- La huelga del STEG que impulsó el líder sindical deja costo económico y efectos negativos para los niños y jóvenes que se ven afectados de manera directa.
La huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, dejó una estela de costos que van mucho más allá de una cifra presupuestaria.
Según el Ministerio de Educación, recuperar los aprendizajes perdidos costará alrededor de Q40 millones, destinados a reprogramación, materiales, logística de recuperación y esfuerzo administrativo extraordinario. Pero el golpe real —y más difícil de medir— está en el tiempo arrebatado a los estudiantes y en el mensaje de impunidad que vuelve a instalar al sindicato como un poder paralelo sobre la escuela pública.
Huelga y cierre escolar deformado
El paro magisterial se extendió del 19 de mayo al 5 de agosto de 2025, un período que el propio Congreso contabilizó como más de 50 días lectivos perdidos. La huelga paralizó o afectó al menos 4,500 escuelas públicas (otras estimaciones hablan de más de 5,000) y dejó sin clases a cientos de miles de alumnos en pleno tramo crítico del ciclo escolar.
El impacto llegó hasta noviembre: el Mineduc tuvo que ajustar el calendario para cerrar el ciclo hasta el 18 de noviembre y prolongar actividades docentes varios días más, con recuperación de contenidos que ya no se imparte en condiciones normales. En la práctica, miles de estudiantes empezarán “vacaciones” tarde y con aprendizajes incompletos, mientras las familias asumieron costos indirectos: transporte extra, cuidado de niños durante días sin clases y un desgaste adicional en hogares que ya viven al límite.
¿Qué exigía el STEG?
El conflicto no arrancó con una sola demanda, sino con un paquete que fue creciendo con las semanas. Entre los puntos más repetidos estuvieron:
- Rechazo al incremento salarial dictado por el Gobierno que, sin embargo, fue mayor a los negociados por los pactos colectivos de Acevedo.
- Presión para mantener privilegios del pacto colectivo y evitar que su contenido se fiscalice públicamente.
- Exigencias de beneficios logísticos vinculados a escuelas (vestimenta, refacción, servicios básicos) usadas como bandera política.
- Demandas que fueron mutando hacia un pulso directo contra el gobierno.
El giro clave fue que, aun con mesas de diálogo instaladas, el STEG sostuvo el paro como instrumento de presión, elevando el conflicto a un desacato abierto a resoluciones judiciales que ordenaban regresar a clases. 
El costo visible: Q40 millones… y el costo invisible
El viceministerio de Educación lo admitió esta semana: la recuperación costará Q40 millones. Pero esa cifra es apenas la entrada contable. El costo invisible es más profundo:
1. Aprendizaje en retroceso. No se recupera en cuatro semanas lo que se perdió en más de dos meses. La experiencia comparada muestra que las recuperaciones aceleradas suelen priorizar “cumplir contenidos” antes que consolidar competencias básicas.
2. Vacaciones recortadas y desgaste familiar. El calendario extendido empuja a estudiantes y maestros a clases de reposición en semanas en que la mayoría ya debería estar en descanso, afectando motivación, salud emocional y logística familiar.
3. La escuela pública como rehén. Mientras en el sector privado el ciclo avanzó con normalidad, la educación pública volvió a quedar atrapada en una disputa sindical, ampliando la brecha de desigualdad.
4. El mensaje a la juventud. La huelga se sostuvo pese a ser declarada ilegal en tribunales; el mensaje práctico es que el derecho a la educación puede ser suspendido por una cúpula gremial sin consecuencias reales, normalizando la cultura de la fuerza sobre la ley. Un mal ejemplo para los estudiantes de todos los niveles.
Sanciones: mucho papel, poco castigo
Tras el paro, el Mineduc reportó unas 7,000 actas levantadas y 776 sanciones administrativas en trámite, además de otros expedientes para posibles medidas disciplinarias.  Se habló de más de 3,000 maestros sancionados con 10 días sin salario, pero el castigo fuerte fue mínimo: solo alrededor de 100 destituciones confirmadas. 
En paralelo, tribunales impusieron multas a dirigentes sindicales por desobedecer órdenes judiciales, pero el STEG sostuvo la protesta y no se conoce un efecto disuasivo real.  La conclusión es dura: el sistema volvió a demostrar incapacidad para sancionar al poder sindical cuando bloquea la educación pública.
Acevedo: dos décadas de poder sin mejora educativa
Joviel Acevedo no es un dirigente circunstancial. Lleva más de 25 años como rostro y poder operativo del STEG, construyendo influencia a través de pactos con sucesivos gobiernos y una estructura capaz de paralizar el sistema educativo cuando lo considera necesario. 
Investigaciones periodísticas lo describen como un operador que ha convertido el sindicato en un aparato político: negocia prebendas, presiona presidentes y mantiene el pacto colectivo como zona opaca, con beneficios que raramente pasan por el tamiz público.  En 2023 fue incluido por el Departamento de Estado de EE. UU. en la Lista Engel de actores “corruptos y antidemocráticos”, señalamiento que el líder ha rechazado, pero que marcó su perfil internacional. 
El saldo histórico es una paradoja: más poder sindical no ha significado mejor educación. Guatemala sigue con rezagos severos en lectura y matemática, elevada deserción y brechas territoriales. Cuando el STEG convierte la huelga en rutina, la factura cae siempre sobre el mismo lado: los niños, adolescentes y jóvenes del sistema público.
Lo que queda después de la huelga
El gobierno instaló planes de recuperación y el ciclo escolar logró cerrarse, pero el episodio deja preguntas que siguen abiertas: ¿Quién responde por los aprendizajes que no se recuperarán? ¿Qué reformas harán posible que una huelga ilegal no vuelva a secuestrar aulas enteras? ¿Por qué el costo político y penal del desacato sindical sigue siendo casi nulo?
La huelga de 2025 pasará a la historia no solo por sus Q40 millones de costo directo, sino por demostrar, otra vez, que en Guatemala la educación pública puede ser interrumpida a voluntad de un liderazgo sindical sin que el Estado logre imponer límites efectivos. Y ese es, quizá, el golpe más caro de todos.