- Los diputados alcanzaron un nivel de ingresos de más de Q65 mil mensuales, pero han tenido un pésimo resultado de trabajo en el primer semestre del año
- Es un el Congreso ausente en un país estancado: esta es la triste historia de un trabajo excelentemente bien remunerado, con un retorno –al pueblo– paupérrimo.
El Congreso de la República de Guatemala ha vuelto a fallar en su deber más elemental: legislar.
El informe del primer período ordinario de sesiones de la X Legislatura (enero a mayo 2025) revela un escenario desalentador: pocas sesiones, numerosas ausencias, escasa producción legislativa y un Congreso fracturado por el exceso de partidos políticos. Todo esto mientras sus integrantes gozan de sueldos que los colocan entre los mejor pagados de América Latina.
En un país donde el salario mínimo ronda los Q3,278.59 a Q3,723.05 mensuales, los diputados reciben más de Q65,000 mensuales entre salario, dietas y otros beneficios. Es decir, lo que gana un diputado en un mes equivale a más de 15 veces el ingreso mínimo de un trabajador promedio.
LOS SUELDOS (INGRESOS) DE LOS DIPUTADOS
El monto que reciben los diputados es la suma del salario nominal, más otros rubros que se suman según los puestos que ocupan:
- Presidente del Congreso Nery Ramos: Q97 mil 300.
- Miembros de la Junta Directiva: entre Q89 mil 300 y Q82 mil 300
- Diputados con cargos de comisiones y/o jefes de bloque: Entre Q71 mil 300 y 67 mil 300.
- Resto de diputados: Q 66 mil 30
Este contraste, por sí solo, debería encender alarmas sobre el uso ineficiente de los recursos públicos en un momento de crisis económica, inseguridad y desconfianza ciudadana.
Sin embargo, lo peor de todo no es el elevado salario de los diputados y empleados administrativos del Organismo Legislativo, es el escaso trabajo y la mala calidad de los pocos decretos que se han aprobado en este período de sesiones, precisamente de manera inmediata a que se diera el incremento salarial, vigente a partir de enero.
Sesiones escasas, quórum ausente
Según el informe oficial, durante el primer período ordinario del año 2025, el Congreso tenía programadas 52 sesiones plenarias, pero solo se realizaron 24 sesiones efectivas. Esto significa que más de la mitad fueron suspendidas, muchas de ellas por falta de quórum, un fenómeno recurrente que demuestra la falta de compromiso de muchos legisladores con su rol constitucional.
Sin embargo, muchas de esas sesiones no se realizaron porque no hubo acuerdos en la instancia de jefes de bloque, por lo que el poco trabajo que se venía haciendo alcanzó niveles ínfimos.
Lo más grave es que esta situación no es nueva. En las últimas legislaturas, la ausencia crónica ha sido la regla, no la excepción. Pero ahora, con una nueva configuración parlamentaria —más fragmentada y polarizada—, la inoperancia se ha acentuado. No se trata solo de diputados que no llegan, sino de bancadas que estratégicamente boicotean el funcionamiento parlamentario cuando no logran imponer su agenda o cuando se trata de decisiones incómodas.
La parálisis del multipartidismo extremo
Uno de los elementos más complicados de esta legislatura es la fragmentación política. Actualmente, el Congreso está conformado por más de 15 bloques legislativos, lo que ha dado lugar a un multipartidismo disfuncional. Lejos de representar una diversidad constructiva, esta atomización ha debilitado la gobernabilidad, favoreciendo las alianzas coyunturales, los chantajes políticos y los vetos cruzados.
La multiplicidad de bancadas no ha generado consensos, sino bloqueos sistemáticos. Las iniciativas de ley más importantes —como la Ley de Servicio Civil, las reformas al sistema de justicia o la añorada y necesaria reforma a la Ley Electoral— siguen empantanadas por intereses contrapuestos o simples juegos de poder. Es una suerte de mercado parlamentario donde los votos se negocian a cambio de cuotas, influencias o inmunidad.
Productividad legislativa: cifras vergonzosas
Durante este primer período, se presentaron cientos de iniciativas, pero la gran mayoría no pasó de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales o quedó archivada por falta de apoyo político. A pesar de las múltiples sesiones convocadas, los decretos aprobados fueron escasos, y muchos de ellos no correspondían a urgencias nacionales, sino a temas de interés local o simbólico.
Este bajo rendimiento legislativo contrasta con las exigencias del país: una reforma tributaria urgente, modernización del sistema educativo, respuestas a la inseguridad y fortalecimiento institucional. Ninguno de estos temas figura entre las prioridades legislativas de esta legislatura. Los diputados, en su mayoría, están ocupados en otros asuntos: protegerse, negociar cargos, cuidar sus intereses electorales y mantener sus privilegios.
Diputados ricos, pueblo pobre
El Congreso de Guatemala es uno de los más caros y menos productivos de América Latina. Cada diputado gana más de Q60,000 mensuales, cifra que incluye un salario base, dietas por asistencia (aunque muchas veces no asisten), bonos y otras prestaciones. Esta remuneración supera incluso a la de congresistas de países con mayor Producto Interno Bruto per cápita como México, Colombia o Perú.
Si se multiplican esos ingresos por los 160 diputados, el Congreso le cuesta al Estado al menos Q9.6 millones mensuales solo en salarios, sin contar el gasto administrativo, el funcionamiento del edificio legislativo ni los gastos de representación. ¿Qué justifica ese gasto? Muy poco.
Comisiones, simulacro de trabajo
Una de las estrategias utilizadas por los diputados para justificar su salario es su participación en comisiones de trabajo. Sin embargo, muchas de estas comisiones se reúnen solo para levantar actas, sin análisis técnico profundo ni dictámenes legislativos sustantivos. Otras se convierten en plataformas de exposición mediática o en trincheras para atacar al Ejecutivo o a rivales políticos.
Hay comisiones que abordan temas duplicados, otras que simplemente no sesionan, y algunas que terminan siendo el “refugio” de diputados que no logran incidir en el pleno. Así, el Congreso ha construido un sistema paralelo de simulación legislativa: se reportan reuniones, se gastan fondos, pero no se generan resultados tangibles.
Una democracia sin representación
Este comportamiento del Congreso ha contribuido a uno de los mayores problemas democráticos en Guatemala: la desconexión entre representantes y representados. Mientras los diputados se blindan, negocian o desaparecen de sus obligaciones, la ciudadanía percibe una institución que solo sirve para reproducir privilegios.
En el fondo, el problema no es solo técnico o numérico. Es un problema de ética pública. ¿Puede considerarse democrático un Congreso que ni siquiera sesiona con regularidad? ¿Tiene legitimidad una legislatura cuyo principal legado es su ausencia?
¿Y el oficialismo? Ausente o débil
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo no ha logrado consolidar un bloque oficialista robusto. Su partido, Movimiento Semilla, –suspendido por orden judicial hasta el momento–, apenas cuenta con una representación reducida y dividida, y las fuerzas que le podrían ser afines están atrapadas en sus propias disputas internas o en alianzas fluctuantes. El resultado: un Ejecutivo sin músculo en el Congreso, incapaz de impulsar sus principales reformas.
Mientras tanto, bancadas como Vamos, Todos, UNE, PU (unionistas) o Valor continúan operando bajo lógicas tradicionales y de oposición, sin compromisos reales con el cambio estructural que el país necesita. Este equilibrio frágil no solo paraliza el Congreso, sino que amenaza con paralizar al país entero.
Guatemala tiene un Congreso que, lejos de ser el motor del cambio, se ha convertido en su freno más costoso. Con sesiones escasas, ausencias sistemáticas, sueldos privilegiados y multipartidismo improductivo, la legislatura es una prolongación del viejo orden político, que se resiste al cambio.
Si la tendencia continúa, esta será otra legislatura recordada no por sus leyes, sino por su inacción. Y la factura, como siempre, la pagará el ciudadano común: el que gana menos de Q4,000 mensuales y que, aún así, paga impuestos para sostener a quienes no lo representan.
La noche triste
Una aprobación exprés, sin debate, en plena noche. Así fue la sesión del 30 de noviembre de 2024, cuando el Congreso de Guatemala aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2025, incluyendo un polémico aumento salarial para los propios diputados. Todo ocurrió en menos de dos horas, con un quórum mínimo y sin permitir que la ciudadanía supiera los detalles a tiempo.
🔹 El aumento fue disfrazado en una partida de “mejoras institucionales” para el Congreso, pero en la práctica representó un incremento salarial para los diputados, que vieron elevados su ingreso a más de Q60,000 al mes.
🔹 La jugada fue ejecutada por una alianza coyuntural de partidos tradicionales, que usaron su mayoría para blindar el pacto sin objeciones. Ni una línea del presupuesto tocó los privilegios del Legislativo. Se hizo cuando muchos diputados saboreaban privilegios derivados de la aprobación del Presupuesto, que les dará otros ingresos por obra pública.
🔹 No hubo discusión pública, ni comparecencias técnicas, ni explicación del impacto fiscal del aumento. El texto fue aprobado al final de una jornada larga, aprovechando la distracción de otros temas en agenda.
🔹 Mientras tanto, sectores clave como salud, educación y seguridad ciudadana apenas recibieron aumentos marginales. El mensaje fue claro: primero los diputados, después el país.
Desde entonces, ningún diputado ha renunciado al aumento. Algunos alzan la voz, pero no actúan para revertirlo, pese al manifiesto descontento ciudadano por la acción que llevaron a cabo. El Congreso de la República ha sido, por tradición y resultado de su pobre trabajo, una de las instituciones más desprestigiadas dentro del Estado.