- Diez organizaciones de Derechos Humanos internacionales denuncian arbitrariedades e ilegalidades del MP y jueces en el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán
Una serie de «arbitrariedades e ilegalidades» de parte del Ministerio Público (MP) y autoridades judiciales en la detención y proceso dirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Gaitán, han denunciado este martes diez organizaciones que defienden a nivel global los Derechos Humanos.
Las organizaciones, de reconocida trayectoria internacional, califican de «proceso penal infundado», y destacan que se mantiene el caso «bajo reserva» con el fin de impedir el escrutinio público de este caso en el que, destacan, se ha criminalizado el movimiento indígena que en 2023 salió en defensa del resultado electoral y la democracia.
LAS ORGANIZACIONES:
- American Jewish World Service
- Amnistía Internacional
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
- Due Process of Law Foundation (DPLF)
- Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
- Latin American Working Group (LAWG)
- Protección Internacional Mesoamérica
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Washington Office on Latin America (VOLA)
En un comunicado conjunto, las organizaciones instan a la justicia guatemalteca «a que los imputados se puedan defender en libertad, se ponga fin a la reserva del proceso, se garantice el escrutinio público y se cumplan con todasd las garantías del proceso penal, incluyendo realizar un juicio en un plazo razonable».
Muchas de las organizaciones han denunciado en el pasado la forma anómala en la que el MP actúa en aquellos casos en que se criminaliza a los acusados por intereses políticos y no por delitos auténticos cometido.
«Recordamos además la obligación internacional de Guatemala de garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y sus formas de organización, sin discriminación» señalan las ONGs en su comunicado.
También denuncian que el MP acusa a los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán de una acusación infundada de los delitos de «terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal», delitos alejados del derecho a manifestar que contempla Constitución de la República.
aunque en Guatemala se producen constantemente bloqueos y protestas similares, nunca el MP había iniciado procesos penales contra los dirigentes o líderes de dichas protestas.
Destacan también que ambos se encuentran en prisión preventiva desde hace más de dos meses y se enfrentan a posibles penas de prisión por más de 40 años, sin que existe una justificación penal real.
«La criminalización de las ex autoridades ancestrales como consecuencia de su legitimo ejercicio a la protesta pacífica en el marco de las manifestaciones sociales que se realizaron en defensa del estado de derecho después de las elecciones del año 2023, vulnera las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala», exponen las ONGs.
En su pronunciamiento, indican que «condenamos el uso abusivo del delito de terrorismo como herramienta para criminalizar la protesta social. La imputación de este delito junto con el de asociación ilícita amenaza el legítimo ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica, además de perseguir formas propias de la institucionalidad ancestral indígena.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que las autoridades deben abstenerse de utilizar leyes antiterroristas para penalizar el ejercicio de estos derechos, algo que en Guatemala es de uso común para presionar a los perseguidos por el MP.
Sobre la reserva de los casos, ,otra de las prácticas comunes que el MP utiliza para crear confusión entre la opinión pública, las ONGs destacan su preocupación y señalan que «Manifestamos también nuestra preocupación por la reserva de los casos determinada por el Ministerio Público «la misma es abusiva por ser contraria a las normas establecidas en la ley y su uso en otros casos evidencia un patrón que busca en realidad limitar el derecho de defensa y el escrutinio público».
Se espera que en el mes de julio se realice una audiencia para determinar si serán enviados a juicio. Sin embargo, existe el riesgo de que esta no se lleve a cabo porque los jueces se han excusado de conocer el proceso. En mayo de 2025 la Relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados alertó sobre retrasos injustificados y el uso de la reserva como características de la erosión de las garantías procesales en los casos de criminalización
Finalmente también alertan «sobre el abuso de la prisión preventiva contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán». Recuerdan que Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha declarado que las privaciones de la libertad de otras personas que han seguido los mismos patrones -por ejemplo la ex fiscal Virginia Laparra y el periodista Jose Rubén Zamora- «fueron arbitrarias». Además, esta privación de la libertad, tiene impactos diferenciados en el caso de líderes indígenas separados de sus territorios, contraviniendo el Convenio 169 de la OlT sobre pueblos indígenas y tribales.