- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy un contundente informe sobre Guatemala en el que se destaca la falta de justicia independiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este lunes 1 de diciembre el informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”, en el que destaca cómo el Ministerio Público (MP) «se ha apartado de su mandato constitucional» y la institución «fue cooptada y desmantelada para operar como un instrumento de persecución selectiva».
El informe es producto de la visita «in loco» que la Comisión entre el 22 y el 26 de julio de 2024. El documento analiza los desafíos estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en Guatemala, en especial, aquellos vinculados con el proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país.
La CIDH concluye que Guatemala enfrenta «serias amenazas a la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho, debido al control de algunas instituciones estatales por parte de actores externos, políticos y económicos, articulados en torno a intereses que buscan perpetuar privilegios y asegurar la impunidad».
El informe da cuenta de cómo actúa el MP, que «se ha apartado de su mandato constitucional y legal de ejercer la acción penal de forma independiente, autónoma y objetiva, en defensa del interés general de la población» y explica que la institución se encuentra cooptada y es utilizada «como un instrumento de persecución selectiva»
Añade que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que lideró procesos emblemáticos de combate a la impunidad –bajo el liderazgo de Juan Francisco Sandoval– «ahora actúa para blindar al statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan. Ello fue evidenciado en las acciones impulsadas por la Fiscalía General y respaldada por algunos operadores de justicia que pusieron en entredicho los resultados de las elecciones generales de 2023 y que continúan intentando socavar el mandato democrático y la legitimidad del gobierno».
El informed destaca que «desde 2017, la criminalización fue dirigida como represalia contra personas operadoras de justicia y exfuncionarias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que habían intentado investigar los intereses de grupos y élites comprometidas en hechos de corrupción; de modo que la criminalización tiene el claro objetivo de mantener la impunidad y los privilegios de ciertos sectores. No obstante, la CIDH corrobora en su informe que la instrumentalización del derecho penal se ha extendido a las personas que ejercen la defensa legal de personas criminalizadas, comunidades indígenas, campesinas y sindicales, periodistas, estudiantes y personal académico, funcionarios públicos, incluyendo operadores de justicia, el exprocurador de derechos humanos, hasta al Presidente y la Vicepresidenta de la República».
Para la CIDH, esta práctica «tiene un efecto disuasivo y colectivo, que ha fomentado la autocensura en el espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital».
El MP no está solo
La Comisión da cuenta de que esta situación ha sido posible «por la connivencia de intereses particulares con el Ministerio Público y sectores del Poder Judicial que, bajo una apariencia de legalidad, han contribuido a legitimar procesos de persecución penal selectiva sin las debidas garantías y mediante la privación arbitraria de la libertad».
Luego recuerda que las personas operadoras de justicia que han actuado conforme a derecho «han enfrentado hostigamiento, estigmatización, amenazas, traslados arbitrarios y procesos penales infundados, lo que ha forzado a muchas de ellas al exilio», en referencia a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas que han tenido que salir del país para evitar ser encarcelados sin razón legal alguna.
En este contexto, la impunidad, particularmente en casos de corrupción a gran escala y por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno se ha profundizado.
Durante la visita, la CIDH constató un patrón de obstaculización, archivo y estancamiento de los procesos de justicia transicional, decisiones judiciales contrarias a las obligaciones internacionales, así como la amenaza permanente de iniciativas para establecer leyes de amnistía.
La CIDH considera que hay «urgencia de avanzar en reformas estructurales del sistema de justicia que garanticen la independencia judicial, establezcan procesos de selección y nombramiento de autoridades conforme a estándares internacionales de mérito, objetividad y transparencia, así como mecanismos para la rendición de cuentas frente al uso arbitrario del derecho penal».
En este sentido, destaca que «los próximos procesos para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República constituyen una oportunidad para recuperar la legitimidad del sistema judicial y fortalecer la institucionalidad democrática»
En su informe la CIDH además concluye que en Guatemala persisten desafíos significativos para combatir la pobreza y la desigualdad, y ve como obstáculos la concentración del poder económico, una estructura estatal débil con escasa capacidad de recaudación fiscal, altos niveles de corrupción, y un contexto de discriminación, violencia, racismo y exclusión de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y rurales.
A su vez, persisten severas restricciones en el acceso a derechos como el agua y saneamiento, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, la seguridad social y el derecho a un medio ambiente sano.
Destaca que «los pueblos indígenas viven en condiciones extremadamente desfavorables en comparación con el resto de la población, con limitaciones al acceso a servicios básicos, energía eléctrica, falta de condiciones dignas de vivienda, limitadas oportunidades laborales y productivas, y obstáculos para el acceso a la justicia»
También menciona que la falta de certeza jurídica y el accionar coordinado de empresas privadas con el Poder Judicial y el Ministerio Público «ha resultado en la apropiación y desalojo forzado de sus tierras ancestrales», lo que «refleja la prevalencia de las relaciones económicas, culturales y sociales excluyentes que dieron lugar al conflicto armado interno».
La CIDH formula un conjunto de 43 recomendaciones al Estado en todos estos temas. En este contexto, reitera su compromiso de acompañar a Guatemala en la restauración de la institucionalidad democrática basada en la protección y garantía de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, así como en la memoria histórica, la reparación integral de las víctimas, el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz, y en políticas efectivas para revertir la desigualdad.
La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia