- Con 108 votos, los caros diputados legislan sobre la marcha, pasando por alto normas de SEGEPLAN, estudios ambientales y otras garantías constitucionales; sectores piden al presidente veto.
- Se da poderes especiales a los COCODES para que lleven a cabo obras sin controles.
Ayer, el Congreso de la República aprobó de manera urgente y en un solo debate —con una aplastante mayoría de 108 votos— una polémica ley que otorga facultades casi absolutas a los COCODES para manejar recursos sin controles previos, ignorando exigencias como la aprobación de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), estudios ambientales y otros mecanismos de fiscalización.
La iniciativa ha despertado alarma en diversos sectores y principian a escucharse voces que demandan el veto del presidente, para impedir que la corrupción e ineficiencia dominen las obras públicas por medio de los COCODES. Se abre la puerta para evadir legalidad, estándares técnicos e incluso la protección ambiental.
Crítica del nuevo marco legal
1. El Congreso se salta los procedimientos técnicos esenciales. La nueva normativa elimina requisitos que históricamente han servido como garantía mínima para salvaguardar la transparencia y viabilidad técnica de las obras públicas. Sin validación por parte de SEGEPLAN ni estudios ambientales o de otro tipo, se corre el riesgo de priorizar proyectos irresponsables o impulsados desde intereses particulares.
2. Un inédito acto de confianza sin filtros: Autorizar a los COCODES a ejecutar obras sin los filtros tradicionales equivale a un cheque en blanco. La ausencia de evaluación técnica y legal abre la puerta a arbitrariedades, corrupción y proyectos faraónicos sin control ni planificación.
3. Contradicción latente: bancada oficial impulsa ley pero el Ejecutivo queda mal parado: Aunque muchos analistas coinciden en que esta ley deja en evidencia un uso inadecuado del poder legislativo, precisamente la bancada oficialista fue parte fundamental en su aprobación —lo que envía una señal ambigua sobre su vocación real por la transparencia y el equilibrio institucional.
4. Demandas de veto y alerta ciudadana: Hoy se escuchan crecientes llamados para que el presidente vete esta ley, aduciendo que su promulgación podría comprometer la legalidad de futuras obras, exponer al Estado a litigios y alejarlo de estándares ambientales y técnicos necesarios.
Voces serias como la del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) alertan sobre el “precedente peligroso” que se instala para el manejo transparente de los fondos públicos y demanda que el presidente vete la ley, que abre las puertas a la corrupción.
Opiniones de analistas
• Laura Hernández, politóloga especializada en descentralización, advierte:
“Con esta ley, los COCODES quedan sobreinstitucionalizados: sin planificación ni revisión técnica, se corre el riesgo de instalar obras populistas que no responden a necesidades reales”.
• Carlos Méndez, experto en derecho administrativo, sentencia:
“La iniciativa está en clara contradicción con el derecho administrativo y el Estado de Derecho. Se legisla por la vía rápida, pero se compromete la racionalidad técnica que deben tener los proyectos públicos”.
Impacto institucional y horizonte incierto
La aprobación exprés de esta ley ha encendido focos rojos entre sectores sociales, instituciones técnicas y medios independientes, que consideran este acto legislativo como una ruptura de procesos democráticos. La expectativa ahora se centra en si el Ejecutivo actuará con responsabilidad y ejercerá su facultad constitucional de veto, evitando que esta norma se convierta en ley.
Lo que el Congreso ha dictado con rapidez y sin filtros representa un golpe de precisión al sistema de planificación y control de obras públicas, dejando al Estado más vulnerable y más improvisado. La gobernabilidad, la transparencia y el respeto a las normas técnicas y ambientales quedan debilitados. Ahora, la responsabilidad recae en el Ejecutivo: ¿detendrá esta incautación legislativa del desarrollo nacional o permitirá que avance?