- Reconocimiento se hizo ante la CIDH y debe presentar una disculpa pública al excandidato presidencial del partido «Podemos», quien no pudo participar en las elecciones generales ese año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos dio a conocer que el Estado de Guatemala reconoció que en el proceso electoral del año 2023 se violaron los derechos del entonces candidato Roberto Arzú, a quien se le negó la posibilidad de partipar por parte del Tribunal Supremo Electoral TSE.
La CIDH hizo público el «Acuerdo de solución Amistosa» en el que destaca el caso de los ciudadanos Roberto Arzú y David Pineda, candidatos a presidente y vicepresidente por el partido Podemos, a los que el TSE prohibió participar en el proceso electoral por haber realizado «campaña anticipada», aunque había un trasfondo de interés político detrás.
Dicho acuerdo establece que el Estado reconoce que se violaron los derechos de los mencionados candidatos, cuando se les acusó de violar la Ley Electoral y de Partidos Políticos por dar declaraciones, entrevistas y mensajes sobre el acontecer nacional, aunque lo hacían bajo el derecho de libertad de expresión, garantizado por la Constitución.
Ahora el Estado está obligado a llevar a cabo una conferencia de prensa en los próximos diez días para hacer una disculpa pública al excandidato, quien tiene pretensiones de participar en las elecciones de 2027.
Sobre una posible medida de compensación y/o reparación económica, Acuerdo de Solución Amistosa, la CIDH destaca que «las víctimas por su única y exclusiva decisión renunciaron formalmente a dicha medida
de reparación».
Arzú emitió en sus redes sociales un mensaje sobre el tema, aunque no menciona el reconocimiento de parte del Estado, pero anticipa que el país vivirá pronto una «revolución» para terminar con las acciones del llamado «pacto de corruptos».
En las elecciones de 2023, el Tribunal Supremo Electoral, que en un inicio parecía formar parte de las instituciones del Estado cooptadas por el poder político representado por Alejandro Giammattei, aunque se apartaron de esa fuerza cuando se intentó desacreditar las elecciones al denunciar un fraude que nunca existió.
En ese caminar inicial, el TSE inhabilitó a tres candidatos presidenciales que amenazaban a las fuerzas oficialistas y sus aliados. Quedaron fuera entonces los candidatos presidenciales Arzú, la líder indígena Thelma Cabrera y Carlos Pineda.
Los rechazos de esas candidaturas se basaron en «fundamentos dudosos» que menoscabaron «la credibilidad de las elecciones», señalaron en aquel momento las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA, en inglés), que siguieron con interés el proceso electoral de nuestro país.
Arzú acudió a la CIDH, desde donde se gestionó con el Gobierno esta «solución amistosa», que ahora queda a la espeera del cumplimiento de los términos, pero que, a la vez, constituye un llamado de atención para calificar la «campaña anticipada» por parte de las futuras autoridades del TSE, que será elegidas en el primer trimestre del próximo año.