El caso del periodista José Rubén Zamora es un claro ejemplo de cómo se intenta callar al mensajero para impedir que los pueblos conozcan la realidad. Se trata del periodista latinoamericano más galardonado, pero con el pecado de ser una voz que denunció la corrupción».
Gonzalo Marroquín Godoy
José Rubén Zamora se dio a la tarea de denunciar en su diario “elPeriódico” toda la corrupción de los diferentes gobiernos de Guatemala. Durante muchos años recibió amenazas, sufrió persecución fiscal, judicial y muchas formas de violencia, pero se mantuvo firme. La contraparte fue que recibió casi todos los premios internacionales que entregan a periodistas valientes e inclaudicables.
Por momentos parecía alguien intocable por el prestigio que le precedía. Pero combatir la corrupción, muchas veces tiene un precio muy alto, pues detrás está el poder político, las mafias y las estructuras que se forman y terminan controlando la justicia. Ese fue el caso de Zamora, quien logró formar en su entorno una tormenta perfecta, tan fuerte que le llevó a la cárcel en 2022, terminó con su periódico y sirvió de plataforma para intimidar a buena parte de la prensa guatemalteca.
En su caso puede verse una “mecánica” que se ha visto replicada –antes y ahora– por todo el continente: utilizar de manera manipulada el sistema de justicia para acallar las voces disonantes, las voces que denuncian, las voces que resultan incómodas para todos los gobernantes autoritarios que, sin excepción, manifiestan su disgusto contra los periodistas independientes que no callan ante una realidad que es evidente y de la que tienen pruebas y se refleja en hechos.
Zamora publicó cerca de 140 casos de corrupción descarada el entonces presidente Alejandro Giammattei. Eso fue suficiente para que el mandatario autoritario ordenara a su fiscal general, Consuelo Porras, para que criminalizara al periodista Zamora y, bajo cualquier acusación, lo pusiera en prisión.
Porras se convirtió entre 2021 y la fecha, en la fiscal general más sancionada internacionalmente a nivel americano. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido la calificaron –palabras más o palabras menos– como una funcionaria “corrupta y antidemocrática”. Ha sido implacable en abrir procesos penales contra el periodista, sin poder probar, después de más de tres años de mantenerlo en prisión, ni una sola de sus acusaciones.
El cambio de gobernante en 2024 cambió ligeramente la situación, pero el sistema –fiscalía, jueces, y cortes– mantuvieron encarcelado a quien muchos consideran paladín de la libertad de prensa y líder de la lucha anticorrupción. Recientemente un juez valiente le concedió libertad domiciliaria para que, al menos se respete el debido proceso y se reconozca la presunción de inocencia del periodista.
Esta situación debe llamarnos a la reflexión. El caso Zamora es producto de la función de denuncia que la prensa independiente debe tener, defender y prodigar. Hay que recordare que los periodistas existimos porque hay una sociedad que necesita información, quiere saber lo que está sucediendo y tiene el derecho a estar bien informada.
Hugo Chávez censuró y decapitó prácticamente a toda la prensa impediente de Venezuela. Daniel Ortega y los Castro y herederos han hecho lo mismo en Nicaragua y Cuba. Pero no hay que confundirse, el odio hacia la libertad de expresión y de prensa no tiene que ver con ideologías. Se trata de actitudes autoritarias y de corazones y mentes oscuras.
Ahora mismo en Estados Unidos, el país en el que se defendía la libertad de expresión por mandato constitucional y por principios democráticos, está viendo como el presidente Donald Trump arremete con demandas judiciales contra medios y periodistas. Todo quien opina y piensa diferente al jefe de la Casa Blanca, se vuelve blanco del sistema. Menos mal que no toda la justicia está podrida en ese país, pero el fin es el mismo, silenciar las voces disonantes.
En todos estos casos, el patrón es idéntico: se busca eliminar al intermediario entre el poder y la ciudadanía. Al limitar la libertad de expresión, las élites —ya sean gobernantes, políticos, militares, estructuras criminales, empresarios o mafias— logran que su versión de la realidad sea la única disponible.
El caso Zamora no es solo un proceso legal; es un examen de supervivencia para la democracia guatemalteca. Si el mensajero es eliminado, el mensaje de la transparencia muere con él, dejando a la sociedad a oscuras frente a los abusos de quienes ostentan el mando.
Pero también es un ejemplo para nuestro hemisferio, porque lo que se puede hacer en un pequeño país como Guatemala, lo hemos visto en otros países y ahora lo vive la democracia más añeja de América.
No me canso de publicar lo que dijo Martin Niemöller, un pastor luterano alemán: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”
Para meditar…
(Esta columna se publica también en La Prensa Gráfica, El Salvador; Listín Diario, República Dominicana; El Heraldo, Honduras; y La República, Perú).
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