debe integrar el Consejo Superior Universitario (CSU) y realizar la elección de rector, que la oposición intentará se realice de manera transparente y no fraudulenta cuando Mazariegos resultó ganador.
Contexto de la Cuarta Batalla: El objetivo de la oposición en este tramo del cronograma es evitar que el CSU, controlado por el oficialismo, logre descalificar a los electores opositores antes de la asamblea final. La organización actual se enfoca en el blindaje legal de cada cuerpo ganado para asegurar que lleguen al día de la votación definitiva.
¿Qué sigue?
El gran interrogante es si los 14 cuerpos restantes —especialmente los de los Colegios Profesionales— mantendrán la tendencia de las facultades. El oficialismo aún tiene la capacidad de usar al CSU para «limpiar» la nómina de electores, pero con una oposición que ahora tiene representación legal interna y apoyo de sectores externos (como el Ejecutivo y la opinión pública), el costo político de un nuevo bloqueo electoral sería infinitamente más alto que en 2022.