| Las expectativas que se tenían al asumir este gobierno, se han desvanecido a menos de la mitad de su período. Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, mucho que reflexionar y nada que celebrar. Sin embargo, el jolgorio propio de la época no ayuda para que muchos se conmuevan ante el oscuro futuro que le depara a la mayoría de guatemaltecos. |
José Alfredo Calderón E. (Historiador y analista político)
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (2025) presenta un diagnóstico deprofunda crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho. A punto de cumplir 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten desafíos estructurales y un debilitamiento progresivo del sistema de pesos y contrapesos desde 2017.
No es que los guatemaltecos no estemos conscientes de lo anterior, pero estos informes apoyan el análisis estructurado y la sistematización de la información, pues normalmente, conocemos la realidad a través de flashazos parciales, según atendamos cada una de las aristas de una crisis que está en su punto más grave en la historia jurídico-política del país.
La crítica central del informe radica en la instrumentalización del sistema de justicia, la cual se agravó con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) causando grave retrocesos en los avances anticorrupción obtenidos. La CIDH confirma las injerencias sistemáticas destinadas a socavar la independencia judicial, de formas tan burdas y abiertas que no se habían conocido.
El informe es valioso porque la CIDH es un órgano autónomo de las Organización de Estados Americanos y ha mantenido su independencia con respecto a una OEA con pocas luces y muchas sombras. Se confirma, además, lo expuesto por el comisionado Iván Velásquez, en cuanto a que esta instrumentalización es impulsada por redes de poder político y económico para perpetuar privilegios y asegurar la impunidad, siendo el primero en señalar directa y públicamente a las élites económicas de Guatemala como responsables, a quienes incluso, sentó en el banquillo para pedir perdón al país y a los guatemaltecos, hecho, por cierto, que provocó la salida forzada de la CICIG. La magnitud de esta crisis, relata el informe, se evidenció en las elecciones generales de 2023, cuando el Ministerio Público (MP) utilizó abusivamente el derecho penal en un intento por anular los resultados y socavar el sistema democrático formal, confirmando por enésima vez, que se ha apartado de su mandato constitucional, convirtiéndose en un instrumento de persecución selectiva.
El diagnóstico expone que la fiscalía general convirtió la criminalización en una práctica generalizada con patrones plenamente identificados, como la interposición de denuncias espurias y el uso excesivo de la prisión preventiva. Claramente, no hay una persecución generalizada, sino que esta se concentra en operadores de justicia independientes (jueces, exfiscales, exfuncionarios de la CICIG), periodistas (caso José Rubén Zamora), líderes indígenas y sociales y, en general, activistas y defensores de derechos humanos. El exilio de al menos 50 compatriotas es fiel reflejo de estas afirmaciones.
Las fallas graves a nivel judicial y legislativo son muchas, pero se destacan:
1. Nombramientos Judiciales: Se identificaron irregularidades persistentes en los procesos de selección de altas autoridades judiciales, con la participación de personas señaladas por corrupción o tráfico de influencias.
2. Concentración de Poder: Se notó una concentración de funciones administrativas y disciplinarias en la Corte Suprema de Justicia, lo que afecta la independencia de la carrera judicial.
3. Justicia Transicional: La impunidad estructural por los crímenes del conflicto armado interno se ha profundizado. Los procesos de justicia transicional enfrentan estancamiento, anulación de sentencias, y obstaculización activa, sumado al desmantelamiento de la institucionalidad para la paz: SEPAZ, SAA, CNAP, COPREDEH y la culminación del mandato del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
La desigualdad estructural y afectaciones a grupos particulares se agravó, siendo Guatemala un Estado que no garantiza el ejercicio pleno de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Se hace especial mención a la tasa de pobreza monetaria del 56% lo que demuestra que el crecimiento económico no es desarrollo, reflejándose en el incremento de la pobreza y la desnutrición.
La CIDH documentó severas restricciones en el acceso a derechos esenciales como alimentación, vivienda, salud y un medio ambiente sano. En particular, la desnutrición crónica infantil afecta al 46.5% de los niños menores de cinco años, la tasa más alta en América Latina y que, como se sabe, afecta talla, peso y coeficiente intelectual.
Las afectaciones por discriminación estructural también fueron documentadas con relación a Pueblos indígenas, pues continúan sus condiciones de vida extremadamente precarias. Además, la falta de certeza jurídica sobre sus tierras ancestrales facilita la apropiación de territorios por empresas y terratenientes, a menudo con la complicidad del MP y el Poder Judicial mediante desalojos forzosos y la criminalización bajo el delito de «usurpación». Se incluye también la vulneración sistemática del derecho a la consulta previa, libre e informada, como manda el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. La situación de las personas afrodescendientes es muy similar, pero en este caso, se advierte el riesgo de extinción cultural debido a la migración forzada y la falta de políticas públicas y presupuesto para la preservación de su lengua y tradiciones.
Respecto a mujeres, niñas y adolescentes (NNA) la violencia de género se mantiene en niveles alarmantes, siendo la más prevalente y caracterizada por altos niveles de impunidad (entre el 70% y 80% de los casos son desestimados o archivados). Las cifras de embarazos forzados en niñas menores de 14 años producto de violencia sexual, es una situación agravada por la penalización casi absoluta del aborto y las restricciones a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, los NNA son víctimas de reclutamiento forzado por maras y pandillas, observando desafíos en las residencias de protección debido a la falta de recursos y la ausencia de un sistema nacional de protección articulado.
Finalmente, el sistema penitenciario sufre de un hacinamiento del 110% y condiciones deplorables de detención, abusando de la prisión preventiva (47% de dicha población). Se evidencia también graves problemas en salud y seguridad. La corrupción dentro del sistema es un problema persistente y en aumento, existiendo impactos diferenciados en mujeres y niños que viven con sus madres en prisión, así como en personas con discapacidad.
Se reitera, nuevamente, la urgencia de reformas estructurales que garanticen la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y el restablecimiento del Estado de derecho. 400 páginas de informe no se agotan en un artículo, pero lo que intento, es llamar la atención sobre la gravedad en la situación de los DDHH en Guatemala.
Las expectativas que se tenían al asumir este gobierno, se han desvanecido a menos de la mitad de su período. Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, mucho que reflexionar y nada que celebrar. Sin embargo, el jolgorio propio de la época no ayuda para que muchos se conmuevan ante el oscuro futuro que le depara a la mayoría de guatemaltecos.
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