- La causa de los motines que se han visto es por el traslado de líderes de las pandillas a un centro de máxima seguridad, pero dejan al descubierto debilidades del sistema penitenciario.
Una ola de violencia sacude las cárceles del país, luego de que las autoridades trasladaran a cabecillas de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 hacia un centro de máxima seguridad en Escuintla, con el objetivo de cortar la cadena de mando que permite a las pandillas dirigir extorsiones desde prisión. La medida provocó múltiples jornadas de motines en distintos centros carcelarios, con rehenes retenidos y un sistema penitenciario bajo presión.
Los disturbios más recientes se produjeron en Pavoncito (Fraijanes), El Boquerón (Santa Rosa) y el Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I) en la zona 13 de la capital. En estos lugares, internos y jóvenes condenados privados de libertad retuvieron a guardias y trabajadores civiles como medida de protesta. Tras varias horas de tensión, las autoridades lograron liberar a los rehenes sin ceder a las demandas de los privados de libertad.
El Ministerio de Gobernación confirmó que varias personas fueron liberadas en los diferentes motines, entre ellas seis guardias penitenciarios, luego de permanecer varias horas como rehenes.
La raíz de la protesta
El detonante de los motines fue el traslado, el 31 de julio, de 10 líderes pandilleros hacia la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla. En este penal, los reclusos permanecen aislados, sin acceso a celulares ni contacto con el exterior. Según el Gobierno, esta decisión busca “romper el vínculo entre lo que sucede adentro y afuera de las prisiones” y debe contribuir a disminuir las extorsiones.
El presidente Bernardo Arévalo calificó los motines como una forma de “expresión y protesta” de los privados de libertad, pero subrayó que el Estado no retrocederá en su política de aislar a los cabecillas.
CRONOLOGÍA:
• 31 de julio 2025 – Traslado de 10 cabecillas de la MS-13 y Barrio 18 a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, Escuintla.
• 22 de agosto 2025 – Estallan motines en El Boquerón (Santa Rosa) y Pavoncito (Fraijanes); reos retienen a guardias y personal civil.
• 23 de agosto 2025 – Liberación de 13 rehenes tras intervención del Sistema Penitenciario y antimotines.
• 25 de agosto 2025 – Se reportan nuevos motines en Pavoncito, El Boquerón y en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I) en zona 13. Tres rehenes liberados.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue más contundente: “Los líderes de las pandillas fueron apartados porque desde las cárceles continuaban ordenando asesinatos y extorsiones. No podemos permitir que sigan dirigiendo estructuras criminales desde prisión. Estos traslados son permanentes y no habrá negociación con los reos”.
Crisis de fondo
Analistas en seguridad coinciden en que lo ocurrido refleja la profunda crisis estructural del sistema penitenciario guatemalteco, marcado por el hacinamiento, la falta de control tecnológico y la penetración de estructuras criminales.
Para Francisco Rivas, exministro de Gobernación, la respuesta debe ir más allá de las medidas de emergencia: “Es indispensable un plan integral en el que intervenga todo el Estado, no solo el Ministerio de Gobernación. De lo contrario, las cárceles seguirán siendo centros de operaciones criminales”.
La exministra de Educación y analista María del Carmen Aceña coincide en que la raíz del problema es la ausencia de políticas de rehabilitación y reinserción: “El sistema penitenciario no puede seguir siendo una universidad del crimen. Urge una transformación institucional que incluya prevención, justicia ágil y programas reales de reinserción”.
¿Qué viene ahora?
Mientras el Gobierno refuerza la presencia de antimotines y del Ejército en los perímetros carcelarios, el reto sigue siendo contener las reacciones de las pandillas sin que escale la violencia.
El Ministerio de Gobernación insiste en que los cabecillas de la MS-13 y Barrio 18 permanecerán en condiciones de aislamiento en la prisión de alta seguridad, pese a los intentos de presión interna.
Lo ocurrido en Pavoncito, El Boquerón y el CER I revela, sin embargo, que el Estado enfrenta una prueba mayor: recuperar el control de un sistema penitenciario que durante años ha funcionado como base de operaciones del crimen organizado en Guatemala.
LOS NÚMEROS DE PRESIDIOS:
• Capacidad oficial: 6,800 reclusos.
• Población actual: más de 27,000 privados de libertad (hacinamiento del 300%).
• Centros carcelarios: 21 a nivel nacional, la mayoría con presencia activa de pandillas.
• Extorsiones: más del 70% de las llamadas de extorsión en Guatemala provienen desde prisiones.
• Guardias penitenciarios: alrededor de 3,200 para toda la población carcelaria (1 guardia por cada 8 reclusos).