- El presidente Arévalo asegura que las víctimas fueron parte de los enfrentamientos entre comunidades ocurridos el pasado sábado. Tensión en la región de Sololá, los líderes comunitario rechazan la versión oficial.
Las autoridades municipales e indígenas de Nahualá, Sololá, declararon luto oficial tras la muerte de 13 personas, entre ellas varios menores de edad, en una emboscada armada ocurrida en el marco del histórico conflicto territorial con Santa Catarina Ixtahuacán. En un comunicado oficial, la Municipalidad anunció el cierre de mercados, bancos, cooperativas, tiendas y depósitos durante los días 14 y 15 de diciembre, mientras se realizaban los sepelios y actos de duelo colectivo.
Las autoridades de Nahualá responsabilizaron directamente al Ejército de Guatemala por la masacre y afirmaron que muchos de los disparos provinieron de un helicóptero militar que sobrevolaba la zona, por lo que exigen una investigación para determinar quien ordenó que se abriera fuego desde la nave.
Según líderes comunitarios, las víctimas no participaban en un enfrentamiento armado y fueron atacadas de manera indiscriminada. Entre los fallecidos figuran hombres de distintas edades, incluidos adolescentes, cuyos nombres y edades fueron difundidos por autoridades locales como parte de la denuncia pública.
Ayer domingo se dieron escenas de dolor en las comunidades durante los entierros de las víctimas. Hasta ahora, los informes del Gobierno no dan cuenta de los uertos con detalles.
En contraste, el presidente Bernardo Arévalo respaldó la versión del Ejército, que sostiene que las muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos armados entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en una zona de alta conflictividad donde históricamente han operado grupos armados comunitarios. El mandatario afirmó que las fuerzas de seguridad actuaron en el contexto de operativos para contener la violencia y restablecer el orden, y negó, hasta ahora, que exista evidencia de disparos deliberados desde aeronaves militares contra población civil.
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno decretó estado de prevención en el área, con el objetivo de restringir reuniones armadas, reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y prevenir nuevas acciones violentas. El Ministerio Público informó que abrió investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes, mientras organizaciones de derechos humanos han comenzado a documentar testimonios y a exigir una investigación independiente y transparente.
Las exigencias del pueblo de Nahualá
Algunos extractos del comunicado de las autoridades de Nahualá:
«Derivado de estos últimos sucesos delictivos, como pueblo de Nahualá manifestamos los siguiente», escribieron para iniciar el listado de peticiones:
1. (Manifestamos…) «Nuestro total repudio a los actos violentos al que hemos sido sometidos en los últimos años por parte de gente armada del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, y ahora en complicidad de los elementos del Ejército de Guatemala, que ahora han masacrado a nuestra gente, 13 en total».
2. «Lamentamos el desconocimiento del señor Presidente de la República de Guatemala y del ministro de la Defensa Nacional en la conferencia de prensa brindada en el Palacio Nacional de la Cultura en horas de la mañana, donde desinforman a la población de la realidad de los hechos».
3. «Rechazamos las medidas tibias que el Organismo Ejecutivo ha tomado, emitiendo el Decreto Gubernativo No. 1-2025 con un Estado de prevención en el territorio de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, a sabiendas de que tal medida es solo para solapar que el Estado de Guatemala este tomando medidas con respecto al conflicto territorial provocado por el municipio vecino; en tal virtud, como pueblo de Nahualá ¡No se puede pretender pacificar un territorio militarizándolo, tras haber asesinado a sus habitantes! Esta medida no es más que una CORTINA DE HUMO PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD de los soldados responsables y para amordazar el grito de justicia de nuestra gente. La paz no se construye con botas militares sobre cadáveres civiles; la paz nace de la justicia».
Otras exigencias
1. «(Exigimos…) La inmediata investigación por parte del Ministerio Publico para dar con los responsables de esta masacre, inclusive a los miembros del Ejército de Guatemala, y que caiga sobre los ellos el peso de la ley».
2. «Que se investigue a través de Dirección de General de Aeronáutica Civil, la procedencia y el número de las matrículas y de la tripulación de un helicóptero que disparó y dio muerte a nuestros hermanos, para establecer las directrices del alto mando del ejército para perpetrar las ejecuciones extrajudiciales».
3. «La implementación de MEDIDAS URGENTES Y EFECTIVAS para solventar de manera definitiva el conflicto entre los dos municipios, con seriedad y no como lo han hecho a lo largo de casi dos años de gobierno».
Principales implicaciones del estado de prevención
Según el informe del Gobierno, durante la vigencia del estado de prevención (15 días), las autoridades podrán aplicar medidas extraordinarias, siempre dentro del marco constitucional y de respeto a los derechos humanos, entre las que destacan:
- Limitación de reuniones y manifestaciones públicas, especialmente aquellas que puedan alterar el orden o poner en riesgo a la población.
- Disolución de reuniones o manifestaciones que se realicen sin autorización o en las que se porten armas o se ejerza violencia.
- Restricción al derecho de portación de armas, así como de objetos que puedan ser utilizados para cometer actos violentos.
- Controles a la circulación de personas y vehículos, incluyendo registros y limitaciones en lugares, zonas u horarios determinados.
- Intervención de las fuerzas de seguridad para prevenir actos violentos y garantizar la protección de la vida, la integridad y los bienes de la población.
El episodio abre un nuevo foco de crisis política y social para el Ejecutivo. Nahualá fue uno de los municipios que respaldó de forma activa a Arévalo durante la crisis institucional provocada por las acciones del Ministerio Público liderado por Consuelo Porras, lo que añade una dimensión política al conflicto. La confrontación directa entre el Gobierno y una comunidad indígena que fue aliada en la defensa del proceso democrático eleva la tensión y plantea un desafío serio para la administración.
Los líderes comunitarios piden una investigación por parte del MP, y aseguran que mantendrán su denuncia a nivel nacional e internacional. El país observa ahora con atención una crisis que combina violencia territorial, desconfianza histórica hacia el Estado y una fractura política sensible, en una región marcada por décadas de conflicto no resuelto.