- Grandes retos para el país están a la vista: 2026 será un año de renovación de autoridades en el TSE, CC, fiscal general, y rector de la USAC.
No se trata de algo de poca monta. El año 2026 trae un calendario cargado de elecciones institucionales de gran trascendencia para el país, las cuáles afectarán a toda la población… para bien o para mal.
Todo empezará muy temprano. De hecho, aunque la agitación pública principia dentro de cuatro meses –en enero–, las diferentes corrientes que buscan influir en los trascendentales procesos eleccionarios están ya muy activas, unas, operando con espíritu y actitud antidemocrática, las otras, posiblemente más débiles, intentando rescatar la independencia de las instituciones.
Desde 1996 no coincidían en el mismo año tantas elecciones vitales para el quehacer político y la justicia del país: se deben elegir magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC), fiscal general, rector de la Universidad de San Carlos (USAC) y contralor general de la Nación, aunque este último en el segundo semestre del año y de menor relevancia que los anteriores.
En los últimos diez años, el sistema de justicia se ha visto cooptado por fuerzas oscurantistas, ampliamente vinculadas con estructuras de corrupción e impunidad que, lógicamente, intentan retener el poder que han ostentado, con repercusiones que afectan el buen desenvolvimiento institucional del país.
Lo que aquí se afirma no es más que producto de los hechos que se han dado y que la comunidad internacional ha denunciado con fuerza y vehemencia. No por nada es que el departamento de Justicia de Estados Unidos, así como los gobiernos de la Unión Europea –junto a otros–, han sancionado a magistrados, jueces, la fiscal general Consuelo Porras, fiscales del MP y algunos de sus “colaboradores”, a quienes han calificado como “corruptos y antidemocráticos”.
Eso es del dominio público, pero pareciera que la ciudadanía en general no ha cobrado conciencia sobre la importancia de estos procesos eleccionarios, en donde se enfrentarán esas fuerzas oscuras, pero poderosas, con quienes anhelan un rescate institucional y sueñan por tener una Guatemala con un sistema de justicia independiente de poderes particular y, peor aún, ocultos.
Estamos ante una partida de ajedrez en la que cada movimiento posiciona a quien lo hace, todo enfocado en dar finalmente el terminal y decisivo “jaque mate”.
Los actores principales en estos procesos son los rectores de las universidades –con papel destacado el rector de la USAC– y los decanos de ciencias Jurídicas y Sociales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), autoridades del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), el presidente Bernardo Arévalo, y el Congreso de la República. Algunos de ellos tendrán participación en más de una elección.
En buena medida, el grado de complejidad de cada una de las estas elecciones hace que el interés ciudadano se vea diluido, pues no es fácil entender el rol de cada uno de los actores y tampoco es de fácil comprensión identificar a los actores y sus fines ulteriores, pues nunca los muestran y, por el contrario, se apañan en medio de la desinformación que hoy en día brota a caudales en las redes sociales.
Sin embargo, se hace necesario un esfuerzo para construir una fuerza popular interesada por el bien común, el fortalecimiento de la democracia y la vida bajo un Estado de Derecho pleno, sin las manipulaciones que hoy se ven en las diferentes instancias de la justicia y en su momento se han dado en el TSE.
Para lograr esto, se debe compartir toda la información posible, debatir el tema, cuidarse de la desinformación, para que cada persona se convierta en fiscalizador de los procesos en defensa de sus derechos ciudadanos.
La indiferencia nos puede hacer cómplices, como también –en este caso– nos puede convertir, algún día, en víctimas… a nosotros o nuestros hijos.