- Queda en evidencia el juez que ha sido utilizado por el MP para impulsar varios de sus casos, aún aquellos en los que no hay pruebas.
- Fredy Orellana fue sancionado por Estados Unidos y otros países por ser considerado «corrupto y antidemocrático»
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución contundente en la que advierte al juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, que sus decisiones deben ajustarse a la ley y la Constitución, y le recuerda que el delito de prevaricato sanciona a los jueces que dicten resoluciones contrarias al orden jurídico o fundadas en hechos falsos.
El documento, correspondiente al expediente 6175-2023, retoma un criterio previo de la propia Corte (sentencia del 6 de junio de 2018, expediente 5453-2017), donde se establece que el prevaricato busca limitar la actuación arbitraria de los jueces y preservar la pureza de la función jurisdiccional.
El presidente Bernardo Arévalo denunció el domingo pasado, en mensaje a la Nación, que la fiscal general y el juez Orellana formaban parte de un plan «con la intención de dar un golpe de Estado», razón por la cual solicitó la intervención de la OEA, en cumplimiento con la Careta Democrática de esa organización, que le permite intervenir en casos extremos.
Este jueves se reunirá en Washington el Consejo Permanente de la OEA para escuchar los alegatos del Gobierno de Guatemala.
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En esta nueva resolución, la CC subraya que Orellana debe abstenerse de emitir decisiones que contravengan disposiciones constitucionales o legales, especialmente las normas que sustentan el sistema electoral democrático, republicano y representativo del Estado.
“Este Tribunal advierte al Juez ‘A’ del Juzgado Séptimo de Instancia Penal… que se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático… tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables”, establece la resolución.
POR ESTO LE RETIRO LA VISA EEUU:
Esto es lo que dijo el Departamento de Justicia sobre el juez Orellana, al ser incluido en la Lista Engel:
Fredy Raúl Orellana Letona: un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Contexto político y repercusiones
La advertencia de la CC llega un día antes de que la Organización de Estados Americanos (OEA) conozca el caso de Guatemala, en medio de fuertes críticas internacionales por la persecución judicial y los intentos de revertir los resultados electorales de 2023.
El juez Orellana ha sido señalado por emitir resoluciones que favorecen la narrativa del Ministerio Público (MP) en contra del Movimiento Semilla, en procesos considerados como intentos de deslegitimar al presidente Bernardo Arévalo y su partido, pero también en otros casos en los que se ha señalado al MP de criminalizar a periodistas, defensores de derechos humanos o líderes indígenas.
La resolución también reafirma que los resultados del proceso electoral son «inalterables», cerrando la puerta a cualquier intento judicial de invalidar la voluntad popular expresada en las urnas.
Lo que sigue
Con este fallo, la CC marca distancia frente al Ministerio Público y pone en entredicho las actuaciones del juez Orellana. Sin embargo, en círculos políticos se da por hecho que el MP podría intensificar sus ataques en los próximos días, en particular mediante el expediente conocido como “caso UNOPS: corrupción presidencial”, que pretende vincular al Ejecutivo con presuntas irregularidades en convenios internacionales.
La resolución de la CC no solo constituye un freno judicial a los intentos de revertir el proceso electoral, sino que reafirma el principio de que la democracia guatemalteca —aunque fracturada— sigue teniendo un límite constitucional frente a los abusos del poder judicial y político.
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