- Desde el fraude a favor del rector Walter Mazariegos, las nuevas autoridades mantienen férreo control sobre el Consejo Superior y pretende influir en los procesos eleccionarios de 2026.
- Sucesos en Psicología muestran que hay malestar entre amplios sectores estudiantiles y docentes.
Desde la elección de rector el 14 de mayo de 2022, amplios sectores estudiantiles y docentes sostienen que el proceso que llevó a Walter Mazariegos a la rectoría fue fraudulento. Desde entonces, las nuevas autoridades intentan mantener el control del Consejo Superior Universitario (CSU), aunque aumenta el malestar en el centro de estudios.
Mazariegos, que no suele dar la cara con la prensa, ha retenido hasta ahora el control del CSU, pero se suman las denuncias de imposiciones o manipulación de eventos eleccionarios en facultades y escuelas. ¿La razón?, controlar el máximo organismo de la USAC para influir en los procesos eleccionarios el año próximo.
En 2024–2025 el conflicto entró en una fase más institucional: la renovación del Consejo Superior Universitario (CSU) —clave para destrabar la vida académica y seleccionar autoridades— avanzó a trompicones, con amparos y órdenes judiciales que obligaron a convocar elecciones internas. Aun así, buena parte del CSU continua sin relevo legal en agosto de 2025, lo que mantiene una anomalía de gobernanza que permea todo el quehacer universitario.
Psicología, una muestra de la tensión existente
El 11 de agosto de 2025, estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas impidieron que un allegado a Mazariegos, Berner García asumiera como director, designado por el CSU, y exigieron elecciones transparentes en su unidad. La cobertura muestra el núcleo del desacuerdo: no aceptar nombramientos verticales cuando el período legal de representantes del CSU está vencido o en disputa, y cuando la legislación universitaria manda comicios internos. La tensión escaló con presencia de actores políticos y pronunciamientos públicos.
Para entender por qué este episodio incendia las redes internas de la USAC hay que mirarlo como síntoma: sin un CSU plenamente renovado y con legitimidad, cada designación se percibe como extensión de un control político de la estructura universitaria, más que como un acto administrativo normal. 
¿Por qué la USAC es un botín político?
En 2026 Guatemala vivirá una confluencia de elecciones trascendentales para los sectores de justicia y política. En todos ellos tendrá participación importante la USAC.
En 2026 concluye el período de Consuelo Porras (nombrada en 2022 para un segundo mandato de cuatro años), y debe integrarse la Comisión de Postulación que propondrá una nómina de seis candidatos al presidente de la República. Por ley, esa Comisión la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia e incluye a los decanos de las facultades de Derecho del país, entre ellos el decano de la USAC.
De allí que controlar la decanatura de la carrera de Ciencias Jurídicas y, en general, el ritmo de renovación de autoridades, tenga una traducción directa en influencia sobre quiénes integran la terna final para Fiscal General. También tendrá participación en la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Suprema Electoral (TSE), considerado vital si se quiere garantizar la democracia en el país.
La arquitectura legal que sustenta esa integración está en la Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009), base normativa del rol de decanos y representantes del CANG en estas comisiones. Desde hace varias elecciones que las comisiones de postulación han sido blanco del control de fuerzas antidemocráticas, las cuáles llegaron a tener el control total institucional durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
LA CC, la guinda del pastel
Una de las razones más importantes que Mazariegos ha tenido para mantener bajo su control el CSU es la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que tendrá lugar también en el primer trimestre del próximo año.
Para las fuerzas vinculadas al llamado «pacto de corruptos» o fuerzas antidemocráticas del país, retener el control de la mayoría en la CC es de vital importancia. La USAC es una de las cinco instituciones que nombra un magistrado titular y un suplente, el cual es nombrado precisamente por el CSU.
Aunque no hay información oficial, fuentes cercanas a la fiscal general Consuelo Porras han expresado que «no hay problema» con su salida, porque consideran que al cargo llegará «alguien afín» y ella misma «será designada por el USAC como su representante ante la CC (magistrada)», lo que no solo le da inmunidad, sino que le concede un cargo desde el que puede continuar con el control institucional.
De nuevo: un CSU atrincherado o no renovado a tiempo puede inclinar la balanza en la próxima integración de la CC.
El intento de imponer a un director en la Escuela dePsicología obedece a mantener el control del CSU y evitar «sorpresas» que debiliten la línea de Mazariegos y los grupos antidemocráticos.
El papel del MP y la criminalización de la protesta universitaria
En paralelo al frente «administrativo»político», el Ministerio Público (MP) ha impulsado procesos penales contra estudiantes, docentes y profesionales vinculados a las protestas y a la toma del campus, bajo el expediente “Toma USAC: Botín Político”.
En 2024 y 2025 se han visto vaivenes: ligas a proceso por delitos más graves (como usurpación agravada), reversiones de faltas de mérito ordenadas por salas de apelaciones, suspensiones de audiencias por amparos, y resoluciones que han frenado intentos de embargar cuentas para “resarcimientos” millonarios. La narrativa de movimientos estudiantiles y medios comunitarios es consistente: ven en el MP un aliado del bloque rectoral para castigar la disidencia.
El frente disciplinario interno también se ha endurecido. El CSU expulsó en mayo de 2025 a 10 estudiantes en procesos cuestionados por consejeros y organizaciones, como una respuesta punitiva al liderazgo estudiantil. Es otro indicador de que el conflicto no se ventila con reglas de juego compartidas, sino con sanciones que agravan la desconfianza.
La criminalización intimida y esa es una carta que el MP ha utilizado en muchos casos.
¿Por qué no camina la renovación del CSU ?
Pese a órdenes judiciales y llamados de la CC, la renovación del CSU avanza lenta y selectivamente. Hay convocatorias en algunas unidades, pero el cuadro general —a agosto de 2025— sigue mostrando una mayoría con períodos vencidos o en transición, lo que preserva la correlación de fuerzas favorable a Mazariegos. En ese marco, nombramientos como el de la dirección de Psicología lucen como intentos de anclar lealtades antes de que cambie el tablero.
Desde 2022, académicos y organizaciones cívicas han cuestionado la legitimidad de Mazariegos —“rector espurio”, “imposición fraudulenta”— por el modo en que se llevó a cabo su elección y por la estrategia posterior: resistir convocatorias a elecciones, usar sanciones internas, y sostener una mayoría en el CSU con períodos vencidos. La crítica subraya que la CC no ha hecho cumplir con celeridad sus propias decisiones, lo que le ha permitido al grupo rectoral ganar tiempo.
En síntesis
• La crisis de la USAC no es un episodio aislado: es la pieza universitaria de un tablero judicial-político que en 2026 definirá Fiscal General, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo electoral.Forma parte de la gran trama antidemocrática del país.
• El caso de Psicología (11 de agosto de 2025) deja al desnudo la estrategia para mantener el control del CSJ, pero muestra que los estudiantes pueden recobrar fuerzas para pelear por la independencia de la USAC del grupo político vinculado a corruptos y antidemocráticos.
• La criminalización de líderes estudiantiles y catedráticos —con expedientes zigzagueantes— refuerza la percepción de un MP alineado con el grupo rectoral, con la misma política intimidatoria que ha utilizado contra periodistas, jueces, fiscales, líderes indígenas y otros.
• Mientras no se renueve integralmente el CSU y no se cumpla con transparencia el ciclo electoral interno, cada nombramiento se leerá como una jugada para asegurar cuotas en las próximas comisiones y cortes.